El sindicato que se convirtió en un misterioso botín para el poder
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) fue intervenido por Macri y el exjuez Canicoba Corral, y ahora un sector del kirchnerismo está interesado en colonizarlo
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LA NACIONNicolás Balinotti
Las anécdotas de Omar “Caballo” Suárez sobre su poder en los puertos sirvieron para algo más que rellenar el tiempo muerto en el pabellón 6 de la cárcel de Ezeiza. Más de uno de los reclusos identificados con el kirchnerismo que lo escucharon con interés y ahora gozan de la libertad estarían dispuestos a involucrarse en la vida interna del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), un gremio estratégico por su injerencia en los barcos de carga que surcan la Hidrovía Paraguay-Paraná, la “ruta del agua” que concentra el 80% de las exportaciones del país.
El SOMU es el gremio que reúne al personal a bordo de las embarcaciones. Cuenta con entre 18 y 12 mil afiliados que perciben salarios desde 80.000 a 350.000 pesos. Llegó a tener paritarias en dólares para un sector, el que se dedica a la pesca de langostinos. En sus tiempos de bonanza, a la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM) la llamaban “la OSDE 310 de los marineros”, por el alcance de sus prestaciones y servicios. Está hace algunos años en crisis, con deudas y 50 juicios en curso a pesar de haber estado intervenida política y judicialmente entre el 24 de febrero de 2016 y el 25 de abril de 2019.
El SOMU y su obra social fueron intervenidos durante la gestión de Mauricio Macri bajo el argumento de avanzar contra las “mafias sindicales”. Se ajustó a la perfección una denuncia del empresario Miguel Doñate en contra de Suárez por bloquear puertos, extorsión y encabezar una presunta asociación ilícita que lavaba dinero a partir de los negocios vinculados al gremio.
El juez federal Daniel Rafecas sobreseyó el jueves pasado a Lorena Suárez Peña, una de las hijas del Caballo, y a siete empleados del holding de compañías que rodeaban al gremio. Los excluyó del entorpecimiento de las vías navegables y del supuesto delito lavado de dinero a través de la Fundación Azul, vinculada al gremio. Otro tramo del expediente lleva dos años de juicio y está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 4. La intención de los jueces es comenzar en febrero del año que viene con los alegatos. Hay 24 imputados, uno de ellos Suárez, que esta semana celebró por partida doble: fue autorizado a sacarse la tobillera electrónica y esperar libre el final del proceso. El sindicalista al que Cristina Kirchner calificó en Angola como uno de sus dirigentes “favoritos” espera confiado por su reivindicación.
A partir de las audiencias semanales del juicio, salieron a la superficie supuestas irregularidades durante los años de intervención, que tuvo por un lado un rostro político, que fue el de la ahora senadora nacional macrista Gladys González Metz, cuya familia tuvo negocios en los puertos, y otro judicial, encabezado por el exjuez federal Rodolfo Canicoba Corral. Ambos podrían ser citados a declarar en el juicio como testigos, según fuentes judiciales. La senadora, de hecho, prefirió por ahora callar hasta que se concrete su declaración testimonial.
Desde el minuto cero, Canicoba Corral ubicó a Sergio Ramiro Tejada, su cuñado, como interventor de la obra social. Tejada, que se había desempeñado como director del programa de diálisis en el Ministerio de Salud bonaerense, desembarcó con otros exfuncionarios sciolistas: Pablo Victoriano Garrido, a quien señalaban en el gremio como un hombre de Aníbal Fernández, y Virginia Olivera. Hubo otros nombramientos polémicos digitados por el juez y que fueron revelados por LA NACION cuando se conoció que el exministro de Trabajo de Cambiemos Jorge Triaca también había caído en la misma tentación: designar a familiares y a su empleada doméstica en el gremio que no era propio.
El control judicial de la obra social duró hasta el 22 de marzo de 2018, según el certificado de autoridades emitido por la Superintendencia de Servicios de la Salud, el organismo a cargo de la regulación de las prestadoras médicas.
Sin embargo, Tejada entregó la administración el 24 de abril de 2019, trece meses después. ¿Qué sucedió durante ese período? Sospechan en el SOMU que hubo una suerte de doble comando entre los directores nombrados por Canicoba Corral y la conducción del gremio, a cargo de Raúl Durdos, un aliado de los Moyano que la semana próxima buscará revalidar su mandato. Durdos rechazó esa versión. “A la obra social nos la dieron recién en 2019. Tejada nos escondió documentación y podemos decir que el gremio y la obra social fueron saqueados por la intervención”, dijo el jefe del SOMU a LA NACION.
La OSPM, que se suponía saneada tras el paso del cuñado del juez y la intervención macrista, está hoy nuevamente en crisis. Saldó una deuda millonaria con el prestador Iter Medicina, pero paga sus sueldos con retraso, limitó servicios para los afiliados y mantiene la necesidad de recibir asistencia financiera permanente de la caja del SOMU. Los opositores a Durdos le demandaron por escrito que documente los $30 millones que transfirió a la OSPM. No hubo respuesta del secretario general, que se blindó jurídicamente con el estudio de abogados de Hugo Moyano, el hijo del líder camionero.
