El privilegio de los que tienen amigos poderosos

Las revelaciones recientes del juez Oyarbide y la discusión posterior –en la que aun periodistas críticos titubearon sobre el comportamiento manifiestamente ilegal de varios de los involucrados en los sucesos– descubren una amplia gama de comportamientos cuyo análisis permite apreciar en qué medida en nuestro país se ven como normales situaciones manifiestamente irregulares.

Lo sintomático del caso reside en que ninguno de sus protagonistas actuó conforme a la ley:

El responsable de la financiera allanada, tratando de mover sus influencias y "amistades" a través del teléfono para conseguir una intervención salvadora contra el abuso policial y contra la continuidad del allanamiento, que fue lo que finalmente logró.

Los policías, que habrían exigido indebidamente sobornos, y un superior jerárquico policial, que según el financista, ante su llamada de teléfono, se lavó las manos sin interceder para ayudar a su "amigo", pero que tampoco cumplió con su deber de transmitir la denuncia de la irregularidad por las vías legales.

Los funcionarios del Poder Ejecutivo, que reaccionaron a la llamada de teléfono del "amigo" en problemas influyendo sobre el juez, también por vía telefónica, dando por cierto lo que les transmitía ese "amigo", por provenir de quien provenía y sin adoptar ninguna acción oficial para verificarlo ni tampoco denunciar por la vía legal los hechos de que se hicieron eco.

Y el juez, que frustró indebidamente procedimientos en curso que él mismo había ordenado para obtener pruebas de un delito que investigaba sólo para honrar su "amistad" con un subsecretario del Poder Ejecutivo, al que reconoció a partir de un mero golpe de teléfono y al que por ser "amigo" creyó u obedeció, hasta el extremo de ir en contra de sus propias decisiones adoptadas en un expediente oficial.

Parece innecesario tener que explicar que el uso de las conexiones, el tráfico de influencias, el acomodo y la "gauchada" no son el modo legal y formal por el que deben hacerse valer los derechos y reclamos en una sociedad democrática.

Sin embargo, llamativamente esto no fue objeto de discusiones y dudas en las mesas de café y en los debates de la semana porque la llamada al "amigo" es una conducta vista como natural.

La normalización de estos acomodos e intervenciones salvadoras también abre interrogantes acerca de la existencia y eficiencia de vías regulares eficaces para hacer valer derechos, especialmente frente a los abusos de la autoridad.

La entronización de estos procedimientos informales degrada la democracia en la medida en que sólo tiene derechos y puede ejercerlos quien tiene amigos poderosos, consagrándose una discriminación derivada del mayor o menor alcance e influencia de los contactos.

Hace ya tiempo Carlos Nino describía los efectos nocivos de esta anomia "boba", en la que la inobservancia generalizada de las normas conduce a la ineficiencia y también a una frustración del valor justicia, como este lamentable caso ilustra.

Resta saber ahora si el Consejo de la Magistratura ajustará esta vez su acción a lo que indica la ley o cerrará el círculo del incumplimiento de las reglas de convivencia, que la sociedad ha fijado y que son necesarias para su integridad y subsistencia.

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