El Senado sesiona para prorrogar la ley que suspende los desalojos de comunidades indígenas
También se prevé aprobar una actualización de Bienes Personales y dos centenares de ascensos militares; será la última sesión hasta las elecciones
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LA NACION
En la que será la última sesión antes de las elecciones y con el escalamiento del duelo verbal entre oficialismo y oposición por la campaña electoral como telón de fondo, el Senado se reunirá este jueves para tratar un temario disperso en el que se destaca el proyecto de ley que busca prorroga hasta 2025 el régimen de emergencia de tierras indígenas.
Además, en la sesión, cuyo inicio está previsto para las 14, se discutirá un proyecto para actualizar el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales, cuya cifra definitiva el oficialismo busca acordar en arduas negociaciones con Economía, y unos 180 ascensos militares, entres los que se encuentran los de los jefes de las tres Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto.
La emergencia territorial indígena vence este 23 de noviembre y es intención del oficialismo extenderla por otros cuatro años, hasta la misma fecha de 2025. Será la cuarta prórroga desde que el régimen fue sancionado en 2006.
La iniciativa establece el congelamiento de todos los desalojos y de los procesos judiciales en curso por las tierras ocupadas por comunidades aborígenes hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) concluya el relevamiento técnico y catastral de los predios en disputa, tarea prevista inicialmente en cuatro años y que ya lleva 15 años sin completarse.
Los violentos incidentes registrados en el sur, sobre todo en Río Negro, con sectores radicalizados mapuches promete instalar cierto nivel de polémica en el recinto de la Cámara alta cuando se discuta el tema.
Además, la emergencia misma genera fuertes rispideces en el Congreso. Para amplios sectores de la oposición, detrás de muchas ocupaciones hay sectores políticos vinculados con el kirchnerismo.
Por lo pronto, la bancada de Juntos por el Cambio dará libertad de acción, ya que los senadores de las provincias del norte apoyarán la prórroga. En el peronismo también hay voces críticas, pero se impondrá la disciplina partidaria y difícilmente alguien saque los pies del plato.
El texto, presentado por la oficialista Nora Giménez (Salta), dispone una inyección de casi 1200 millones de pesos por los próximos cuatro ejercicios presupuestarios para el INAI, organismo conducido por la neokirchnerista Magdalena Odarda, gestión que fue duramente cuestionada por la gobernadora Arabela Carreras tras los violentos incidentes registrados en Río Negro.
Bienes personales y ascensos
El oficialismo también impulsará la aprobación de un proyecto de ley del cordobés Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que actualiza los montos del mínimo no imponible y del valor de la vivienda familiar del impuesto a los Bienes Personales.
La iniciativa lleva el mínimo no imponible de 2 a 8 millones de pesos, en tanto que eleva de 18 a 50 millones de pesos el valor del inmueble declarado como vivienda que está exento del pago del tributo.
Sin embargo, las cifras están en discusión con Economía, que pretende reducir el costo fiscal de la iniciativa. El tema no es menor, ya que por tratarse de un impuesto coparticipable también afecta la porción de la recaudación por el impuesto que reciben las provincias, que elevaron su voz al enterarse que verán mermados sus ingresos en plena crisis económica.
La sesión comenzará con la aprobación de casi dos centenas de ascensos militares, pliegos que permanecieron casi siete meses congelados en la Comisión de Acuerdos, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza).
En el paquete de iniciativas se destacan los ascensos al grado inmediato superior de las cuatro cabezas de las Fuerzas Armadas: el vicealmirante Julio Guardia (Armada), el general de división Agustín Cejas (Ejército) el brigadier Xavier Isaac (Fuerza Aérea) y el general de división Juan Martin Paleo (Estado Mayor Conjunto).
En todos los casos, el ascenso será efectivo con retroactividad al 22 de febrero del año pasado, cuando fueron designados en sus puestos de comando por el presidente Alberto Fernández.
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