El rompecabezas criminal que tiene a Cristina Kirchner como beneficiaria

Aunque resta definir qué pasará en la Cámara Federal de Casación Penal con la causa Hotesur-Los Sauces, una investigación decisiva para Cristina Fernández de Kirchner, la sentencia que recibió en la causa Vialidad fue más que una condena. Representó una pieza clave para armar el rompecabezas delictivo de las últimas dos décadas, según reconstruyó LA NACION en base a los testimonios de cuatro de los mayores expertos antilavado del país.

Esos cuatro expertos coincidieron en que ambas investigaciones penales son eslabones que permiten comprender cómo funcionó la extracción criminal de fondos del Estado nacional a través de la obra pública, cómo se traspasaron esos fondos al circuito legal negro, su blanqueo posterior y su reintegración al circuito legal hasta terminar en los bolsillos de los Kirchner.

Los cuatro expertos, sin embargo, pidieron mantener sus nombres en reserva para evitar represalias. Dos ocuparon cargos de liderazgo en la unidad antilavado (UIF) en distintos gobiernos; y los restantes dos se desempeñan en la academia, han escrito libros sobre el lavado de activos y ejercen sus profesiones como abogado y contador.

La primera fase quedó en evidencia y definida como criminal en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal N°2 concluyó que la actual vicepresidenta y otros funcionarios administraron de manera fraudulenta más de $84.000 millones del presupuesto público para beneficiar a Lázaro Báez. Es decir, fondos del Estado nacional que se desviaron a fines delictivos. “Allí estuvo el primer ardid, direccionando la obra pública a ciertos bolsillos”, indicó uno de los exreferentes de la unidad antilavado local.

Extracción de fondos

El siguiente paso todavía no registró una condena penal, aunque ya varios de sus protagonistas reconocieron su malhacer ante la Justicia o la AFIP. Consistió en la extracción de un tramo sustancial de esos fondos de los balances de Austral Construcciones y otras empresas del grupo Báez para que, ya en negro, disponer de ese dinero para pagar sobornos, evadir impuestos o girarlos a paraísos fiscales: de Suiza al Caribe.

Ese paso se apoyó en dos prácticas recurrentes, coincidieron los expertos que consultó LA NACION. La primera, el uso intensivo de las facturas truchas para justificar la salida de esos fondos de los balances de las empresas. Así es como Gotti Hermanos, Badial y otras constructoras de Báez acumularon tropiezos con el fisco durante años. También, Austral Construcciones y Adelmo Biancalani, que recurrieron a usinas de facturas apócrifas.

La presencia de Báez y acólitos como Julio Mendoza y Claudio Burgas por Bahía Blanca y Chaco levantó polvareda. El entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, llegó a cerrar la Regional de Bahía Blanca en un intento por tapar y solucionar el entuerto. Pero fue demasiado tarde. La Justicia abrió una investigación penal y, ocho años después, dos grupos empresarios bahienses –los Ficcadenti y los Ferreyra– se encaminan hacia un juicio oral por ayudar a Báez a evadir más de $673 millones con facturas truchas. Con un dato adicional: ellos mismos admitieron que emitieron facturas truchas o la AFIP determinó que algunas de sus empresas eran simples sellos de goma.

Austral Construcciones tampoco salió indemne. En Buenos Aires, el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart elevó a juicio oral la presunta evasión multimillonaria de los impuestos a las Ganancias y Valor Agregado (IVA) que el supuesto testaferro de la familia Kirchner y sus colaboradores desarrollaron con esa constructora durante años. Deberán sentarse en el banquillo ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3. Y en Chaco, el Tribunal Oral Federal de Resistencia también juzgará a Báez y otros por otra presunta evasión con facturas truchas, aunque a través de la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”.

Un protagonista del entuerto que ya fue condenado por la Justicia, Leonardo Fariña, confirmó la metodología: “Se utilizaban facturas apócrifas como método para pasar del negro al blanco”, señaló durante el juicio oral por la llamada “ruta del dinero K”. Entonces le preguntaron cómo sabía que esas facturas eran apócrifas. “Por el Señor Bustos”, replicó. “Fue quien terminó de hacer el contacto con Nación Fideicomiso”.

La metodología de las facturas truchas no fue, sin embargo, la única forma de lograr que fondos blancos escaparan de los controles de los auditores externos, de la AFIP, de la UIF y otros organismos públicos. Las empresas de Báez también apelaron de manera intensiva al descuento de cheques en financieras, cooperativas y mutuales que, a cambio de un porcentaje variable, entregaron dinero en efectivo. ¿Un ejemplo? Ernesto Clarens, controlante de Invernes, quien debe afrontar un juicio oral por el presunto blanqueo de al menos US$160 millones de la obra pública. ¿Cómo? A través de Invernes y Coficred, que permitía a las constructoras extraer efectivo por ventanilla en el Banco Macro. Dato adicional: Clarens ya se acogió al régimen del “arrepentido” en la “causa Cuadernos”.

