“Anticorrupción”: el procurador Casal planteó al Gobierno que la fiscalía especial que quiere crear Milei es “inviable”

En tono cordial pero firme, el procurador general de la Nación interino Eduardo Casal le dijo al Gobierno que la creación de una fiscalía especial anticorrupción para investigar a funcionarios, como anunció el presidente Javier Milei, es “inviable” porque sus funciones son las propias de los fiscales. En la misma línea, le advirtió que lo que pretende crear ya está creado.

“Queríamos tener una unidad anticorrupción de calidad, pero no obtuvimos respuesta”, admitieron a LA NACION fuentes del ministerio de Justicia.

Tras el fracaso legislativo con la ley ómnibus, Milei anunció que quería crear una fiscalía especial para investigar la conducta de los gobernadores, a quienes tildó de “traidores”, y a los diputados que votaron en contra del frustrado proyecto, a quienes trató de “coimeros” y “delincuentes”.

Con esa indicación de MIlei, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona visitó a Casal el 7 de febrero pasado y le llevó un proyecto para la creación de una fiscalía especial. Ahora Casal le respondió a Cúneo Libarona mediante una nota que esa iniciativa es inviable.

Una comunicación publicada en fiscales.gob, la página de noticias de la Procuración, señaló que “la función primordial de la procuraduría propuesta, en cuanto a que actúe en forma paralela y conjunta con el fiscal competente en todos los casos en los que se investiguen hechos de corrupción, importaría alterar las funciones que expresamente la ley le asigna a los magistrados de este Ministerio Público, en su condición de titulares de la acción penal pública, para intervenir en los casos de su competencia, lo que exigiría modificar la legislación vigente”.

Casal dijo que las facultades que propone para esa procuraduría son iguales a las que actualmente tienen “la investigación de los hechos de corrupción, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -cuando el sujeto activo sea un miembro de la Administración Pública Nacional- y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) -cuando el sujeto activo sea un miembro del Poder Legislativo Nacional, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa o sea un caso de soborno trasnacional”.

La nota destaca que Casal reitera su predisposición para “completar la implementación del sistema acusatorio que impactaría positivamente al dotar de mayor celeridad y efectividad a la persecución penal de los delitos de competencia federal, entre los que se encuentran los de corrupción; todo lo cual redundaría en la contribución para hacer más eficientes los mecanismos de prevención, persecución y sanción de los hechos de corrupción”.

Milei trató de “ladrones, estafadores, mentirosos y corruptos” a los que no apoyaron su proyecto de ley ómnibus y en Israel reiteró que para casos como estos es que proponía crear la procuraduría especial, que su ministro de Justicia le planteó a Casal, en el entendimiento de que los fiscales dependen del procurador y no del Poder Ejecutivo Nacional.

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