El proyecto de un diputado de Unión por la Patria para prohibir el gas pimienta en manifestaciones

El diputado de Unión por la Patria (UP) Eduardo Valdés presentó este miércoles un proyecto para prohibir el uso del gas pimienta en manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad. El legislador lo presentó luego de que él e integrantes de bloques opositores fueran rociados con el gas en una de las manifestaciones en contra de la Ley Bases durante su tratamiento en el Congreso y argumentó que es un agente químico que “ocasiona daños potencialmente graves en la salud de los afectados”.

El proyecto apunta contra el uso de ese producto como herramienta disuasiva y/o represiva por parte de la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina. Valdés cita un estudio de la Sociedad Argentina de Pediatría que sostiene que el gas genera ceguera temporal de entre 15 y 30 minutos, una alteración de la sensibilidad de la cornea y su irritación tras la exposición durante varios minutos, ardor en la piel, sensación de asfixia, tos intensa, entre otros efectos.

“Un químico de este tipo tiene la intención de lesionar a quienes se movilizan y su uso incorrecto puede causar heridas corporales graves tales como lesiones que pueden llegar a ser irreversibles en las cuerdas vocales. Este tipo de efectos pueden desencadenar episodios cardíacos, respiratorios y/o psíquicos que, en determinados casos y combinado con condiciones físicas preexistentes, pueden afectar severamente las condiciones de vida de las personas que reciben este tipo de gases en sus rostros”, escribió Valdés en su proyecto.

El diputado mencionó el episodio del 12 de junio, donde agentes de la Prefectura rociaron con gas pimienta a diputados de bloques opositores durante el debate de la Ley Bases en la Plaza de los Dos Congresos. Valdés y Carlos Castagneto, ambos legisladores de UP, sufrieron dificultades para ver y respirar tras los hechos. Más tarde fueron asistidos por personas en la manifestación y personal del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA). También trascendió, en su momento, que varios legisladores fueron derivados a hospitales para recibir una mejor atención.

La protesta estuvo plagada de incidentes y enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que finalizaron con 35 detenidos y daños que costaron, según el gobierno porteño, al menos $278 millones.

“La represión desatada en la Plaza de los Dos Congresos dejó un saldo preocupante de víctimas de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. En ese marco se dio una utilización irresponsable y desproporcionada de gases MK-9, el cual tiene un compuesto, denominado capsaicina, que contiene dos millones de unidades Scoville. Esta composición generó dificultades respiratorias y lesiones oculares tanto en manifestantes, como en diputados y diputadas y demás personal del Congreso de la Nación, quienes debieron ser hospitalizados”, escribió Valdés en relación al hecho. “El Poder Ejecutivo, sus fuerzas de seguridad, y la Justicia deben garantizar esos derechos fundamentales y la libertad de expresión de la comunidad”, agregó.

Aunque el uso del gas pimienta en las guerras está prohibido por la Convención de Armas biológicas de 1973, no lo está para la seguridad interna de los países. La Oficina de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas explica que, según el acuerdo, las armas químicas “no deben ser necesariamente letales” para estar prohibidas para la guerra. “Otras formas de daño (incapacitación) son suficientes incluso si son solo temporales”, escriben, aunque aclaran que la inclusión de sustancias químicas “que en condiciones normales de uso solo causan irritación a corto plazo” es un tema controvertido.

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