El sorteo de Javier Milei y el Censo 2022 reavivan el debate por el uso político de información personal

El fenómeno global del uso de la tecnología y el big data para hacer campañas electorales es una realidad en la política local desde hace años. Sin embargo, constituye un delito cuando un gobierno obtiene esos datos privados mediante registros estatales. Las bases de datos de la Anses y el PAMI, los planes de asistencia como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y los certificados de vacunación y testeos de coronavirus, son ejemplos de las numerosas formas que tiene un gobierno para acceder a información personal de los ciudadanos y desviarla hacia fines políticos. El reciente sorteo del sueldo del diputado nacional Javier Milei, que para participar solicitaba el registro de datos personales, reavivó ese debate, que promete exacerbarse a medida que se acerque la fecha del censo nacional, previsto para mayo de 2022.

“Un censo con DNI está lejos de ser un censo estadístico, es una base de datos personales”, manifestó Beatriz Busaniche, presidente de la Fundación Vía Libre, que defiende derechos fundamentales en el entorno digital. Se refería al censo nacional que se llevará a cabo el próximo 18 de mayo, tal como lo anunció el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), que incluyó en las pruebas piloto el pedido del documento nacional de identidad a los participantes, por primera vez en la historia argentina. Esto provocó fuertes críticas por parte de asociaciones de la sociedad civil y académicos, alegando que la solicitud de esta información es contraria a las recomendaciones internacionales y que de esta forma se estaría avanzando hacia la privacidad de las personas.

Por lo tanto, aunque todavía no fue anunciado públicamente, fuentes oficiales del Indec anticiparon a LA NACION que decidieron no incluir la pregunta por el DNI en el cuestionario físico del censo. Pero ante la insistencia periodística en la letra chica, admitieron que sí se pedirán estos datos en el censo digital, a la persona de referencia que inicia el cuestionario, a partir de los 14 años. El motivo, alegaron, es para validar que quien responde es un ser humano; aunque existen numerosos y probados mecanismos alternativos para comprobar esto sin necesidad de solicitar el DNI.

“No en vano la Constitución integró el derecho a la privacidad y la intimidad, también reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos”, señaló Busaniche. Lamenta que parece no haber un entendimiento de la importancia de estos derechos: “El Estado tiene muchísima información pero no es el dueño, nosotros somos los dueños”.

Asimismo, planteó la susceptibilidad de estos datos personales de ser atacados y robados, como ya sucedió con el Renaper, migraciones y la Policía Federal. “La trayectoria del Estado argentino en protección de datos de ciudadanos es tendiente a nula”, remarcó.

Un detalle no menor en este asunto es que hace más de un año la Agencia de Acceso a la Información Pública, autoridad de aplicación de la ley de protección de datos personales, se encuentra acéfala.

La opinión de los expertos

Cristina Girotti, profesora de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires y especialista en derecho electoral, fue contundente sobre la ilegalidad de estas prácticas: “Está prohibido usar una base de datos pública para otros fines. No podés usar la base de Anses o Afip para hacer política. El problema es quién prueba si la usaste o no, no hay control”. Señaló que hay un gran mercado de información personal, donde “circula en negro”. Una base de datos que puede ser utilizada para campañas electorales puede costar un promedio de 7 millones de pesos, de ahí surge el valor para los políticos de obtener datos “gratis” del Estado.

Si un funcionario público accede o revela ilegítimamente un banco de datos personales puede ser condenado penalmente. Según Enrique del Carril, secretario de Casos Originarios y Asuntos Constitucionales del ministerio Público Fiscal de la ciudad Buenos Aires y profesor especializado en derecho constitucional y tecnología, esta “manipulación de información” implica la “violación de secretos e incumplimiento de deberes de funcionario público”. Respecto a la solicitud del DNI en el censo, indicó que en estos procesos estadísticos el principio es la “anonimización”, que se perdería solicitando esta información.

Resaltó la importancia de que la entrega de información sea siempre con un “consentimiento informado”, para que el ciudadano tenga claridad del destino de sus propios datos. De todas formas, considera que la publicidad segmentada y el marketing digital son útiles, y rechaza el extremismo que se enfrenta a la modernización, pero cree que es necesario reflexionar si no estamos pagando demás por el servicio que estamos recibiendo. “La sociedad debe definir cuánto valen sus datos personales”, reflexionó.

Bases de datos para campañas electorales

“La política llegó tarde a algo que las empresas y el marketing digital vieron hace muchos años”, advirtió Juan Courel, coordinador de la campaña presidencial de Alberto Fernández, sobre la “contactabilidad digital”, una de las principales herramientas que utiliza el Frente de Todos para comunicarse con los votantes. Reconoció a LA NACION que “siempre está la polémica sobre el origen de esas bases de datos, ahí puede haber de todo... Es posible que haya algunas bases que son públicas y que alguien pueda apropiárselas y utilizarlas”.

Courel también señaló que “hay poca regulación en cuanto al uso de bases de datos públicas y eso puede ser hueco para oportunismos no tan felices”. En este sentido, recordó que hay un debate en el mundo sobre el uso de datos personales por parte del Estado que “aún no está saldado”. Por último, remarcó que Juntos por el Cambio siempre estuvo a la vanguardia en el uso de la tecnología como herramienta política: de hecho, la gestión de Cambiemos fue denunciada en julio de 2016, cuando la secretaría de Comunicación Pública, que entonces dependía del jefe de Gabinete, Marcos Peña, comenzó a utilizar la base de datos de la Anses para “afinar” su estrategia de comunicación.

Desde el equipo de Juntos por el Cambio afirmaron a este medio que en el siglo 21 la manera de comunicar es diferente. Consideran que hay distintas formas de utilizar las nuevas herramientas digitales para campañas electorales y señalaron como una forma de utilización nociva de datos el caso de Cambridge Analytica. Sin embargo, resaltaron que hay numerosos usos positivos de la tecnología y los datos, como lo hacen Google y Mercado Libre.

En efecto, el debate internacional por el uso de datos personales para fines políticos comenzó con el caso de Cambridge Analytica, una empresa británica que utilizaba el análisis de datos para la comunicación estratégica en campañas electorales. Adquirió información privada de más de 50 millones de usuarios de Facebook y los utilizó para manipular psicológicamente a los votantes en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, cuando Donald Trump resultó electo, y en el referéndum para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, en 2020.

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