El proyecto de educación sexual integral puede perder estado parlamentario
El proyecto que busca implementar de forma obligatoria la Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas públicas y privadas del país quedó afuera del temario para tratar en la Cámara de Diputados y ahora está a un paso de perder estado parlamentario.
En medio de una fuerte presión de legisladores y entidades que están en contra de la "ideología de género" y de la despenalización del aborto, no hubo acuerdo entre los bloques para incorporar el proyecto a la agenda de hoy. Si la iniciativa, que tiene dictamen de mayoría, no obtiene media sanción antes del 30 de noviembre, deberá comenzar todo el proceso legislativo de nuevo.
"Es un contrasentido que pierda estado parlamentario", lamentó la diputada nacional radical Brenda Austin, en diálogo con LA NACION. Y agregó: "Como consecuencia de la virulencia que tuvo el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, muchos diputados han adquirido posiciones dogmáticas. Cuando hablamos de la ESI es reconocer que todos los niños tienen derecho a acceder a los conocimientos. Que después las escuelas pongan los valores que quieran, pero no se puede negar conocer a los adolescentes los métodos anticonceptivos. Tiene que haber un compromiso de todos".
En un tono más confrontativo, la diputada nacional Romina del Pla (Frente de Izquierda y los Trabajadores) apuntó contra el "lobby clerical" y al macrismo como el responsable de que no se haya incorporado el proyecto en el temario.
"El objetivo es contrarrestar el lobby clerical. Esto es por resistencia de buena parte del bloque de Cambiemos. Hay que denunciar que las decisiones no las están tomando los bloques de diputados, sino las iglesias. No se puede someter a los legisladores. Hay que poner a la niñez y a la juventud en primer lugar", dijo la legisladora del Frente de Izquierda.
El objetivo es contrarrestar el lobby clerical
El proyecto tiene en su mayoría el impulso de los legisladores que el año pasado militaron a favor del aborto y generó el rápido rechazo de sectores religiosos, como la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina y el Partido Demócrata Cristiano.