El Senado prepara el terreno para discutir la reforma judicial en la tercera semana de agosto

Con las relaciones entre el oficialismo y la oposición en su peor momento y una votación con resultado cantado, el Senado comenzará a discutir la reforma judicial que impulsa el gobierno de Alberto Fernández , un trámite que la vicepresidenta Cristina Kirchner espera que el Frente de Todos concrete, a más tardar, dentro de tres semanas.

Al anunciado rechazo de Juntos por el Cambio a la reforma, el debate de la iniciativa en la Cámara alta le sumará un ingrediente especial: el creciente enfrentamiento entre la oposición y el Frente de Todos que se traduce en discursos y cruces verbales cargados de tensión y rencor.

Sin embargo, debajo de la humareda de la pirotecnia política están los números, que en el Senado favorecen al oficialismo por amplio margen. Aún con un senador suspendido, como José Alperovich, denunciando ante la Justicia por violación; y otro, como Carlos Menem, alejado por problemas de salud; el Frente de Todos y sus aliados suman 41 voluntades sobre el total de 72 miembros de la cámara.

El de aplicar la mayoría fue el método que casi de manera exclusiva ha aplicado Cristina Kirchner desde que, en mayo último, comenzaron las sesiones remotas como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Por eso, salvo alguna modificación de compromiso para evitar la acusación de que el proyecto fue aprobado a libro cerrado, todo indica que el trámite legislativo de la reforma en el Senado solo servirá para guardar las formas.

Una puesta en escena que comenzará este martes con la exposición de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y que se extendería en una serie de reuniones con invitados que, según el bloque que los proponga, hablarán a favor o en contra del proyecto.

Según confiaron voceros oficialistas, en las agendas de los senadores del Frente de Todos ya está reservada la tercera semana de agosto, cuando esperan que la reforma judicial desembarque para su debate, y segura aprobación, en el recinto de la Cámara alta.

La discusión de dos semanas en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia no solo servirá para guardar las formas. También tendrá como objetivo darle al oficialismo el tiempo necesario para consolidar los votos de bloques "opositores" que necesita en la Cámara de Diputados para convertir en ley el proyecto.

A este objetivo podría servir también alguna oportuna modificación al texto enviado por el Poder Ejecutivo, que ayudaría a aliviar la conciencia de varios diputados de la oposición que apoyarían el proyecto.

Discrepancias en el Senado

Las diferencias en el Senado son cada vez más irreconciliables y la reforma judicial, enviada por el Gobierno en medio de una cuarentena que ha agudizado la crisis económica que dejó el macrismo, no hará más que agravarlas.

Para Juntos por el Cambio, la iniciativa es el primer acto de una obra cuyo gran final será la modificación de la integración de la Corte Suprema de Justicia para garantizar la impunidad de Cristina Kirchner en las causas por corrupción que la tienen como protagonista.

"El sentido final de la reforma es llevar a 9 o 12 jueces la Corte o dividirla por salas con la intención de congelar las causas o que terminen en una sala penal que favorezca a Cristina Kirchner", dijo a LA NACION el legislador cordobés Ernesto Martínez, vicepresidente de la Comisión de Justicia del Senado.

Martínez será una de las voces autorizadas de la oposición durante el debate de la reforma, proyecto que calificó como "una decisión de Cristina Kirchner que Fernández está haciendo operativa". "En siete meses Alberto Fernández no pudo lograr nada para beneficiarla y ahora Cristina le impone lo que ella quiere", afirmó.

"Cristina no necesita ninguna impunidad", responde el hiperkirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén), presidente de la Comisión de Justicia, quien asegura que la reforma "no se va a aplicar para ninguna de las causas" que enfrenta la vicepresidenta.

A pesar de su inquebrantable lealtad, las acciones de Parrilli parecen estar a la baja en el mercado oficialista. Que Cristina Kirchner haya elegido como cabecera del debate la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la kirchnerista María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), es toda una señal.

Algunas flojas intervenciones en el recinto, donde suele oficiar de alter ego de la vicepresidenta, y el malestar de sus compañeros de bloque por el manejo de la Comisión de Justicia son las causas que relegarán a Parrilli a un segundo plano en el debate de la reforma judicial.

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