El Procurador dictaminó que hubo una “grave violación a la garantía del debido proceso” en la remoción de la fiscal que investigó a Sergio Urribarri

El procurador Eduardo Casal dictaminó hoy que hubo una “grave violación a la garantía del debido proceso” en el trámite de la remoción de la subprocuradora de Entre Ríos Cecilia Goyeneche, que tenía el rol de fiscal anticorrupción en la provincia, investigó al exgobernador Sergio Urribarri y fue echada hace dos años por un jury que, según denunció ella, tuvo motivaciones políticas.

Ahora, la Corte decidirá si hace lugar al pedido del Procurador y deja sin efecto el fallo del Superior Tribunal de Entre Ríos que ratificó la remoción de Goyeneche.

Casal -en línea con lo que había planteado ella- entendió que quien ofició de fiscal en el jury (y la acusó) estuvo mal designado porque la ley dice que debe ser un miembro de la procuración entrerriana y, en cambio, pusieron a un abogado, que ofició de “fiscal ad hoc”. El argumento para eso fue que, como Goyeneche era la número dos de la procuración provincial, existía un temor de que los otros fiscales no quisieran avanzar contra ella.

Casal afirmó hoy: “Resulta inadmisible el argumento del tribunal según el cual era razonable que el HJE [Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos] tuviera temor por la falta de objetividad e imparcialidad del órgano acusador en virtud de la estructura verticalista del Ministerio Público Fiscal y de la ‘defensa mediática y corporativa enarbolada’ por sus integrantes en favor de la exfiscal. Ello es así, toda vez que convalidar las actuaciones viciadas del jurado sobre la base de una predicción de que ninguno de los subordinados ejercerá la función acusadora con objetividad implicaría admitir que la destitución de los funcionarios del Ministerio Público queda a merced de la apreciación de puedan realizar los jueces acerca de las probabilidades de desempeñarse correctamente que tiene quien actúe como fiscal en el jury”.

A juicio de Casal, en el proceso contra Goyeneche existió “una grave violación a la garantía del debido proceso en los términos del art. 18 de la Constitución Nacional”.

Goyeneche, además de ser la número dos de la Procuración de Entre Ríos, coordinaba los equipos que investigaban las causas de corrupción. Integró el grupo de fiscales que logró la condena del exgobernador Sergio Urribarri a ocho años de prisión.

La decisión de echarla

El 24 de mayo pasado de 2022, el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos dio a conocer el fallo que destituyó a Goyeneche. Por cinco votos contra dos, consideró que ella había perdido “el atributo de objetividad”.

El reproche central fue no haberse excusado en el caso de los “contratos truchos” de la Legislatura entrerriana, una gigantesca estafa que tiene entre sus acusados al contador Pedro Opromolla, que fue amigo del marido de Goyeneche y compartía con ella inversiones en fideicomisos para adquirir dos departamentos.

Goyeneche denunció que con su destitución “quedaron a la vista las complicidades de la Justicia y la política con la corrupción”. Hoy celebró el dictamen de Casal: “Es lo que estábamos esperando que pasara. Está claro que la causa en mi contra fue armada para conseguir la destitución”.

El expediente volverá ahora a la Corte, que no tiene un plazo fijado por la ley para dictar su fallo. El dictamen de Casal no es vinculante para el máximo tribunal.

Si la Corte coincide con la opinión del Procurador, deberá “dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver las actuaciones al tribunal de procedencia [la Corte entrerriana] a fin de que se dicte una nueva conforme a derecho”. Así lo manifestó Casal hoy.

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