El sindicalismo mileísta todavía no sale del clóset
En la CGT ya no todos se oponen a Milei, pero a diferencia de algunos gobernadores, hay gremialistas que dudan en blanquear su alineamiento con el Gobierno
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LA NACIONNicolás Balinotti
Es parte de la descomposición del peronismo. Así como hay gobernadores que presionaron a sus legisladores para auxiliar a Javier Milei en el Congreso, también hay sindicalistas que comienzan a rendirse frente al ajuste y prefieren tomar distancia tanto de Cristina Kirchner como de una eventual huelga general en contra del Gobierno.
El deseo de la expresidenta de liderar el PJ aceleró la inevitable ruptura a la que se encamina la CGT, cuyo triunvirato de mando podría romperse antes de las elecciones internas previstas para 2025. Pero la división entre combativos y dialoguistas viene desde mucho antes de este “operativo clamorcito” del kirchnerismo que aún no se termina de gestar. Se profundizó la grieta entre los gremios cuando el Gobierno, a través de Guillermo Francos y Santiago Caputo, pactó con un sector de la cúpula de la CGT recursos para las obras sociales más numerosas, congelar en el Congreso los proyectos de la UCR que buscan limitar el poder de representación y recaudación sindical, y paritarias a medida de las proyecciones del Ministerio de Economía. En el calendario figuran dos fechas que servirán para comprobar si el apretón de manos entre los enviados de Milei y los jefes sindicales es algo pasajero o el inicio de una tregua duradera.
Para el martes que viene, el diputado radical Martín Tetaz convocó otra vez a la comisión de Legislación del Trabajo para intentar avanzar con el dictamen del proyecto de ley que busca limitar el poder de los sindicatos. No lo logró hace tres semanas porque los cinco libertarios que integran la comisión no adhirieron “por una orden del Ejecutivo”, según reconstruyó LA NACION de fuentes oficiales y legislativas. ¿Qué postura adoptará Pro, que impulsó proyectos similares? Un nuevo revés de Tetaz podría herir de muerte su iniciativa.
La otra fecha clave es el 30 de octubre. Para ese día los gremios del transporte llamaron a un paro sectorial que desean convertir en general si es que logran convencer a los “Gordos” e “independientes”, los dos grupos mayoritarios que conducen hoy a la CGT. Difícil. Impulsan esta protesta el camionero Pablo Moyano, el ferroviario Omar Maturano y la alianza de gremios aeronáuticos. El colectivero Roberto Fernández, jefe del poderoso gremio de la UTA, se abrió sugestivamente después de un fugaz acercamiento.
“Yo no quiero parar. Ni ahora, ni el 30″, le aclaró Fernández a Mario Caligari, uno de sus hombres de confianza, que ofició de puente con Moyano y el portuario Juan Carlos Schmid. Sin embargo, existe todavía una posibilidad para que la UTA se sume a la medida de fuerza. Dos días antes de la eventual huelga de transportistas, vence la conciliación obligatoria en el marco de su negociación salarial con las cámaras empresarias. La UTA reclama una mejora urgente y un acuerdo entre el Gobierno y los empresarios por el reparto de los subsidios. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el sistema funciona con $170.000 millones mensuales, de los cuales un 70% son aportados por el Estado y el 30% por el precio de las tarifas, según fuentes del sector. De diciembre a octubre, los salarios de los 40.000 choferes de colectivos crecieron en un 80%, aunque con una salvedad: en diciembre, aún con el Frente de Todos en el poder, logró una suba de 26% después de cuatro meses de congelamiento.
Sin la UTA, el paro del transporte perdería fuerza y en la Casa Rosada lo saben. Por eso, un funcionario nacional se comunicó con allegados de Fernández para avisarle que las desregulaciones que se darán en el transporte de pasajeros de media y larga distancia lo podrían favorecer. El jefe de la UTA tiene 80 años y siempre se caracterizó por moverse de manera ambigua en el ajedrez político y sindical. Es un oficialista de todos los gobiernos, a quien el conflicto le incomoda.
Sergio Sasia, jefe de la Unión Ferroviaria, también se desmarcó del perfil duro de sus socios de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, digitados por Pablo Moyano. Sasia negocia hoy mano a mano con el Estado por el achique en el sistema ferroviario, donde la gestión libertaria prevé disminuir un 15% los costos y el personal de la Sociedad Operadora Ferroviaria, que emplea a unas 23.000 personas. La semana pasada se aceleró el guadañazo, con 1388 bajas de Trenes Argentinos Capital Humano. Sasia no se opone a la privatización del servicio. La semana pasada se reunió a solas con Facundo Moyano, que también sufrió recortes en Corredores Viales, donde habrían sido despedidas 700 personas que no realizaban tareas y que tenían presuntas vinculaciones con el PJ platense. Eran “ñoquis”, según fuentes del sector.
Omar Maturano, el otro dirigente fuerte del mundo ferroviario, eligió por ahora el camino inverso y se sumó a la ofensiva como ladero de Pablo Moyano. ¿Ramal que para, ramal que cierra? Maturano conoce de la experiencia de los 90 porque encabeza el gremio de La Fraternidad desde 1994. Tampoco se opone a las privatizaciones, la época dorada en la que construyó su poder. El confuso juego de los Moyano tiene más que ver con su propia interna que con el contexto general. Mientras que Facundo se muestra con Sasia y Axel Kicillof, su hermano Pablo está con Maturano y Cristina Kirchner. ¿Dónde se ubica Hugo, el jefe del clan que se mantiene intacto al frente de los camioneros a pesar de sus 80 años?
