Alquileres: el Senado podría sancionar hoy una nueva ley que prevé contratos más largos y con más opciones de garantías
LA NACIONGustavo Ybarra
El Senado podría sancionar hoy la postergada nueva ley de alquileres, que establece un nuevo índice de actualización y extiende a tres años el plazo mínimo de los contratos y fija nuevas reglas de juegos entre propietarios e inquilinos.
La iniciativa reúne amplio consenso en todas las bancadas de la Cámara alta, que firmaron anteayer un dictamen favorable y unánime al proyecto en la Comisión de Legislación General.
Sin embargo, el tratamiento del proyecto corre riesgo de postergarse por la pretensión de la vicepresidenta Cristina Kirchner de forzar el debate en la misma sesión de una serie de decretos de necesidad y urgencia que son fuertemente rechazados por la oposición.
Al no reunir los siete días que deben mediar entre su firma y su debate en el recinto que estipula el reglamento, la única forma de tratar el proyecto sería sobre tablas, para lo cual se requiere el apoyo de los dos tercios de los presentes. Sin la oposición, es muy difícil que el oficialismo pueda habilitar el debate en soledad.
En la misma situación se encuentra el proyecto que habilita la educación a distancia para todos los niveles mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, que aprobó la Cámara de Diputados hace dos semanas y también obtuvo dictamen de la Comisión de Educación del Senado.
El de los alquileres es un proyecto largamente postergado en el parlamento que la Cámara de Diputados logró aprobar en noviembre del año pasado, después de extensas negociaciones entre las bancadas políticas y en medio de los reclamos de asociaciones de propietarios, cámaras inmobiliarias y de colegios profesionales, como el de abogados de la ciudad de Buenos Aires, que se oponen.
El texto introduce cambios en el Código Civil y Comercial en los artículos vinculados con las relaciones contractuales entre locatarios e inquilinos de viviendas dedicadas al uso familiar.
La nueva actualización
Entre los cambios más destacados figura el establecimiento de un sistema de actualización de los contratos de manera anualizada. Este procedimiento se realizará mediante un indicador conformado por los índices de precios al consumidor que elabora el Indec y el Ripte, que señala la variación de los salarios.
Además, amplía a tres años el plazo mínimo para la relación contractual, en la actualidad es de dos; y flexibiliza las garantías de pago, al permitir que se puedan usar otros mecanismos como las bancarias, además de la vivienda de un tercero.
En caso de sancionarse, la norma comenzará a regir para los nuevos contratos. Mientras tanto, rigen los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Gobierno en el marco de la pandemia de coronavirus que congelaron los alquileres y prohibieron los desalojos hasta el 30 de septiembre próximo.
Por Gustavo Ybarra
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