El Pro desestimó el juicio político contra dos jueces que se opusieron al aborto legal de una niña violada
Javier Rizzi y Luis María Anzoátegui solo deberán hacer un curso de género; lo votó la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y ahora debe pasar por el Plenario; el kirchnerismo impulsaba el jury
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LA NACIONHernán Cappiello
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura desestimó realizar el juicio político a los jueces del tribunal oral N° 8 Javier Rizzi y Luis María Anzoátegui, denunciados por haber ordenado investigar a médicos y funcionarios de la defensa pública que permitieron el aborto de una niña violada, como lo señala el Código Penal. En su fallo, los jueces además criticaron la práctica del aborto y la legislación que contempla el aborto no punible. Solo se los obligará a realizar un curso de género establecido en la Ley Micaela.
La decisión de la Comisión de Acusación ahora debe ser votada pro el plenario del Consejo de la Magistratura. Hubo debate político de alto voltaje entre la consejera y diputada del Frente de Todos Vanesa Siley y la consejera por los abogados Jimena de la Torre, cercana a Pro. Acudieron en defensa de Siley el senador consejero Martín Doñate (La Cámpora) y en auxilio de De La Torre lo hizo el presidente de la Comisión, Pablo Tonelli, diputado de Pro.
La decisión fue ajustada: Tonelli propuso desestimar la denuncia y Siley -promotora de esta acusación contra los jueces por violencia de género y misoginia- propuso posponer una decisión porque estaba trabajando en un dictamen con su colega Fernanda Vázquez (consejera por los académicos).
Se votó pero Siley, Vázquez y Doñate empataron contra Tonelli, De la Torre y Graciela Camaño, que apoyó la posición de Juntos por el cambio. Quedaron tres a tres y el doble voto de Tonelli desempató para rechazar la postergación, desestimar la denuncia y mandar a los jueces a hacer un curso de la Ley de Micaela.
Siley protestó porque entendió que se estaba beneficiando a jueces que habían violado la ley de manera flagrante y porque no conocían la ley nacional que establece desde hace 100 años que el aborto no es punible en caso de una violación.
“No nos rasguemos las vestiduras después diciendo que estamos en defensa de los derechos humanos de las mujeres, y de los niños y niñas y adolescentes. Estamos ante un caso flagrante. Pobres de las mujeres que vuelvan a caer en manos de estos dos magistrados”, reclamo Siley.
Se mostró indignada también porque los jueces desconocieron el fallo de la Corte conocido como FAL, donde se establece un protocolo con los casos de aborto contemplado por la ley. Siley alegó que los jueces desconocieron el derecho de las mujeres, la ley y que tuvieron expresiones misóginas.
Le contestaron De la Torre y Tonelli, al asegurar que no se trataba de una violación de los derechos de las mujeres sino que se trataba de un caso de libertad de expresión de los jueces. Camaño se sumó a las respuestas a Siley.
Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi denunciaron “la posible comisión del delito de homicidio y/o la comisión del delito de homicidio prenatal o aborto” y pidieron que se investigue la conducta de los organismos y funcionarios que le garantizaron a una niña, víctima de violación desde los cinco a los catorce años por parte de su hermanastro, su derecho legal a interrumpir el embarazo producto de los abusos.
Pese a lo que establece el Código Penal, los jueces llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos. Además, compararon la interrupción del embarazo legal con los métodos de tortura de la mafia o los rituales de las tribus antropófagas y llamaron “manual de salvajadas inhumanas” al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, del Ministerio de Salud de la Nación.
Por Hernán Cappiello
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