El otro rostro del pragmatismo sindical es Gerardo Martínez, jefe de la Uocra y el interlocutor principal de la CGT con la gestión libertaria. Martínez contabiliza 70.000 despidos en la construcción desde que el Gobierno dispuso frenar la obra pública, en diciembre de 2023. Negocia con Francos y algunos gobernadores el relanzamiento del plan federal Procrear. Apuesta a que eso sirva de repunte para una actividad en crisis. Martínez, referente del sector de la CGT que se autodenomina como “independiente”, se opone a avanzar con otro paro general y rechaza la candidatura de Cristina Kirchner al PJ. Coinciden con esa postura Héctor Daer y Carlos Acuña, ambos integrantes del triunvirato de mando, entre otros dirigentes de peso, como José Luis Lingeri, que acató 1374 salidas en AySA, la compañía estatal potabilizadora de agua que el Gobierno pretende privatizar en marzo de 2025.
La caída del empleo afecta tanto al sector público como al privado, y está lejos de haberse frenado, como aseguró el Gobierno. De hecho, un informe de la Secretaría de Trabajo del jueves último afirma lo contrario. El trabajo asalariado formal sufrió en julio su décima caída consecutiva en términos mensuales. Desde que Milei es presidente fueron casi 200.000 los puestos de trabajo que se perdieron con esas características. Así surge del informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que precisó que de junio a julio cayeron 10.200 puestos de trabajo registrados.
La CGT de los dos rostros y el juego de los gobernadores
En la CGT ya no todos se oponen a Milei y surgen diferencias sobre cómo relacionarse con el Gobierno. “Es una maratón de cuatro años: hay que saber cuándo pelear y cuándo negociar y dialogar”, dice un dirigente con más de tres décadas en su gremio y al que la idea de un conflicto permanente lo incomoda. Distinta es la postura de los aliados de Pablo Moyano, que empujan a gremios, piqueteros y a la izquierda trotskista hacia un choque a todo o nada contra el Gobierno con el objetivo de desgastarlo. Es la mejor muestra de la CGT de los dos rostros.
Patricia Bullrich distingue una conspiración detrás de esta maniobra sindical, a la que asocia directamente con la marcha universitaria del 2 de octubre pasado, cuando se unieron en un mismo reclamo estudiantes, docentes, gremios, movimientos sociales y referentes de la oposición. “Esto es todo piripipi. Están preparando un golpe para noviembre, diciembre. Un golpecito, porque no van a poder”, acusó Bullrich en TN. No dio pruebas ni nombres propios, y tampoco nadie le repreguntó. En el Gobierno, cerca de Milei, asumen que el choque con los sindicatos será inevitable, pero no en este momento de la gestión.
En medio de la barahúnda en la que está sumergido el peronismo, los gobernadores también comenzaron a ceder ante el ajuste que impone la gestión nacional. A diferencia de los sindicalistas, algunos mandatarios provinciales no lo ocultan. El caso más notorio es el del tucumano Osvaldo Jaldo. Tres de sus diputados nacionales se abrieron del bloque del PJ y votan casi a demanda de la Casa Rosada. Lo hicieron para sostener el veto de Milei contra la reforma jubilatoria y por el financiamiento universitario. Jaldo necesita de los recursos de la Nación para financiar obras y pagar salarios en su provincia. No sólo evalúa los beneficios que pueda obtener de su alianza con la Nación, sino que también mira con obsesión las encuestas que muestran al Presidente con un alto grado de adhesión en la provincia. Son los mismos sondeos que consume Mariano Campero, el diputado radical libertario que quiere ser candidato a gobernador en 2027 con el apoyo de Milei, Patricia Bullrich y Luis Petri.
El caso del catamarqueño Raúl Jalil es diferente porque no rompió por completo con el PJ. Si bien no blanqueó su alineamiento de manera tan abierta como Jaldo en los pasillos de la Casa Rosada lo cuentan como tropa propia. El jueves, después de haberle ordenado a la diputada Fernanda Ávila (UP) que se ausente de la votación por el veto universitario para ayudar al Gobierno, el gobernador catamarqueño se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para conversar sobre el presupuesto 2025. Otra negociación que se abre en paralelo con la necesidad de que a su provincia lleguen nuevas inversiones para la explotación minera y de litio. Promesas que aún no se concretan.
El otro gobernador que auxilió a Milei fue el misionero Hugo Passalacqua, quien, a través de su jefe político, Carlos Rovira, ordenó a los diputados del Frente Renovador abstenerse, retaceándole así a la insistencia en la ley de financiamiento universitario tres votos que podrían haber agregado suspenso a otra sesión que desnudó la fragilidad de los acuerdos que sella el oficialismo. Tanto Rovira como Passalacqua están urgidos por fondos nacionales después del conflicto salarial con la policía misionera. Además, confían en que La Libertad Avanza no presente candidatos propios en 2025, lo que les allanaría el camino para conservar la hegemonía en la provincia. Tal vez como otro gesto de alineamiento con Milei, el gobierno provincial contrató el servicio de Starlink, la empresa de Elon Musk, el dueño de la red social X a quien el Presidente busca convencer de invertir en el país.
La raíz política de Jaldo, Jalil y Passalacqua surgió en provincias con manejos feudales, bajo la sombra de fuertes caudillos. Jaldo creció de la mano de José Alperovich y Juan Manzur; Jalil tiene su origen en el saadismo y el barrionuevismo, mientras que Passalaqua es el delfín de Rovira. Ironías sobre los aliados de Milei, el presidente que se jacta de no tener nada que ver con la casta.
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Tipo de trabajo:
análisis
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