El Senado convirtió en ley la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para la investigación penal

Con 39 votos a favor, el Senado aprobó la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para la resolución de todo tipo de investigación penal. La iniciativa fue acompañada por los libertarios, el radicalismo, Pro y los bloques del peronismo no kirchnerista, como Unidad Federal. De los 33 integrantes de Unión por la Patria, 20 se abstuvieron, y otros 13 se ausentaron del recinto al momento de votar.

También se declaró el15 de noviembre como el día para conmemorar a los “44 héroes y heroína” del submarino ARA San Juan y se prestó acuerdo a los pliegos para extender más allá de los 75 años la permanencia en el cargo a los camaristas Jorge Morán y Roberto Hornos, jueces de los fueros Contencioso Administrativo y Penal Económico, respectivamente.

En la voz del neuquino Oscar Parrilli, el kirchnerismo intentó, sin éxito, que la discusión por los cambios en el Registro Nacional de Datos Genéticos vuelva a comisión. Según argumentó el senador de Unión por la Patria, “hay que tener cuidado de no avanzar tres pasos para adelante y dos para atrás”. Según su criterio, los imputados no deberían ser alcanzados por el Registro y solo tendrían que ser incluidos los condenados. Además, sugirió que solo sean registradas las personas acusadas por delitos graves, con penas de seis años o más de prisión. La moción impuesta por su bancada, no obstante, no reunió los avales suficientes y el debate siguió su curso.

Esta ley, que ya se aplica en las provincias de Mendoza, Salta y La Pampa, fue reclamada por organizaciones de familiares de víctimas de delitos, como las Madres del Dolor, como una herramienta que podría ayudar a resolver muchos de los casos que todavía permanecen impunes.

En la actualidad, la base de datos que depende del Ministerio de Justicia sólo se usa para casos de delitos relacionados abusos sexuales. Con esta iniciativa, se podrán usar las muestras de ADN para resolver otros tipos de casos penales. Si bien la modificación original pretendía que el registro quedara bajo la órbita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la oposición dialoguista y el kirchnerismo acordaron frustrar sus pretensiones. Permanecerá bajo la tutela del ministro Mariano Cúneo Libarona.

Carolina Losada, de la UCR, defendió la iniciativa y planteó la discusión en términos maniqueos: “si se representa el interés de las víctimas o el de los asesinos”. “Esto no debería tener ninguna grieta. ¿Quien podría no querer que un asesino, que un violador pague por sus actos?”, señaló.

Su compañero de bloque, Maximiliano Abad (Buenos Aires), apoyó la propuesta y destacó que “merece dos lecturas”. Por un lado, sostuvo que está “la modernización de las investigaciones criminales, para esclarecer una amplia gama de delitos y hacerle frente al crimen organizado, de manera profesional, transparente y eficiente”. Por el otro, subrayó la forma en que “pueden optimizarse las capacidades estatales para prestar, cada vez, mejores servicios a la ciudadanía”.

El jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy), cerró el debate y anticipó el acompañamiento de su tropa. “Nos estamos haciendo cargo de la seguridad”, dictaminó. “Esta iniciativa incluye muchos avances tecnológicos y es una herramienta más para que con datos genéticos se puedan descubrir los hechos delictovos y cortar con la impunidad de los criminales que angustia a muchos y que era la filosofía de otros gobiernos, de poner a los criminales por encima de las víctimas”, chicaneó.

Otros proyectos

El 15 de noviembre conmemora la fecha en la que fue recibida la última señal de actividad en el submarino de la Armada Argentina que se hundió en las aguas del Atlántico Sur, y que dejó un saldo de 44 víctimas. Se convirtió en ley con 59 avales.

Respecto de los acuerdos, el camarista Morán logró 57 votos a favor, sin ningún rechazo ni abstención. Hornos, en tanto, reunió el apoyo de 59 senadores, aunque con dos abstenciones: de los legisladores Juan Carlos Romero (Unidad Federal - Salta) y Juan Carlos Pagotto (LLA - La Rioja).

A pedido de la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), se aprobó por unanimidad al inicio de la sesión la incorporación al debate de un proyecto de ley para declarar la emergencia “ambiental, económica y habitacional” en zonas afectadas por los incendios en Córdoba. Tal como anticiparon los jefes de bloque José Mayans (Unión por la Patria), Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) y Eduardo Vischi (UCR), el proyecto se aprobó por un amplio consenso.

Tal como informó LA NACION, esta nueva discusión en el recinto del Senado obró como un bálsamo para la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien exhibió un funcionamiento ordinario del recinto tras una consecución de reveses. Hace dos semanas, la oposición logró sancionar por una holgada mayoría la ley que actualiza el presupuesto universitario, norma que Javier Milei aún no vetó a pesar de haberlo anticipado de manera pública, y rechazó el DNU que inyectó $100.000 millones a la SIDE para gastos reservados.

Mociones de preferencia

En la sesión se acordó que se acelere el tratamiento de algunos proyectos que los senadores consideran pertinentes. La chubutense Edith Terenzi (Unidad Federal) pidió que se traten tres proyectos para “garantizar la inclusión de personas bajo la condición del espectro autista”.

En tanto, el santafecino Marcelo Lewandowski (UxP) solicitó que se debata en comisiones una iniciativa de su autoría sobre herramientas para fomentar el desarrollo y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Hubo un pedido de dos senadores kirchneristas, Anabel Fernandez Sagasti (Mendoza) y Pablo Bensusán (La Pampa) para discutir dos proyectos que apuntan conscientizar y prevenir la ciberludopatía en niños, niñas y adolescentes. “Es un tema urgente, según la Sociedad Argentina de Pediatría, los chicos en la Argentina empiezan a apostar a los 12 años y a los 14 ya desarrollan una adicción”, indicó.

La mendocina, además, exigió celeridad en el tratamiento de una iniciativa que busca extender por el término de tres años los beneficios otorgados a los productores vitivinícolas afectados por lo que se conoce como “la polilla de la vid”.

Otra referente del bloque de Unión por la Patria, Nora Giménez, de Salta, solicitó acelerar el debate de una propuesta de su autoría que apuesta a modificar el cálculo para ajustar las cuotas de los créditos hipotecarios UVA.

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