El reparto de los planes sociales: sólo el 17% son controlados por intendentes y gobernadores
Cristina Kirchner profundizó la puja en el oficialismo por el plan Potenciar Trabajo; el 75% está en manos de movimientos sociales, cooperativas y asociaciones civiles y religiosas
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LA NACIONMaia Jastreblansky
Solo un 17% de los planes sociales son controlados por los intendentes y los gobernadores. El resto mayoritariamente está en manos de “entes no gubernamentales”: los grandes movimientos sociales pero también cooperativas barriales, entidades religiosas, y asociaciones civiles. Los números explican por qué Cristina Kirchner tocó un nervio que atraviesa a todo el oficialismo cuando dijo que la ayuda del Gobierno “no puede seguir tercerizada”. Su reclamo abroqueló a todos los caciques comunales y provinciales y dañó a los grupos piqueteros que le ofrecen sustento político a Alberto Fernández.
Los datos, provistos por el Ministerio de Desarrollo Social a LA NACION, muestran que el Gobierno no tiene un control exhaustivo sobre lo que ocurre con los planes sociales en el territorio profundo. De los 1.271.215 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, 218.604 (17%) están encuadrados en municipios y gobernaciones y 954.651 (75%) están en manos de unidades no gubernamentales, pero hay 97.960 (8%) de los que no se tiene información aún.
Cada vez más activa, Cristina buscó interiorizarse sobre la ayuda social, a sabiendas de que el tema desvela a los intendentes, porque son fondos que permean rápidamente en sus territorios. Principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde se concentran 649.008 beneficiarios (el 51% del total), con un gasto mensual de unos $10.400 millones. La vicepresidenta ya convocó dos veces al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta para hablar del tema.
El Potenciar Trabajo (que fusionó al Salario Social Complementario con el programa Hacemos Futuro) tiene 1,2 millones de beneficiarios y representa un presupuesto de unos $227.100 millones anuales. Las personas perciben una asignación de $19.470 y a cambio deben cumplir una tarea laboral, comunitaria o educativa. Dicha contraprestación debe acreditarse ante una “unidad de gestión o certificación (UG)” -un municipio, una cooperativa, una asociación civil o religiosa- que certifica el cumplimiento para el cobro.
“El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé la alta y la baja”, lanzó Cristina y apuntó elípticamente al Movimiento Evita. Se trata de la agrupación que hoy le ofrece al Presidente respaldo político crucial para transitar la crisis interna del Frente de Todos.
Migración a cuentagotas
En rigor, la vicepresidenta se montó sobre una agenda discreta que ya venía caminando Zabaleta. Es que el 29 de diciembre último, el Ministerio de Desarrollo Social inauguró un mecanismo para que los beneficiarios del Potenciar Trabajo puedan solicitar el traspaso de su “unidad de gestión y certificación” (UG). El cambio es voluntario, vía formulario, pero el ministro lo hizo con la intención de fortalecer a los municipios y las provincias en el reparto. En seis meses, unas 180.000 personas (un 15% de los beneficiarios) pidieron el traspaso. Con la decisión de no ampliar el universo de planes, la migración favorece a unos en detrimento de los otros.
Según pudo saber LA NACION, Zabaleta mantendrá abierto el mecanismo para que los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo soliciten el pase. Se espera así una migración a cuentagotas, en favor de los intendentes y gobernadores. “La decisión del ministerio es cuidar a la gente, que el beneficiario sea libre de elegir dónde quiere trabajar”, argumentan cerca del ministro.
No hay datos abiertos sobre la distribución, pero según fuentes de las propias organizaciones, hoy el Movimiento Evita tiene 130.00 planes; Somos Barrios de Pie, (de Daniel Menéndez) tiene100.000; la Corriente Clasista y Combativa (CCC), 60.000 y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois, 50.000. Esos grupos abrevan en el Frente de Todos. Dentro de las organizaciones de izquierda -opositoras al Gobierno- el Polo Obrero controla unos 60.000 planes, Libres del Sur unos 86.000, el Movimiento Teresa Vive, 13.000 planes y el FOL, 45.000.
Los movimientos sociales salieron a cruzar a Cristina y a reivindicar el trabajo que realizaron en los barrios, principalmente en la pandemia. Argumentaron que si ellos controlan los planes es porque tienen presencia en lugares donde el Estado no llega. “La idea de que los intendentes vuelvan a administrar los planes es un retroceso”, dijo esta semana el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, que a su vez se desempeña como funcionario del ministerio de Desarrollo Social. Fuentes del Gobierno, en tanto, reconocieron que durante la pandemia los subsidios se entregaron pero las tareas a realizar como contraprestación se frenaron.
Causa común
Con su discurso del lunes, Cristina logró hacer causa común con los intendentes del conurbano. Los gobernadores también se alinearon con su discurso. No contenta con eso, la vicepresidenta volvió a agitar el tema el miércoles. Publicó en Twitter que el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, le llevó una “propuesta” para transformar los planes sociales en trabajo.
Lo que Zurro le propuso a Cristina Kirchner es que los 300 beneficiarios del Potenciar Trabajo de su ciudad -que están bajo la órbita de grupos piqueteros y cooperativas de reciclado- pasen a trabajar para el municipio con control de asistencia y el pago de un adicional. Apenas lo escuchó, la vicepresidenta le pidió al intendente de Pehuajó que le reenviara vía WhatsApp el plan a Zabaleta. El ministro respondió que ya estaba trabajando en el tema.
El Ministerio de Desarrollo Social, en tanto, expuso que en las solicitudes de pase del Potenciar Trabajo, salieron a la luz situaciones irregulares. Apuntaron al Polo Obrero -la agrupación más combativa contra el Gobierno- que obliga a entregar un aporte del 2% del plan para la organización. Un intendente que trabajó activamente para “emplear” a beneficiarios del programa social se preguntó: “¿Qué va a ser Zabaleta cuando tenga que sacarle planes al Movimiento Evita?”.
El interrogante de fondo, en definitiva, es qué actitud adoptará Fernández. “Alberto está de acuerdo en darle libertad de elección a la gente”, dijeron a LA NACION muy cerca del jefe de Estado. En el Movimiento Evita y en otras organizaciones sociales, sin embargo, esperan que el Gobierno no las perjudique. Ayer, tras una semana de mucha tensión, el Presidente habló con Pérsico y le prometió “formalizar la economía popular”. Todavía no hay una iniciativa clara.
No tranquilos con eso, los movimientos buscarán fortalecerse en la interna. El 26 de julio, posiblemente con un acto en un estadio de fútbol, el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la CCC lanzarán un partido político que los aglutine. Un importante referente de uno de esos grupos advirtió: “Si desde la gestión nacional hay una decisión de corrernos de la política social, el Gobierno va a tener pocas posibilidades. Somos nosotros los que estamos en los barrios. Está todo muy frágil en el Frente de Todos como para apartarnos”.
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