“El descuento de los cheques fue y sigue siendo una herramienta habitual para la trampa”, recordó otra de las fuentes consultadas. “Recuerde, por ejemplo, Fútbol para Todos”, precisó. En efecto, tanto esa iniciativa del kirchnerismo, como también el programa “Sueños Compartidos” de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, entre otros, recurrieron al descuento de cheques en 29 financieras encabezadas por la firma Amigal, según determinó un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Circulación ilegal

La causa por “la ruta del dinero K” fue, precisamente, parte del siguiente eslabón. Porque decenas de millones de dólares en negro se giraron al exterior, a través de “la Rosadita” y otras cuevas de la City porteña para recalar en Suiza, el Principado de Liechtenstein, Luxemburgo, la Isla de Man, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Seychelles y otros paraísos fiscales, tal y como también lo hizo el ya fallecido secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner Daniel Muñoz, por al menos US$70 millones.

Tanto Báez como Fariña y otros acusados, cabe recordar, terminaron condenados en 2018 por esas prácticas. El Tribunal Oral Federal N°4 dispuso 12 años de prisión para el presunto testaferro de los Kirchner, en un veredicto que también halló culpables a sus cuatro hijos y a Fariña (cinco años), entre otros. Y ordenó el decomiso de más de US$59,8 millones.

Ese y otros decomisos vinculados a esta operatoria, recordó un abogado especializado en la prevención y lucha contra el lavado de activos, podría ejecutarse incluso sin que mediara una condena. “El artículo 305 del Código Penal habilita el decomiso definitivo sin condena cundo se comprueba el origen ilícito de los fondos o el acusado lo reconoce”, detalló.

La operatoria criminal, sin embargo, no concluyó allí. Báez y sus cómplices encararon entonces la tercera etapa, que los expertos definen como “integración”. Es decir, la compra de bienes –propiedades, rodados, joyas, arte, entre otras opciones- y la inversión en actividades o servicios de rentabilidad que en ocasiones es sólo aparente. Como también hizo Muñoz, quien compró condominios en Miami y dos departamentos en el Plaza Hotel de Nueva York.

Reciclaje de fondos

Báez procedió al reciclaje de esos fondos, que también quedó bajo la lupa de la Justicia, de la UIF y de la AFIP por más de $1300 millones. Por ejemplo, a través de su constructora Badial que terminó por admitir ante el organismo tributario que se fondeaba con valijas de dinero en efectivo que traía por barco desde Uruguay y que ingresaba en sus cuentas por ventanilla del Banco Nación en Río Gallegos.

Ese fue, apenas, un episodio de muchos. También se detectó la constitución de un supuesto fideicomiso en Uruguay, denominado FITA -aunque jamás se registró ante las autoridades regulatorias de ese país-, con fondos que en teoría provenían de una mediación que ganó Báez tras un hipotético proyecto en Belice montado con una presunta sociedad comercial en Curazao que en realidad estaba extinta desde hacía años.

También se sumó un flujo proveniente de Suiza. Fue un presunto préstamo por $435 millones de Helvetic Service Group, según verificó el juez federal Sebastián Casanello a instancias de un reporte de la UIF. Es decir, de la firma radicada en Suiza, cuyo responsable era el cordobés Néstor Marcelo Ramos, quien arrastraba un pedido de captura y que fue investigado hasta su muerte por lavar dinero de Báez, de magnates chavistas y de políticos italianos.

Final de recorrido

En ese contexto, la “causa Hotesur – Los Sauces” surge al final del recorrido. La sala de la Casación que conforman Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone deben evaluar si confirman el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, Báez y otros acusados que dispuso el Tribunal Oral Federal N° 5 sin celebrar un juicio oral o si revoca esa decisión, como pidió el fiscal ante la Casación Mario Villar.

En esa causa, la acusación se centra en dos ejes. El primero, Hotesur, por al menos $35 millones que empresas de Báez le pagaron a la familia Kirchner por cientos de habitaciones y salones cada mes en el hotel Alto Calafate que jamás usaron. El segundo, Los Sauces, por los inmuebles que Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa le alquilaron a los Kirchner, tanto en Santa Cruz como en la ciudad de Buenos Aires. “Ese fue el segundo ardid, para introducir fondos en una operatoria en apariencia real”, indicó un exreferente de la UIF.

Otro detalle: al menos dos de las empresas de Báez involucradas en la maniobra hotelera ya admitieron ante la Justicia y ante la AFIP que los supuestos alquileres de esas habitaciones fueron apenas un dibujo. Las sociedades “Don Francisco” y “La Estación” –ambas de Río Gallegos, distante 300 kilómetros de El Calafate–, así lo confirmaron en el expediente por “la ruta del dinero K” y en la investigación por evasión que tramitó ante el juez en lo Penal Económico López Biscayart.

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