El Senado da luz verde al pago de indemnizaciones de $14 millones a herederos de las víctimas de 2001

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado le dio dictamen este martes a un proyecto del Poder Ejecutivo que propone una reparación histórica para las víctimas de la represión policial que se registró en medio de las jornadas de protesta del 19 y 20 de diciembre de 2001, que terminaron con la renuncia de Fernando de la Rúa a la presidencia.

El beneficio alcanzará a unas 139 personas y tendrá un costo fiscal de $1538 millones, según un cálculo realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Tras recibir dictamen con apoyo de todas las bancadas, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión de la Cámara alta. Para convertirse en ley, deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.

La compensación se pagará por única vez y obliga a quienes la reciban a declinar cualquier tipo de acción judicial contra el Estado. El texto, enviado por el Poder Ejecutivo el 21 de diciembre del año pasado, establece un desembolso de $14,1 millones de pesos para los herederos de cada una de las 39 víctimas fatales de aquellos episodios.

También se otorgará un pago de $9,9 millones a un centenar de personas y en los fundamentos de la iniciativa no se precisa la cantidad exacta que podrá acceder al beneficio, por haber sufrido lesiones gravísimas como consecuencia de la represión registrada a fines de diciembre de 2001.

El texto ingresó al Senado en diciembre último. Apenas unos días antes, el presidente Alberto Fernández había prometido enviar un proyecto de “reparación histórica” durante una reunión que mantuvo con familiares de las víctimas en ocasión de cumplirse los 20 años de la represión que terminó por acelerar la caída del último gobierno radical.

Al impulsar el tratamiento del proyecto, el oficialista Ricardo Guerra (La Rioja), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, recordó los variados antecedentes que hay sobre la materia -indemnizaciones por la desaparición forzada de personas durante la última dictadura, a exiliados y a hijos nacidos en cautiverio los 70, entre otros- y aseguró que la iniciativa “va en el mismo sentido” en cuanto a la necesidad del Estado de reparar un daño ocasionado por el accionar de sus agentes.

Se sumó la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), quien califico como “muy oportuna” la medida, pero no dejó pasar la oportunidad de cuestionar la demora en el reconocimiento. “Me parece un poco tardía esta reparación”, destacó la dirigente de La Cámpora.

En el mismo sentido se manifestó el jefe de la bancada oficialista, José Mayans (Formosa). “A lo mejor es un reconocimiento tardío, pero la gente tiene el derecho a esta reparación”, dijo. El radical chaqueño Víctor Zimmermann dio el visto bueno de Juntos por el Cambio a la iniciativa. “Es una compensación que mucha gente está esperando y tenemos que sancionarla cuanto antes”, afirmó.

Según el proyecto, la indemnización tendrá carácter de bien propio de los damnificados. En el caso de las víctimas fatales, lo recibirán sus herederos o derechohabientes. La autoridad de aplicación y, por lo tanto, donde deberá tramitarse el beneficio será el Ministerio de Justicia, se pagará en cuentas de bancos oficiales y estará exenta de gravámenes.

La base de cálculo para la indemnización será equivalente a 100 sueldos del nivel A grado 0 del escalafón del personal del Sistema Nacional de Empleo Público para el caso de los fallecidos. Por su parte, quienes reclamen el pago por lesiones gravísimas recibirán el 70% de esa compensación.

Aquellos que hayan iniciado juicio contra el Estado por los daños sufridos en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 deberán desistir de la acción. En el caso de que quienes se presenten hubieran percibido algún subsidio por aquellos hechos, lo abonado será deducido del beneficio que establece el proyecto.

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