El proyecto de financiamiento universitario, un paso más cerca de ser ley en el Senado

Las malas noticias legislativas para el Gobierno siguen sumándose. Ahora, un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió dictamen al proyecto de ley que garantiza el financiamiento de las universidades nacionales actualizando sus presupuestos según el índice de inflación. La iniciativa fue aprobada hace dos semanas por la Cámara baja y el presidente Javier Milei ya anticipó que la vetará en caso de que la Cámara alta la convierta en ley.

La intención de la oposición es convertir el proyecto en ley este miércoles, a pesar de las gestiones de Victoria Villarruel, que pretendía evitar que la Cámara alta sesione para impedir que el Gobierno sufra una nueva derrota legislativa que podría ser doble, ya que también está listo para su discusión en el recinto el rechazo al DNU que amplió en $100.000 millones las partidas para gastos reservados de la SIDE.

El despacho consiguió el apoyo de casi todos los bloques legislativos. Las excepciones fueron el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche (Jujuy), que consideró que el proyecto afectará la política de reducción del déficit fiscal que impulsa el Gobierno, y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, miembro del bloque Pro pero cada vez más cercana a las posturas del oficialismo. Es la misma senadora que, en soledad dentro de Pro, votó en contra del aumento a los jubilados.

La pelea entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales viene desde inicios de año y se tradujo, el 23 de abril último, en la primera gran marcha en contra del Gobierno de Milei, que concitó el apoyo de casi todas las fuerzas políticas y terminó con un acto en la Plaza de Mayo.

El proyecto que aprobó la Cámara baja le ordena a la administración nacional recomponer el presupuesto de las casas de altos estudios en base a la inflación informada por el Indec, acumulada entre el 1° de diciembre último y el momento de la sanción de la ley. A partir de ahí, la actualización se hará de manera mensual, también por inflación.

El presidente de la Comisión de Educación, el kirchnerista Eduardo De Pedro (Buenos Aires), defendió la iniciativa y aseguró que se trata de “una señal para que el Gobierno tenga como prioridad esta inversión, porque no es un gasto”. En ese sentido, aseguró que la propuesta apunta a darle a las universidades la posibilidad de “recomponer el presupuesto en materia de funcionamiento, de salario, de becas, de obras y para el sistema científico y tecnológico”.

Según De Pedro, la inflación acumulada desde noviembre del año pasado hasta el último mes de julio ascendió al 135% y lo contrastó con el aumento salarial universitario que, dijo, “fue de apenas el 57%”. “Eso significa que el poder de compra de los docentes bajó al 33%”, dijo.

Le salió al cruce el oficialista Atauche, que es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien afirmó que destacó “la importancia que el gobierno de Milei le está dando a la educación” antes de defender la política de conducta fiscal del Poder Ejecutivo.

Al respecto, y en línea con el discurso oficial, Atauche dijo que no sólo es importante conocer los niveles de actualización de las partidas presupuestarias, sino que también lo es que se “sepa en qué se usan los fondos de todos los argentinos”.

El senador libertario también replicó las cifras sobre el impacto fiscal de la medida. Así, al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó el costo en 800 millones de dólares, le opuso datos del Ministerio de Capital Humano según los cuales la sanción de la iniciativa implicaría erogaciones “que superan los 1100 millones de dólares”.

“Hay que revisar a dónde va a ir ese dinero, qué es lo que se hace con el dinero de los argentinos”, insistió Atauche, en línea con la postura de la Casa Rosada, que pretende auditar el uso de esos fondos.

“Desde el Gobierno entendemos que el déficit cero, el cuidar los impuestos y los gastos excesivos del Estado es la forma de disminuir la inflación y que el dinero de los argentinos empiece a tener valor”, remató Atauche.

La réplica no se hizo esperar. El radical Flavio Fama (Catamarca) aseguró que el sistema universitario “no está pidiendo presupuestos adicionales a los que tenía en 2023″ y que, además, “no hay pedidos descontextualizados de la situación que vive el país”.

“Es un proyecto de corta duración porque va a durar de acá al 31 de diciembre, porque muy pronto vamos a tener la discusión del presupuesto nacional y es ahí donde hay que dar la discusión de la educación en Argentina”, agregó Fama, quien le recordó a Atauche que las universidades son controladas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y que informan su plantilla de personal de manera mensual y que los gastos de funcionamiento, que son apenas el 10% del total, se rinden de manera semestral.

También se sumó Martín Lousteau (UCR-Capital) que, sin mencionarlo, replicó la intervención de Atauche y el discurso del Poder Ejecutivo en la discusión por el financiamiento educativo.

“El Gobierno les mintió a las universidades en materia de gastos de funcionamiento, diciendo que estaba saldado. Aún hoy no terminan de cumplir con los gastos de funcionamiento”, denunció. “Si les preocupara la educación no se hubieran comido dos meses de inflación, enero y febrero, cuando les subieron los salarios a todos los trabajadores estatales menos a los empleados de las universidades”, agregó Losteau.

Según Lousteau, el proyecto viene a solucionar “una emergencia y una urgencia” generadas por el gobierno de Milei. “Me parece que nos tenemos que abocar a solucionar esa urgencia y esa emergencia”, abogó.

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