El sindicalismo macrista hace caja y pide Cambiemos "por 20 años"

En tiempos de recesión, inflación y caída de empleo y salarios las voces sindicales que piden hoy el voto por la reelección de Mauricio Macri son escasísimas. Entre las excepciones, surge el ruralista Ernesto Ramón Ayala, quien desde Expoagro llamó el miércoles pasado a "reventar las urnas" porque "necesitamos ya no dos años más de este gobierno, sino otros 20".

Ayala es el heredero de Gerónimo "Momo" Venegas en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). Venegas fue el pionero del sindicalismo macrista desde mucho antes del desembarco de Macri en la Casa Rosada. Ayala siguió inalterable por el mismo sendero y es un aliado directo: Fe, la fuerza política en la que milita, integra la coalición Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

La cercanía al poder le dio sus frutos. El 13 de febrero último, mediante una resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere incluyó a la obra social de la Uatre entre los beneficiarios de una porción de lo que se recauda del Fondo Especial del Tabaco, una caja que se nutre por ley de un porcentaje de las ventas de cada paquete de cigarrillos. En lo que respecta a los gremios, se trata de un botín aproximado de unos 200 millones de pesos anuales que se reparten entre la Obra Social del Personal del Tabaco (41%); Osprera, de la Uatre (31%), y la Obra Social de Empleados del Tabaco (28%).

Etchevehere, que compartió el escenario con Ayala cuando pidió el voto por Cambiemos, derogó una resolución de 2011. Por entonces, el kirchnerismo había excluido a la Uatre del reparto por considerar que no representaba a trabajadores que se desempeñen exclusivamente en el sector tabacalero. Ya con Macri en la Casa Rosada, la Uatre exigió ser reconocido con el argumento de que su obra social cuenta con 34.614 beneficiarios relacionados a la actividad tabacalera. "El kirchnerismo nos desplazó porque apoyamos al campo en la famosa 125. Fue una represalia", explicó Ayala.

Uno de los dos gremios del tabaco afectados por la medida de Etchevehere judicializó la pulseada y reclamó volver al antiguo mecanismo de distribución. Se trata del Sindicato Único de Empleados de Tabaco (Suetra), que encabeza Raúl Quiñones, quien sugestivamente opta por el silencio. En su gremio, sin embargo, quien levantó la voz fue el dirigente Roberto Digón, viejo rival de Macri en la política deportiva en Boca Juniors. "Uatre no tiene nada que ver, no es parte de la industria. Tiene apenas representación en algún minifundio. El Gobierno le hizo un favor especial por ser un gremio oficialista", acusó Digón, miembro de la comisión directiva del Suetra.

El otro afectado es Juan Martini, que preside el Sindicato de Obreros del Tabaco desde 1983. Martini, de 87 años, es un viejo aliado de Luis Barrionuevo y negoció durante años salarios con los popes de dos gigantes: Massalin y Nobleza Picardo. Él también calló.

"Si los gremios del tabaco dicen que ahora volvimos a recibir el fondo porque apoyamos al Gobierno, yo puedo decir que ellos nunca lo dejaron de recibir porque apoyaban a Cristina", se defendió Ayala.

Pero los millones del Fondo Especial del Tabaco no simbolizan la única caja que recuperó el gremio de Venegas con el cambio de gobierno. En 2015, dos semanas antes de la asunción de Macri, la Corte Suprema falló a favor de la Uatre para retomar el control del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), el ente que administra los aportes al fondo de desempleo que hacen los empleadores del sector agropecuario. En la caja del Renatre se acumula mensualmente el 1,5% del salario de unos 250.000 trabajadores rurales. Si se toma el sueldo básico de la actividad, que es de $15.000, el organismo maneja al menos unos $37,5 millones por mes.

La administración de los fondos de la Uatre comenzó a estar bajo sospecha después de que Ayala y otros miembros del gremios quedaron involucrados en la recaudación de la campaña electoral de Cambiemos de 2017 que investiga la Justicia. Ayala se enteró al aire, durante una entrevista con FM La Patriada, de que su nombre aparecía en la lista de aportantes. "¿Vos aportaste a la campaña de Cambiemos?", le preguntó el periodista Juan Amorín, quien reveló el caso. "No", contestó Ayala, seco y tajante. Y reforzó: "Colaboramos con la campaña, trabajamos. Pero aportes económicos no hemos hecho ninguno". Más tarde, se corrigió: aclaró que había participado de una cena en Pergamino en el marco de la campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, y que por eso apareció en la nómina de aportantes. Pagó $5000 la tarjeta.

Entre los sindicatos es habitual aportar fondos para la campaña electoral de manera encubierta, ya que la ley lo prohíbe. Ayala quedó en la mira, pero sucede con todos. Alcanza con echar un vistazo a lo que fue la recaudación para la campaña de Daniel Scioli, en 2015.

El campanazo de largada de la campaña electoral está reconfigurando el mapa sindical. Luis Barrionuevo, Carlos Acuña, Gerardo Martínez y un sector importante de los gremios del transporte impulsan cada vez con más fuerza la candidatura presidencial de Roberto Lavagna y hasta activaron gestiones para intentar bajar las aspiraciones de Sergio Massa.

En tanto, Héctor Daer y Hugo Moyano, protagonistas de la fractura de la CGT del año pasado, están codo a codo en el PJ y apoyan una eventual candidatura de Cristina Kirchner. Sus coincidencias político-electorales limaron diferencias gremiales: Daer se movilizará el 4 de abril a la Plaza de Mayo junto con los Moyano, la Corriente Federal y las dos vertientes de la CTA. La protesta sería la antesala a un paro general, una medida de fuerza que un puñado de influyentes dirigentes de la CGT congeló por ahora a cambio de fondos para las obras sociales.

Conforme a los criterios de

Conocé más

Golpe al bolsillo. Estos son los productos que aumentarían de precio con los nuevos aranceles propuestos por Donald Trump

Para hasta 10 personas. Qué supermercado ofrece las mejores ofertas para comprar la cena de Acción de Gracias

Análisis. La actualización de la canasta del IPC: cómo fue el caso de la Ciudad de Buenos Aires