El protagonismo de Ramos Padilla generó rispideces entre los promotores de la marcha contra la Corte

La marcha contra la Corte Suprema que ayer aglutinó a exfuncionarios kirchneristas y sindicalistas acusados por hechos de corrupción en la Plaza Lavalle provocó rispideces y arrojó pases de factura entre sus armadores. El juez porteño Juan María Ramos Padilla quedó ubicado como el protagonista central del embate contra los jueces del máximo tribunal, a pesar de que un puñado de organizaciones sindicales y organismos de derechos humanos habían optado y manifestado que la protesta debía ser silenciosa, pacífica y sin oradores.

En la mañana de hoy, una entidad denominada “Abogados Solidarios” manifestó estar en desacuerdo con las expresiones vertidas por Ramos Padilla desde un escenario hacia quienes se congregaban en la Plaza Lavalle, y comunicó que, a partir de ahora, el juez quedaba excluido de la asociación.

¿Por qué Ramos Padilla, siendo juez, integraba esta entidad? Consultado por este medio, el juez dijo: “No pertenezco a ninguna Asociación Civil… Veremos si se encuentra inscripta, yo no estuve en ninguna reunión. No existen estos [abogados solidarios], hay otros peores, pero miles mejores”.

“No es una crítica personal sino de la entidad, la marcha la empezamos a convocar como la de Alejo Ramos Padilla cuando [Mauricio] Macri pedía su destitución. Era pensada por abogados, para gente del derecho, en un acto de protesta. Se empezaron a sumar los gremios y los organismos de derechos humanos. Yo dejé la salvedad de que lo mejor era una marcha de silencio, el silencio puede ser poderoso. No quería que fuese una marcha que tuviese contornos de carácter agresivo”, dijo a LA NACION el abogado de la familia Moyano, el exjuez Daniel Llermanos, quien conduce la entidad Abogados Solidarios.

Quienes integran esta asociación la definen como “una entidad de abogados que intervienen en casos de lawfare” surgida a mediados de 2018, mientras las causas por corrupción avanzaban con celeridad en los tribunales. “[Ramos Padilla] Se quiso apropiar y consagrar vocero de un reclamo legítimo como es el cambio que le pedimos al Poder Judicial”, dijo otro abogado que intervino en muchos casos por corrupción.

El vocero de una organización sindical dijo: “Fijate que, por ejemplo, Camioneros participó de la marcha pero no fue al acto. Se generaron disidencias porque los gremios están muy acostumbrados a las asambleas y se había acordado el silencio. Por eso Pablo Moyano se quedó en la calle Tucumán y 9 de julio”.

Ayer, sin matices, Ramos Padilla llamó “atorrantes” y “delincuentes” a los cuatro ministros de la Corte Suprema. También llamó mafiosos a un conjunto de jueces de los tribunales federales de Comodoro Py. Pidió echar a los cortesanos y llamó a “democratizar la Justicia”.

Juan María Ramos Padilla, de 69 años, es el padre del ahora juez federal platense con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, quien cobró protagonismo en 2019 cuando instruyó el “Caso D’Alessio” en los tribunales federales de Dolores. Durante ese año, Ramos Padilla hijo fue defendido por su padre de las acusaciones que presentó en su contra el gobierno de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura.

Sus allegados aseguran que el ahora juez de la Ciudad tenía un vínculo de amistad con Raúl Alfonsín, quien firmó su pliego para juez federal, cargo por el que juró en 1984. Tres años después, como juez federal de Morón, aceptó una petición de familiares víctimas de la represión durante la dictadura militar y declaró inconstitucional la ley de Obediencia Debida. Mantiene una buena relación con los organismos de Derechos Humanos hasta el día de hoy. Tuvo su paso por la función pública cuando trabajó para la cartera de Seguridad bonaerense que conducía León Arslanián. Allí se desempeñó como subsecretario de Investigaciones.

Si bien hay letrados y jueces que halagaron su carrera como magistrado, el accionar de Ramos Padilla como juez fue cuestionado en más de oportunidad en el Consejo de la Magistratura. Había sido denunciado en el Consejo por haber dado la orden de restituir a una niña adoptada, Juliana Treviño, a una familia que buscaba a su nieto, bajo la premisa de que ella era hija de una pareja de desaparecidos, cuando las pruebas -y sobre todo la información del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)- refutaban esa teoría. Fue la propia Treviño quien impugnó su designación como juez en 2015, aunque el Consejo de la Magistratura desestimó la acusación.

El órgano encargado de sancionar y seleccionar a los jueces desestimó hace dos años, por mayoría y por iniciativa del kirchnerismo, una denuncia de legisladores de Cambiemos contra el juez por publicaciones agraviantes en sus redes sociales.

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