El riesgo de perderse en el laberinto de la autopreservación judicial

A la espera de nuevas pruebas, la investigación contra el juez federal Luis Rodríguez atraviesa una encrucijada: si no aparecen en los próximos días elementos que acrediten un nivel de vida difícil de justificar con sus ingresos, la acusación en su contra recorrerá un largo derrotero en el Consejo de la Magistratura .

A pesar de haber beneficiado a Daniel Muñoz de manera manifiesta, el caso Rodríguez está a punto de ingresar en el laberinto que atraviesan expedientes que involucran a otros colegas suyos, como Ariel Lijo y Rodolfo Canicoba Corral . Expedientes que acumulan prueba, sin resolución.

El mensaje desde la Casa Rosada en este caso fue contundente: solo habrá luz verde para presionar un dictamen acusatorio contra Rodríguez si hay pruebas sobre su posible enriquecimiento. El oficialismo prefiere mirar de lejos los conflictos judiciales en un año electoral.

Un departamento en Capital, una casona en un country, una camioneta Audi y depósitos bancarios son los bienes declarados por el juez. Hizo dos viajes al exterior por año -según los registros de Migraciones- y desde el entorno del magistrado aseguran que sus gastos de tarjeta de crédito están ordenados.

El tema se conversó informalmente ayer durante una reunión entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, y los consejeros. Si la acusación por el supuesto soborno no prospera, el sector más optimista del oficialismo intentará explorar una acusación por mal desempeño sobre la base del dictamen de la Cámara Federal que desplazó a Rodríguez del caso Muñoz, al señalar los reiterados beneficios que le permitieron a su viuda, Carolina Pochetti, mantener la libertad y así esconder US$70 millones en paraísos fiscales.

Pero en el Consejo todavía resuena un concepto casi sagrado para muchos: "No se puede echar a un juez por el contenido de su sentencia, por más mala que sea". Sin el apoyo de los representantes de los jueces, los más férreos defensores de esta doctrina, la acusación contra Rodríguez difícilmente avance.

"Nosotros no vamos a perseguir a nadie", dijo un juez con ascendencia en el Consejo. "Si la opinión pública y el periodismo tiene plazos cortos, acá no tenemos apuro para hacer Justicia", desafió el magistrado.

El Consejo será testigo esta semana como nunca antes de esos reclamos. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires convocó para mañana una marcha que promete una masiva convocatoria frente al organismo para profundizar la auditoría sobre los juzgados federales.

La iniciativa también fue apoyada por Elisa Carrió, la más crítica de la Justicia dentro de Cambiemos. Sus reclamos por los manejos del Gobierno con jueces federales ya causaron varios dolores de cabeza a más de un personaje de la mesa chica de la Casa Rosada.

La diputada sigue atenta el paso de su denuncia penal contra el juez Ariel Lijo, su hermano Alfredo Lijo y Julio De Vido, entre otros, tanto en los tribunales como en el Consejo. Esta semana pedirá vista, además, del expediente que investiga el crecimiento patrimonial de Canicoba Corral, una investigación a cargo del consejero Juan Pablo Más Vélez.

Encarar un estudio retrospectivo de los juzgados federales es algo que preocupa a todos en Comodoro Py : pasa que son muchos los casos que quedaron perdidos en el laberinto del Consejo.

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