El Senado aprobó la reforma procesal penal que le da más poder a la procuradora

El Senado aprobó ayer el paquete de proyectos de ley de implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP), que entrará en vigor el 1° de marzo de 2016 en el ámbito de la justicia nacional de la Capital Federal. La oposición planteó fuertes disidencias con las iniciativas, en particular la que reforma el Ministerio Público Fiscal, alertando sobre las amplias facultades que le otorga a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Sobre la base de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, la Cámara alta discutió seis proyectos de ley -los de implementación más el nuevo régimen de subrogancias para ocupar juzgados vacantes, como se informa por separado- en un único debate. El método se explica en el apuro que tiene una gran mayoría de senadores por volver a sus distritos para dedicarse a la campaña electoral.

Así, en poco más de cuatro horas, y con la intervención de apenas diez legisladores, el Senado aprobó los proyectos de implementación del nuevo CPP; de ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría Pública Nacional; de organización y competencia de la justicia nacional y federal, y de modificación del Código Penal en materia de extinción de la acción. Ahora, los proyectos deberán ser tratados por la Cámara de Diputados.

La iniciativa más cuestionada fue el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que pone en manos de su conductor nuevas potestades, que van desde la designación sin concurso de fiscales en cargos especiales hasta la posibilidad de dar instrucciones sobre cuáles causas impulsar y cuáles archivar o dejar en segundo plano.

"Vemos con altísima preocupación la gran concentración de facultades en el procurador general de la Nación", alertó Ángel Rozas (UCR-Chaco).

En ese sentido, el senador radical citó como ejemplo de ese poder la potestad que tendrá de designar fiscales de distrito. Tras destacar que serán "designados a dedo" por la jefa de los fiscales, Rozas señaló que esos funcionarios tendrán en sus manos el poder de disponer de las acciones penales que se impulsarán y el reparto de causas entre los fiscales ordinarios en su órbita.

Por su parte, Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis) dijo que el proyecto le "da una discrecionalidad absoluta (a la procuradora) no sólo para designar cargos, sino respecto de los temas y los casos a seguir, sin ningún criterio objetivo" que guíe esa determinación.

En defensa de los proyectos habló Rodolfo Urtubey (FPV-Salta), en su condición de presidente de la comisión bicameral, que analizó el paquete de iniciativas de implementación del nuevo código de rito en materia penal. Destacó los cambios realizados por la comisión a los proyectos, muchos de ellos a partir de los reclamos planteados por miembros del Poder Judicial y organizaciones de magistrados ante la bicameral.

Además, Urtubey sumó nuevas modificaciones a los dictámenes firmados la semana pasada. La más importante fue la inclusión de una mayoría calificada de cinco votos, sobre un total de siete integrantes, para que el jury de enjuiciamiento del Ministerio Público pueda destituir a un fiscal.

Sin embargo, los cambios en el proyecto no conformaron a la oposición. Mario Cimadevilla (UCR-Chubut) denunció que la iniciativa deja abierta la posibilidad de que "el Poder Ejecutivo le dé directivas a la procuradora" sobre qué acciones y causas impulsar. "No puedo dejar de analizar estos proyectos por separado de lo que fue el intento del Poder Ejecutivo de sojuzgar a la Justicia", agregó el senador radical.

Urtubey, en tanto, también destacó como una mejora la postergación por seis meses de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, que en la versión original estaba prevista para el 1° de septiembre, y la eliminación de las cuatro jurisdicciones en las que se había dividido la Capital Federal, que continuará como un distrito único.

También mereció cuestionamientos el proyecto de organización y competencia de la Justicia. Así, Gabriela Michetti (Pro-Capital) criticó que el nuevo CPP se aplique sólo en la justicia nacional y no en la federal penal. "Este código debería aplicarse prioritariamente a la Justicia Federal, y la parte que concierne a la justicia ordinaria con asiento en la ciudad de Buenos Aires debería consistir en una planificación ordenada del traspaso de este fuero a la Ciudad"; se quejó Michetti.

ángel rozas

UCR-Chaco

"Vemos con altísima preocupación la concentración de facultades en el procurador general de la Nación"

Liliana negre

PJ-San Luis

"Da una discrecionalidad absoluta [a la procuradora] no sólo para designar cargos, sino respecto de los temas y los casos a seguir"

Rodolfo urtubey

FPV-Salta

"Se cumple conla ley de acceso democrático a la Justicia. Se va a transparentar cómo va a ser el ingreso del personal"

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