El Tribunal del Mar tratará en noviembre el reclamo argentino por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas

El reclamo argentino ante el Tribunal de Derechos del Mar que depende de Naciones Unidas por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas ya tiene día y hora de tratamiento. Por medio de un comunicado oficial, el tribunal fijó para los días 10 y 11 de noviembre la audiencia para escuchar los argumentos de la delegación argentina, que demanda a las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (israelí), integrantes del proyecto Sea Lion de explotación de hidrocarburos en las aguas cercanas a las islas. El gobierno del Reino Unido, que defiende la explotación de recursos como parte del “derecho a la autodeterminación” de la población de Malvinas, también formulará su descargo.

“El Presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el juez Maurice K. Kamga, ha fijado los días 10 y 11 de noviembre de 2026 como fechas para la celebración de la audiencia en el caso relativo a la explotación de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental (Argentina contra Reino Unido)”, informó el tribunal en un comunicado publicado en su página web.

El texto recuerda que hace una semana, la Argentina presentó ante el Tribunal “una solicitud para la indicación de medidas provisionales, de conformidad con el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en relación con una controversia sobre la explotación de recursos de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental”.

La audiencia será abierta al público y se transmitirá en vivo a través del sitio web del tribunal, con sede central en Hamburgo, Alemania, y que integran 21 jueces.

Mario Oyarzábal, diplomático de carrera con misiones pasadas en Países Bajos y Naciones Unidas, fue el encargado de llevar adelante, como director de la consejería legal internacional, el reclamo que el Gobierno presentó ante el tribunal. Lo hizo al vencer el plazo de dos semanas que la diplomacia nacional le dio a Gran Bretaña para que frene la actividad de explotación petrolera que, en el contexto del proyecto Sea Lion, llevan adelante las empresas en las aguas circundantes a las islas.

La idea del Gobierno y la Cancillería que encabeza Pablo Quirno, afirmaron fuentes oficiales, es que el tribunal −creado en 1982 en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar− decida sobre la pertinencia del reclamo argentino ante Gran Bretaña, que rechazó la postura nacional y le adjudicó la intención de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.

A diferencia de Gran Bretaña, que sostiene que las actividades relacionadas con hidrocarburos en ese territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”, el Gobierno afirma que le asiste al país el derecho de presentarse ante un tribunal independiente y que este defina sobre el asunto sin abordar la cuestión de fondo, la soberanía de las islas, que la Argentina reclama cada año, desde 1965, en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas.

En coincidencia con esta presentación, el gobierno británico envió ante Interpol una solicitud para que rechace eventuales peticiones de Argentina “para detener a personas” vinculadas al proyecto Sean Lion. Según el diario británico The Guardian, el gobierno del Reino Unido “ha enviado una carta a la sede de Interpol en Lyon argumentando que las solicitudes de «notificación roja» presentadas por Argentina para la detención de estas personas -entre ellas, ciudadanos británicos- deben considerarse motivadas por razones políticas”.

Según consignó The Guardian, “el gobierno británico está preocupado por lo que diversas fuentes han calificado como un intento de intimidar a personas y empresas para disuadirlas de operar en las Malvinas”.

Desde la Cancillería dejaron trascender a LA NACION que la estrategia británica de “demonizar” a la Argentina y plantearlo como “el malo de la película” es falaz. Negaron que se hubiese presentado pedido alguno de detención para los ejecutivos de las empresas que llevan adelante el proyecto Sea Lion.

Experimentados diplomáticos consultados por LA NACION advirtieron sobre eventuales consecuencias negativas que ese reclamo unilateral podría traer en la batalla por la recuperación de las islas por la vía diplomática. Afirman que “Gran Bretaña aún tiene un peso importante en los organismos internacionales” y que alguna mención del tribunal en relación a la “autodeterminación” de los pobladores de las islas (que decidieron formar parte del Reino Unido en un referendum de 2013) puede impactar directamente en el reclamo argentino de soberanía.

Si bien el tribunal atendió la demanda argentina de manera inmediata, se trata del primer paso en un proceso cuya definición -con el fallo del tribunal- puede demandar largos meses, especificaron fuentes diplomáticas.

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