El reparto de los fondos públicos será clave para la disputa proselitista
El Gobierno debe todavía definir el monto; el sello del PJ garantiza una buena cantidad de recursos
Es un efecto colateral de los cuadernos de las coimas , pero promete volverse clave en los próximos meses. El escándalo de corrupción por el que hay más de una treintena de empresarios procesados proyectará su sombra sobre el financiamiento de la próxima campaña electoral. Entre los empresarios locales cunde un temor fuerte y persistente a volver a aportar a la campaña de cualquier candidato, o de varios a la vez, como era habitual. Esa circunstancia, imprevista hasta el estallido del caso, potencia la importancia de los aportes estatales.
Se trata de sumas de dinero para nada despreciables que los frentes electorales reciben en un 50% en partes iguales y el resto según los resultados de la última elección.
Actualmente, las empresas y los empresarios pueden donar dinero a los partidos políticos, pero no a los frentes electorales, que son las alianzas que conforman antes de cada elección para poder competir.
La nueva ley de financiamiento, que el Senado debatiría esta semana, autoriza los aportes de privados a los frentes electorales, es decir, a las fuerzas políticas en campaña.
La ley vigente establece que las personas físicas, por ejemplo los empresarios, pueden aportar hasta $6.300.000 millones a los partidos políticos. El tope para las personas jurídicas, siempre para los partidos y no para los frentes, en tanto, es de $3,1 millones.
El aporte estatal que cada frente electoral recibe por voto surge de una resolución del Ministerio del Interior en la que se fija un monto fijo por sufragio. El ministro Rogelio Frigerio todavía no la emitió, por lo que el cálculo para este año es todavía una incógnita.
Los últimos datos oficiales disponibles para la candidatura de presidente y vice son los de 2015, que, a su vez, se calcularon en su momento a partir de los resultados de 2011, cuando Cristina Kirchner ganó la elección con el 54 por ciento.
Para la campaña de 2015 el Frente para la Victoria, que tuvo a Daniel Scioli como candidato, recibió $54.541.441, tanto para imprimir boletas como para destinar a actividades proselitistas para las PASO, las elecciones generales y el ballottage, en el que Scioli perdió con Mauricio Macri.
Para cubrir los mismos rubros y en las mismas instancias electorales, Cambiemos recibió en 2015 $43.759.938 del Estado.
Aunque el Ministerio del Interior todavía no estableció el aporte estatal por voto, inflación de los últimos cuatro años mediante, los montos que los frentes recibirán para afrontar la próxima campaña serán mucho mayores.
Según el Indec, entre diciembre de 2016 y febrero de 2019, la inflación acumulada fue de 96%. Durante los primeros meses de 2016, con Cambiemos ya en el poder, no hubo índices oficiales por el apagón estadístico.
A modo de ejemplo, si se toma ese porcentaje, y sin considerar la cantidad de votos de 2015, que fue superior a la del FPV, Cambiemos recibiría $85.769.478 millones.
El caso del Frente la para Victoria promete polémica. Lo que en 2015 fue el frente kirchnerista, cuya denominación y composición para estas elecciones son todavía un misterio y dependerán de cómo se resuelva la interna peronista, recibiría $106. 901.224.
Alrededor del 80% de ese dinero irá a parar a las arcas del PJ, que es el partido con mayor cantidad de afiliados de los que en su momento integraron el FPV.
La pregunta es: ¿quién se quedara con el sello del PJ y por lo tanto con unos 85 millones de pesos? Si fuera candidata, ¿resignaría Cristina Kirchner ese dinero por su histórica aversión al partido de Perón?
La respuesta es un misterio y está atada a cómo decante la interna que hoy enfrenta a kirchneristas y peronistas anti-K. El dinero en juego no es poco.
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