El caso de Iter Medicina es por lo menos sugestivo. A la prestadora médica, que llegó de la mano de Tejada y Garrido, se le debía $167.206.049 en 2020, cuando los interventores ya no tenían más injerencia. Curiosamente, la empresa ofreció “una quita” de $77.206.049 que la OSPM aceptó, según consta en el libro de actas del sindicato. Es decir, resignó de un día a otro $90 millones. “Que lo manden a Durdos en lugar de Martín Guzmán a negociar con el FMI”, ironizó un dirigente que conoce como pocos los movimientos del SOMU. Para Durdos, Iter Medicina “distorsionó” los valores de la deuda. Se trata de una prestadora médica que brinda sus servicios en otras obras sociales sindicales, como la de la UOM, la UTA y mineros.
Ya sin la intervención, Durdos le cedió mediante escribano el control de la obra social a Walter Bernardo Boca, un dirigente que estuvo involucrado en la causa Sueños Compartidos de los hermanos Schoklender y al que en el SOMU más de una fuente señaló como “el hombre del Instituto Patria”. Boca se fue echado por Durdos y no fue por diferencias políticas.
La “mafia de los medicamentos”
En mayo de 2019, el jefe del SOMU fue a lo seguro: designó una suerte de apoderado administrativo que conoce desde hace décadas el negocio de las obras sociales. Se trata de Sebastián Miguel Gramajo, procesado junto con Hernán Capaccioli, exjefe de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS). Ambos están señalados como responsables de una presunta maniobra de lavado de dinero para incorporar a la campaña electoral de 2007 de Cristina Kirchner y Julio Cobos “fondos de procedencia delictiva” vinculados al mundo de los medicamentos. El caso está elevado a juicio, sin visos de reactivarse. Lo tiene frenado desde hace años el Tribunal Oral Federal 5.
Fue Gramajo, aseguraron en el SOMU, el cerebro detrás del acuerdo millonario con Iter Medicina. También Gustavo Alonso, un abogado cercano a Durdos que habría logrado ubicar a un familiar directo en el Ministerio de Transporte. Gramajo no tiene contrato con el SOMU y le factura como monotributista. “Recurrimos a él porque conoce del tema. Lo de los medicamentos no lo sabíamos”, argumentó Durdos sobre su asesor estrella.
Gramajo y Alonso sellaron otros dos convenios que aún hoy generan dudas puertas adentro del sindicato. Uno de ellos es con JB Consultores, a quien se le delegó en 2020, mediante escribano, “la gestión y administración de los recursos financieros” de la obra social. Todos los aportes de los trabajadores y los subsidios y reintegros que envía la SSS, la OSPM debe transferirlos a María Pilar Bosch, la apoderada de JB Consultores, según consta en el escrito. Hace dos años se calculaban que eran unos 55 millones de pesos mensuales de acuerdo al acta del convenio. En JB Consultores no respondieron las consultas de LA NACION.
El otro contrato bajo sospecha de los opositores a Durdos es el que suscribió con el Grupo Emerger, cuya sede central está en Rosario. Se trata de una empresa que brinda servicios de emergencias médicas y que tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años, ampliando su flota de ambulancias. La compañía quiso sumarse a los aportantes privados que impulsaban la candidatura a gobernador de Santa Fe de Miguel del Sel en 2015, pero Elisa Carrió lo impidió. A la jefa de la Coalición Cívica le resultaba dudoso el origen de los fondos, según reconstruyó LA NACION a partir de dos fuentes.
La situación de la OSPM no es ajena a la del resto del sistema de salud en la Argentina, en el que cohabitan tres actores protagónicos: el Estado, las obras sociales sindicales y las prepagas. Funcionarios, gremialistas y empresarios entrecruzan sus intereses dentro de una estructura que cuenta con múltiples cajas, millones de pesos en danza que muchas veces son motivo de disputas judiciales y hasta de sospechas de financiamiento de la política.
En la obra social del SOMU se cocina desde la época de la intervención a la actualidad una suerte de revival de lo que fue el circuito de la denominada mafia de los medicamentos. “Se repiten actores y maniobras, y hay una línea que une Quilmes con Rosario”, advirtieron dos dirigentes de distintas facciones del SOMU que conocen a la perfección la vida interna del sindicato. Para Durdos esa teoría es “parte de una novela” y rechazó cualquier vinculación con el narcotráfico.
Elecciones en el SOMU
A partir de pasado mañana y hasta el viernes próximo los afiliados del SOMU podrán renovar sus autoridades a través de las urnas. Durdos buscará su reelección y hasta ahora su único oponente sería Daniel Mereles, su actual número dos. Hay una tercera agrupación dispuesta a participar que no fue avalada por la Junta Electoral por supuestas irregularidades en sus avales e integrantes. El referente de ese sector es Rubén Manno, que amenazó públicamente con impugnar el proceso electoral en caso de que no lo habiliten. Incluso, sobrevuelan versiones de una posible nueva intervención, algo que fue descartado cerca del ministro Claudio Moroni.
¿Y el Caballo Suárez? Pasa sus días entre Monte Caseros, una ciudad correntina con pasos fronterizos a Brasil y Uruguay, y Buenos Aires. Desde su entorno aseguraron que no puede volver al gremio hasta no resolver su situación judicial. Además, los años en prisión dejaron secuelas en su salud. Tiene 71 años y hoy su principal desafío es salir airoso del juicio en su contra por entorpecer las vías navegables y la asociación ilícita. Un juicio cuyo desenlace podría desnudar una trama de intereses políticos y judiciales alrededor de un gremio y una obra social que simulan ser intrascendentes, pero que para el poder se convirtieron en un misterioso botín.
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