El regreso de Carlos Zannini: ¿de la cárcel a jefe de los abogados del Estado?
LA NACIONPaz Rodríguez Niell
Carlos Zannini volvió y organiza su desembarco en el Poder Ejecutivo. El exsecretario de Legal y Técnica y cerebro jurídico del kirchnerismo, excarcelado el año pasado después de 107 días en prisión, se prepara para ser el próximo procurador del Tesoro.
Si se concreta su designación, en menos de dos años va a haber pasado de preso acusado del encubrimiento del mayor atentado terrorista del país a jefe de todos los abogados del Estado.
Por lo pronto, ya fueron sondeados funcionarios que podrían acompañarlo y él, instalado estos días en Buenos Aires, empezó a conversar con algunos interlocutores sobre sus planes "a mediano y largo plazo" para la Procuración, planes que –relató un hombre que habló con él- podrían incluir hacerla crecer en funciones nucleando, por ejemplo, la representación del Estado en las querellas que hoy llevan adelante organismos nacionales como la Oficina Anticorrupción.
Alguien de estrecha confianza del presidente electo, Alberto Fernández, dijo ayer a LA NACION que no había nada confirmado pero que Zannini en la Procuración del Tesoro "sería una muy buena designación", y una "reivindicación" después de una detención "tan injusta". La causa por la que estuvo preso es la del memorándum con Irán, la de la denuncia del fiscal Alberto Nisman. En ese expediente, Zannini sigue procesado por encubrimiento agravado y, según el juez Claudio Bonadio, el delito podría ser incluso "traición a la patria". Sin embargo, esta no es una causa que hoy preocupe al kirchnerismo. A pesar de que el caso se elevó a un tribunal oral hace más de un año y medio, todavía no se fijó la fecha de inicio del juicio. Además, en los últimos 80 años no hay precedentes de condenas por traición a la patria y no parece que esta vaya a ser la primera. Y Carlos Menem, juzgado en la causa original por encubrimiento del mismo atentado, terminó absuelto.
En el reparto de poder dentro del Frente de Todos el significado del regreso de Zannini es indudable. El es Cristina Kirchner ciento por ciento. Tiene con ella una historia que se remonta a cuando el hoy presidente electo no existía todavía en el mundo kirchnerista. Zannini fue uno de los fundadores, en los 80’, de Los Muchachos Peronistas, la unidad básica del barrio El Carmen, en Río Gallegos, donde nació el kirchnerismo. Desde entonces, en Santa Cruz y Buenos Aires, fue arquitecto legal de sus principales proyectos. Llegó a ser presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz antes de su salto a la Secretaría de Legal y Técnica nacional, siempre por impulso de Néstor Kirchner. En 2015, fue Cristina quien intentó encumbrarlo al ubicarlo como candidato a vicepresidente de Daniel Scioli, en la fórmula que terminaría perdiendo con Mauricio Macri-Gabriela Michetti.
Desde su salida de la cárcel, Zannini venía manteniendo un bajísimo perfil, pero ayer apareció en la presentación del libro Lawfare, de Rafael Bielsa.
Mientras compartieron gobierno, a Zannini y a Alberto Fernández se los percibía como rivales internos por la confianza del matrimonio Kirchner. En un intento por mostrar unidad en el Frente, ayer en el kirchnerismo recordaban que Zannini había hecho algún gesto con Marcela Losardo -quien hoy aparece con más chances para ser la nueva ministra de Justicia- para que se quedara en el gobierno de Cristina Kirchner después de que Fernández renunció a la Jefatura de Gabinete, en 2008.
En la causa del memorándum con Irán, Zannini sigue procesado por encubrimiento agravado y, según el juez Claudio Bonadio, el delito podría ser incluso "traición a la patria
Para Zannini este cargo vendría con una reivindicación extra. Su hijo Francisco había sido nombrado, durante el kirchnerismo, como empleado de planta permanente de la Procuración del Tesoro. Cuando el macrismo llegó al poder revocó esa designación y lo devolvió al régimen de empleado contratado.
La Procuración del Tesoro
El cargo de procurador del Tesoro implica hoy el control sobre la estrategia judicial de unos 2.200.000 procesos en los que el Estado es parte, según los cálculos del Gobierno. Se trata, básicamente, de juicios radicados en la Corte Suprema y en tribunales del exterior. El más grande es el de YPF. Es un juicio por monto indeterminado, pero fuentes del gobierno actual advierten que están en juego miles de millones de dólares, un valor que podría incluso superar el precio de la compañía. El proceso está en el juzgado de Loretta Preska, en Nueva York. ¿Cómo afectará a la defensa el cambio de gobierno? Es algo que sin dudas siguen de cerca los tribunales internacionales. A punto tal que en septiembre pasado, la jueza había decidido suspender los plazos del proceso por las elecciones presidenciales argentinas.
La Argentina se quejó. "La orden puede ser interpretada, incorrectamente, como indicando que la autoridad legal de la actual administración es difusa porque hay un comicio en el horizonte", escribió la Procuración, hoy a cargo de Bernardo Saravia Frías. Preska, en una nota a mano en el expediente, dijo que esa no había sido su intención.
A nivel nacional, la Procuración interviene, por ejemplo, en los juicios de las provincias contra el Estado Nacional por IVA y Ganancias que están en la Corte. Las provincias consiguieron medidas cautelares a su favor, pero quedan los casos de fondo, ¿los desistirá el nuevo gobierno?
Otro planteo pendiente en la Corte es el de inconstitucionalidad de Felipe Solá contra el decreto de Macri que amplió el acceso al blanqueo de capitales a familiares de funcionarios. La Procuración del Tesoro sostuvo que Solá no estaba legitimado para plantear el caso y eso es lo que hoy tiene para resolver el tribunal. Difícilmente el nuevo gobierno vaya a mantener el recurso del Estado contra Solá cuando Solá esté sentado en el gabinete.
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