El senador Edgardo Kueider ya era investigado por enriquecimiento ilícito y coimas desde hace seis meses

El senador nacional Edgardo Kueider está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y por su eventual vinculación en el cobro de sobornos, en una causa que tramita en la justicia federal de San Isidro, donde se dispuso el levantamiento del secreto fiscal de su declaración jurada de bienes, se solicitó un informe amplio y completo a la AFIP sobre su situación patrimonial y se pidió a la Unidad de Información Financiera determinar si lo investiga por lavado de dinero.

En la causa se investiga a los empresarios Marcelo y Claudio Tortul, constructores y gerentes de una empresa de seguridad en Entre Ríos, de pagar sobornos a la empresa estatal de energía entrerriana Enersa para obtener sus contratos de seguridad privada. En esa época Kueider, hombre del exgobernador entrerriano Gustavo Bordet como secretario general de la Gobernación, era el responsable de la empresa estatal de energía.

Según una denuncia presentada por el periodista Christian Sanz, y que impulsó el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Kueider “podría encontrarse inmerso en una trama de corrupción que le permitió aumentar considerablemente su patrimonio y ocultarlo de manera ilegal, haciendo uso para ello de su calidad de funcionario público”.

La denuncia señala que el senador sería propietario de la empresa BETAIL S.A. que tiene, o tenía, a su nombre al menos tres departamentos -N° 46, 57 y el semipiso N° 72- y dos cocheras -las N’12 y 14- en el edificio “Live”, ubicado en la calle Santiago del Estero 511, de Paraná, Entre Ríos, y que sería dueño del 50% de su capital accionario, según surge de la declaración jurada que presentara ante la Oficina Anticorrupción.

El dueño del otro 50% del paquete accionario, según dice la denuncia, es un monotributista categoría “C”. Dice la denuncia que en las planillas de expensas, en lugar de aparecer la empresa Betail como propietaria, quien está es Iara Guinsel Costa, quien es secretaria de Kueider en el Senado de la Nación desde el 26 de febrero de 2024.

Justamente Iara Guinsel Costa es la mujer que acompañaba a Kueider cuando fue detenido en la frontera en Paraguay con 200.000 dólares. En la denuncia que motivó la causa de San Isidro se mencionó que Kueider era vecino en el edificio de Claudio Tortul y que el grupo desarrollador inmobiliario del edificio Live también estaría conformado por socios de los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, quienes poseen cinco unidades más en el mismo edificio.

“Prestanombre”

Kueider era director de Enersa en representación del Estado y en su declaración jurada no se mencionan las unidades de BETAIL S.A. que se encuentran al lado de las de Tortul. “Posiblemente por ello eligió esconder la propiedad de esos departamentos utilizando a su secretaria como prestanombre”, sostiene la denuncia.

Señala que Kueider es “vecino de las personas investigadas por supuesto pago de coimas al organismo del cual él mismo era Director” y entiende que “sobran los motivos para que se de inicio a una investigación que tienda a dilucidar cómo una empresa que tiene como propietario a un funcionario público y un monotributista puede gastar cientos de miles de dólares en propiedades”.

Con esos datos el fiscal Domínguez pidió a la Inspección General de Justicia el contrato y estatutos sociales de la firma BETAIL S.A. y el listado de accionistas y de los integrantes del órgano de dirección de la empresa desde 2017 a 2019 inclusive, como así también los balances y estados contables.

Pidió además la declaración jurada de Kueider, entre 2017 a 2019 inclusive y a la AFIP un informe sobre su actividad económica, facturación, ingresos, cuentas bancarias y/o billeteras electrónicas, bienes en el país y en el exterior, cruzamiento de bases de datos, declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales e Impuesto al Valor Agregado.

Además, el fiscal pidió datos sobre BETAIL S.A, si se presentó al blanqueo, a la moratoria fiscal o laboral y pidió al Registro de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las propiedades de Kueider, Betail y lo mismo al Registro Nacional de Buques y al de Aeronaves.

A la Unidad de Información Financiera le pidió saber si ha iniciado alguna investigación relativa a operaciones de lavado de dinero y al Banco Central le pidió toda la información contenida en su base de datos para conocer las entidades financieras con las que operó. Asimismo quiere saber de la Caja de Valores si el senador o la empresa “han sido tenedoras de acciones, bonos o algún tipo de valor o título negociable que cotice o haya cotizado en bolsa”.

En esta causa, los hermanos Tortul -que estuvieron presos y fueron excarcelados- están procesados y la Cámara Federal de San Martín acaba de rechazar hoy un pedido de nulidad y confirmar sus procesamientos con la firma de los jueces Marcelo Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas.

Esta causa se inició con una presentación de la empresa Securitas que señaló que los gerentes de sus firmas locales y regionales abusaron y utilizaron la estructura corporativa de sus empresas, su posición en el mercado y el renombre del grupo Securitas AB para obtener un beneficio para ellos y sus empresas. La sede central de la firma está en Estocolmo, Suecia.

En una investigación interna llevada a cabo en Securitas AB, la compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta.

La denuncia mencionó que “hubo pagos indebidos” desde Securitas local a funcionarios del Renaper en 2016 para tener contratos de seguridad. “Los aludidos pagos se habrían realizado en el año 2016 a efectos de mantener la relación contractual y a fines del año 2015 para cancelar deudas pendientes entre el organismo público y Securitas Argentina”, que había sido proveedora directa hasta 2011.

Hubo un caso similar en el Senasa, donde entre 2016 y 2018 se hallaron pagos supuestamente indebidos a funcionarios que se originaron desde la tesorería de Securitas Argentina, con el fin de mantener la contratación entre la firma Guardman S.A. y el organismo.

Hubo otros casos con sindicatos, con petroleras, con AySA. Pero en particular con Enersa, la denuncia de Securitas señala que fue su cliente entre 2016 y 2018 y que la relación comercial era principalmente gestionada por la regional litoral.

La investigación interna permitió determinar que se habrían efectuado pagos en efectivo para mantener la contratación y que el efectivo habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell S.A., el cual -si bien facturaba- no habría ningún servicio.

La investigación permitió establecer Tornell era una consultora que emitía facturas mensuales a favor de Securitas Argentina por servicios de consultorías que informaría como reportes y que su director sería Claudio Raúl Tortul, ex empleado de Securitas Argentina y hermano de Marcelo Tortul, quien fuera director de la región litoral de Securitas Argentina.

Se encontraron dos correos electrónicos: en uno de ellos, Alberto Alesci envía a Olorzano una serie de facturas aparentemente emitidas por Tornell S.A a Securitas Argentina S.A; mientras que en el restante, Ramiro Tortul le consulta a Ratto por los pagos que se debían realizar a Tornell S.A., solicitándole que los tenga listos para esa misma semana.

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