El Senado aprobó el proyecto que habilita al Presidente a disponer restricciones por la pandemia del coronavirus
El texto, que ahora deberá ser discutido por la Cámara de Diputados, sufrió más de 30 modificaciones; cruce de acusaciones entre el oficialismo y Juntos por el Cambio
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Mientras el Gobierno anunciaba un nuevo decreto con limitaciones más duras, el Senado aprobó el proyecto con el que Alberto Fernández pretende fijar por ley “parámetros objetivos” para establecer las restricciones a la circulación para tratar de contener la pandemia de coronavirus.
El proyecto fue aprobado por 38 votos a favor y 26 en contra. La mayoría oficialista y sus aliados alcanzaron para aprobar la iniciativa, que fue rechazada por el arco opositor con fuertes cuestionamientos al avasallamiento de las jurisdicciones provinciales que establece el texto.
A pesar de haber recibido más de 30 modificaciones, algunas incorporadas al dictamen apenas minutos antes de empeza la sesión, el proyecto mantiene en manos del Poder Ejecutivo la facultad de disponer el cierre de las escuelas para aquellos conglomerados urbanos de más de 400.000 habitantes que se encuentren en la situación que el texto define como “alarma epidemiológica”.
Son los mismos parámetros establecidos en los decretos de necesidad y urgencia 235, 215 y 287, con algunos cambios cosméticos, que llevaron a la dura confrontación política que desde hace más de un mes sostienen Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la presencialidad de las clases y sobre el que laudó la Corte Suprema dándole la razón a la Ciudad en cuanto a que esos DNU vulneran su jurisdicción.
Sin hacer mención a las falencias del operativo de vacunación del Gobierno, el oficialismo cerró filas en defensa del proyecto con duras críticas a Juntos por el Cambio, sector de la oposición al que acusó de usar su rechazo a las restricciones impuestas por el Poder Ejecutivo como herramienta de campaña electoral.
La oposición contraatacó acusando al Gobierno de usar la pandemia como excusa para acumular poder en las manos del jefe del Estado, al tiempo que insistió en tildar de inconstitucional las disposiciones del proyecto.
“Hay una sobreactuación del jefe de Gobierno porteño en nombre de un federalismo que no comprendemos”, afirmó María de los Angeles Sacnun (Santa Fe), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro informante del oficialismo, antes de preguntarse: “¿no sé qué fue lo que pasó?” “¿Se habrá utilizado de modo electoral las más de 70.000 muertes?”, completó, de manera retórica, la senadora.
La réplica opositora estuvo a cargo de Mario Fiad (UCR-Jujuy), quien calificó el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso como “un intento de dar un maquillaje de legalidad a una incorrecta delegación legislativa”.
“El único objetivo de este proyecto es concentrar funciones en el Poder Ejecutivo, para el que la pandemia es una excusa válida para ir por todo”, denunció el presidente de la Comisión de Salud.
Por el contrario, Sacnun elogió la decisión del Gobierno de impulsar la regulación de las restricciones por ley. “Mas democrático y más republicano que esto, en el marco de una pandemia como no teníamos memoria, no puede haber”, dijo.
En ese sentido, cuestionó a quienes defienden el mantenimiento de las escuelas abiertas. “El derecho más importante es el de la salud, a la vida, en torno a este derecho es como se construyen el resto de los derechos que pasan a ser instrumentales”, destacó Sacnun, antes de asegurar que “sin salud no tenemos derecho a la educación, al empleo”.
A su turno, Martín Lousteau (UCR-Capital) respondió las preguntas retóricas del oficialismo y explicó el cambio de actitud de Rodríguez Larreta “en las promesas incumplidas” del Gobierno a la hora de avanzar con el plan de vacunación y “al cansancio de las familias ante la incertidumbre económica”.
Lousteau también acusó al oficialismo de “instalar una ficción de debate y de acuerdo” al remitir el proyecto al Congreso, envío que, dijo, estuvo motivado en el enojo del Gobierno por el traspié judicial en la Corte.
“Esto tiene un nombre: es el trabajo a reglamento. Este proyecto se parece a una democracia y federalismo a reglamento, parece cumplir con formas, pero cuando uno hurga un poco, falta”, concluyó el radical porteño.
El provincial Alberto Weretilneck (Río Negro), al final cambió de postura y terminó apoyando el proyecto, con el argumento de que algunos de los cambios sugeridos fueron aceptados y que ningún gobernador levantó la voz contra las disposiciones de la iniciativa.
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