El tribunal avanza para activar el juicio oral por la causa que investiga la cartelización de la obra pública durante el gobierno kirchnerista

El Tribunal Oral Federal 7 dio un paso hacia el desarrollo del juicio oral y público en un caso conexo al de los cuadernos de las coimas, el que investiga la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo, y convocó a las partes involucradas para que hagan sus planteos y ofrezcan prueba. La vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las acusadas.

El avance de los juicios orales en los que deben juzgarse los hechos investigados en la causa de los cuadernos y sus expedientes derivados se da a ritmo lento e incluso la Cámara Federal de Casación Penal intimó hace poco más de un mes a este tribunal oral a fijar una fecha de inicio para dar comienzo a los procesos orales. Dijo que la demora era “inexcusable”.

Esta convocatoria a las partes, que se hace bajo los términos del Artículo 354 del Código Procesal Penal, suele darse cuando un expediente llega a su respectivo tribunal oral, después de haber sido elevado a juicio. El expediente principal del caso de los cuadernos, que investiga las anotaciones hechas por el chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, fue elevado a juicio a finales de 2019. Una vez que las partes hayan realizado sus ofrecimientos de prueba el Tribunal podrá dar inicio a la etapa de instrucción suplementaria si lo considera necesario.

Esta es una de las causas derivadas del tramo principal de la causa de los cuadernos de las coimas, en la que se investiga por los delitos de asociación ilícita y cohecho a la vicepresidenta, sus exfuncionarios y a directivos de grandes empresas contratistas, a quienes se investiga por cohecho y no por integrar la misma banda que las autoridades estatales.

El tribunal del juicio oral, que tiene a cargo todos los expedientes derivados del caso cuadernos, está integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. Castelli es uno de los jueces que litigó ante la Corte Suprema para seguir en ese cargo, dado que llegó a ese cargo trasladado desde otro tribunal y fue objetado por el kirchnerismo. Su último planteo ante el máximo tribunal fue rechazado. La fiscal del caso es Fabiana León.

En este tramo del expediente se investigó el esquema de pagos ilegales que funcionó bajo la órbita del exministerio de Planificación y Obras Públicas, que conducía Julio De Vido, mediante el cual los empresarios habrían pagado sobornos a los exfuncionarios para recibir contratos de obra pública. Surgió a partir de la lista aportada por Ernesto Clarens, el hombre detrás de las finanzas de los Kirchner, que cuando se presentó como arrepentido en el expediente de los cuadernos de las coimas entregó planillas con registros de pagos ilícitos por parte de empresas contratistas del Estado.

También fue considerado clave para esta causa el material aportado por el empresario de la construcción Carlos Wagner, dueño de la firma Esuco y entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien relató cómo funcionaba el esquema mediante el cual los directivos de empresas se organizaban y se repartían las obras. Para identificar esta causa en Comodoro Py se la bautizó “la camarita”.

“Cítese a las partes para que en el término de diez días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes respecto de todos los imputados (art. 354 del Código Procesal Penal de la Nación)”, dice la resolución del tribunal. Las partes pueden pedir prórrogas que extiendan ese plazo. Pero la señal de los jueces es que busca acelerar hacia el juicio oral y público.

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