El titular de la obra social de los militares se defiende con auditorías y denuncias de irregularidades

El reclamo de generales retirados al presidente Javier Milei para que restituya a los militares su obra social, envuelta en un proceso de auditorías y denuncias de irregularidades, motivó la reacción del titular del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), Oscar Sagás. “No es cierto que el Iosfa funcione solo con los aportes y contribuciones de los militares. Los afiliados aportan el 6% de sus haberes, pero el Estado aporta las contribuciones patronales, que alcanzan al 8% de los sueldos”, replicó el médico mendocino.

Subsecretario de Salud de Mendoza durante ocho años –en las gestiones de los gobernadores radicales Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez-, Sagás fue designado por otro mendocino, el ministro de Defensa, Luis Petri. En un diálogo con LA NACION, negó las insistentes versiones que le atribuyen la intención de tercerizar el gerenciamiento de la obra social, que reúne a 600.000 afiliados en todo el país, solo superada por el PAMI y el IOMA.

“Es falso que la obra social sea conducida por hombres extraños a la cultura y los sentimientos de la familia militar. La mayoría del Directorio corresponde a personal de las distintas fuerzas, al igual que gran parte de las gerencias y subgerencias y la totalidad de las delegaciones, subdelegaciones, farmacias y hoteles”, contrarrestó, frente a los cuestionamientos. Y volvió a negar que existan planes de tercerización o privatización de la entidad, que maneja una caja de $25.000 millones por mes.

Sagás salió, así, al cruce de la carta remitida por el Foro de Generales Retirados al presidente libertario, en la que pide “terminar con los vicios de la política” y dejar sin efecto el esquema de un directorio encabezado por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, que rige por el decreto 637/2013, firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner. Además cuestionó el nombramiento de un plantel excesivo de funcionarios traídos desde Mendoza, lo que obliga al pago de pasajes aéreos y plus por desarraigo, y las negociaciones con la empresa de salud Medifé para habilitar un nuevo esquema en las prestaciones.

“No se firmó ningún convenio de confidencialidad, ni con Medifé, ni otra empresa”, aseguró el titular de Iosfa, al desmentir una de las principales críticas. “Lo que circuló fue una copia digitalizada de un proyecto de confidencialidad que nunca se firmó, ni prosperó”, explicó, al admitir, sin embargo, que existieron negociaciones. Y atribuyó las críticas a la incomodidad que genera en algunas personas la gestión que venimos desarrollando”.

El funcionario designado por Petri trajo a Buenos Aires cuatro colaboradores de su provincia y negó haber incorporado 25 funcionarios en su equipo, como se le objetó. “Solo son cuatro profesionales de Mendoza de mí confianza: Diego Arenas, que es abogado; Emiliano Follis, licenciado en Comunicación; Vanina Borcia, que es docente y cuenta con experiencia en control de gestión, y Pablo Pérez Díez, que es abogado”, enumeró.

Al defender su gestión, el titular del Iosfa dijo que en los primeros siete meses se redujeron del 15% al 9% los gastos de funcionamiento de la obra social. Reconoció que los niveles de prestación no son uniformes en todo el país y admitió que es necesario buscar formas creativas para mejorar la gestión. “Hay lugares del país en los cuales no hay prestadores y tendremos que buscar otras alternativas, como la telemedicina. Pero, de ninguna manera se avanzarán en planes de tercerización en determinadas zonas del país, porque eso no está permitido en el decreto de creación del Iosfa”, afirmó Sagás.

Auditorías y anomalías

Sagás reveló, además, que en su gestión trabaja en auditorías para conocer en detalle la situación de la obra social. “Mi rol es mejorar las prestaciones, que exista accesibilidad, calidad homogénea y llegar a todos los lugares”, añadió. En este aspecto, las críticas de los militares retirados y otros sectores cercanos a la obra social le reprochan al titular del Iosfa que las denuncias no llegan todavía a la Justicia. El titular de la obra social advierte, sin embargo, que realizó cinco denuncias penales.

La Unidad de Auditoría Interna detectó más de 148 expedientes sin acuerdo para incorporar prestadores a la cartilla, lo que afecta el servicio a unos 167.000 afiliados en Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chubut, el Área Metropolitana de Buenos Aires y la zona sur bonaerense. “Al mismo tiempo, limpiamos prestadores que no estaban activos”, agregó el presidente del Iosfa.

Reveló que la compra de medicamentos de alto costo y prótesis rondaba un promedio mensual de $11.000 millones, con mecanismos de compra directa, y que la agilización de los procesos de licitación permitió reducir los gastos en un 40 por ciento. También se detectó que muchas delegaciones de Iosfa en el interior no auditaban el circuito de las recetas en el rubro farmacias, lo que implicó pérdidas por $550 millones mensuales. Y anticipó que por debilidades de control de la logística de distribución de medicamentos y gestión de stock se incurrió en el pago duplicado de facturas por $140 millones a una droguería.

Sagás explicó, además, que la actual gestión verificó 60 sumarios archivados. “No había ningún interés en investigar”, señaló. En lo que va del año se iniciaron otros 40 sumarios, de los cuales 10 ya se completaron y 30 están activos. En estos casos, se advierten irregularidades en las provincias. En cuanto al régimen laboral, se dispusieron 176 bajas de personas contratadas en los últimos meses de 2023 y en el mes de junio se dieron de baja 44 contratos. “Anualizado, eso implica $1761 millones”, precisó. Y reveló que “había gente con licencia desde la pandemia y recién la finalizó hace dos meses”.

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