El Senado aprobó un proyecto de ley para reducir el IVA en la tarifa eléctrica
La norma propone, además de la reducción del impuesto, que las distribuidoras no cobren cargos extras; obtuvo media sanción y será enviada a Diputados
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LA NACION
Entrada la madrugada y tras una maratónica sesión en el Congreso, el Senado de la Nación aprobó y giró a Diputados un proyecto de ley que propone reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la tarifa eléctrica, que las distribuidoras no cobren cargos extra, aumentar las regalías que cobran las provincias productoras de energía y que esto se destine a reducir la tarifa. Asimismo la norma avanza en la federalización de los costos de transporte de la energía para evitar distorsiones, entre ellas que en Buenos Aires se pague menos que en el resto de las provincias.
La iniciativa propone reducir del 21 al 5% el IVA en la tarifa eléctrica cuando se trata de consumo familiar y del 27% al 10,5% para usuarios comerciales, industriales y pymes. También establece que las distribuidoras energéticas no podrán cobrar cargos extras ya que “las tasas y contribuciones que cobran a los usuarios encarecen el precio final de la boleta de luz”.
Al explicarla, el senador Edgardo Kueider afirmó que su iniciativa “impulsa el incremento de las regalías que perciben las provincias productoras de energía, que pasarían del 12% actual al 20%, y que deberá ser destinado a la reducción del costo de la tarifa eléctrica”.
Con el mismo objetivo el proyecto impulsa el aumento del precio que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) le paga a la represa de Salto Grande por la energía que produce: “La idea es que lo que se le pague sea el promedio del mercado eléctrico mayorista y que la mitad de lo recaudado por ese aumento también sea destinado a la disminución del importe del costo final de servicio”.
“Violencia digital”
Más tarde, la Cámara alta sancionó un proyecto que modifica la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, con el fin de incorporar la figura de la “violencia digital”, conocida como “Ley Olimpia”, y que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.
La modificación fue introducida durante la reunión de la Comisión de Banca de la Mujer del Senado a raíz de que, en la sanción original, se omitió incluir las palabras “violencia política”.
La iniciativa, que llegó desde la Cámara de Diputados, incorpora la violencia digital como una modalidad de la violencia por motivos de género, aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo, conocido como “Ley Olimpia”, que toma el nombre de una ley mexicana impulsada por la activista Olimpia Coral Melo.
Fue impulsada, originalmente, por organizaciones de la sociedad civil nucleadas en un colectivo denominado “Campaña contra la Violencia Digital” que reclaman la ley a través de distintas acciones, y que incluyeron una campaña online de recolección de firmas, con unas 35.000 adhesiones a través de la plataforma digital Change.org.
Producción y elaboración de productos orgánicos
Por otro lado, en las últimas horas se convirtió en ley un proyecto de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos, que busca dar estabilidad y previsibilidad al sector por un plazo de 10 años, y que contempla diversos beneficios fiscales para emprendimientos de empresas pequeñas y medianas.
La medida establece la creación de un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de diez años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos.
El texto dice que podrán ser beneficiarios del plan los productores y elaboradores -alcanzados por la ley de Producción Ecológica, Biológica u Orgánica- que acrediten al menos un año de permanencia y cuya factura máxima se ubique en los parámetros establecidos para las empresas medianas. También se faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a crear un certificado promocional a los efectos de la operatividad del presente régimen.
Uno de los puntos claves referidos al financiamiento establece que la Jefatura de Gabinete podrá realizar las asignaciones necesarias para cumplir la ley por la suma equivalente a 12.500 módulos que en la actualidad ascienden a $100 millones.
Con información de Télam.
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