Precavido, el primo de Mauricio Macri declaró en el juicio contra Cristina Kirchner por irregularidades en la obra pública

Precavido, Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, declaró hoy en el juicio contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y una decena de exfuncionarios del kirchnerismo por el presunto direccionamiento de la obra pública vial hacia las empresas del Grupo Austral, entre 2003 y 2015.

Bajo juramento de decir la verdad, Calcaterra contestó las preguntas de los abogados de Báez y de la vicepresidenta. Respondió, en términos generales, sobre su experiencia con la firmas Iecsa y Creaurban. No se refirió a ninguna obra en particular, excepto por un caso, en el que Carlos Beraldi, defensor de Cristina, le preguntó si había trabajado alguna vez con las firmas de Lázaro Báez. Entonces se refirió a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre las firmas Iecsa y Austral Construcciones, que se presentó a la licitación para construir las represas de Santa Cruz y cuyos contratos fueron adjudicados a las firmas Electroingeniería y el consorcio chino Gezhouba.

Con palabras medidas y evitando auto incriminarse, dijo que nunca construyó ni licitó una obra en la provincia de Santa Cruz (ya que las represas las licitaba la administración nacional), y que no estaba inscripto en el registro de proveedores de la esa provincia. Debió contestar cuestiones técnicas sobre los procesos licitatorios, aunque sin ahondar o especificar demasiado. Las defensas, como a lo largo del proceso, interpretaron que los dichos de Calcaterra “debilitaron la acusación”, en parte porque Calcaterra dijo que la redeterminación de precios a lo largo de un proceso de obra “es normal”.

También fue interrogado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Mola le preguntó si alguna vez las empresas Iecsa y Creaurban se presentaron en la misma licitación con ofertas diferentes, a lo que Calcaterra respondió que no. Y Luciani puntualizó en preguntarle sobre cómo se aprobaban y solicitaban las ampliaciones de plazos de los contratos de obra.

Los intentos para no declarar

Calcaterra, que declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos de las coimas, buscó eludir, de varias maneras, testificar en el juicio contra la vicepresidenta. Varios de los imputados colaboradores deL caso cuadernos confesaron haber cometido delitos en el marco de las licitaciones de obras públicas durante el kirchnerismo, y argumentaron ante el TOF 2 que temían ser autoincriminados en este proceso por sus dichos. Los extitulares de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner y Juan Chediack, por ejemplo, declararon en este juicio en las audiencias anteriores con planteos previos en esa dirección.

Sus testimoniales, finalmente, dieron lugar a distintas interpretaciones: mientras los abogados defensores resaltaron que ambos dijeron desconocer si había irregularidades en las licitaciones de obras en la provincia de Santa Cruz, fuentes de la fiscalía consideraron valiosos algunos aportes. Wagner dijo, por ejemplo, que a pesar de que licitó más de 100 obras durante el kirchnerismo, nunca cobró anticipos financieros, como sí lo hizo Lázaro Báez. Y Chediack se remitió a lo que ya declaró en el caso cuadernos como arrepentido cuando se le preguntó por su relación con el exministro de Planificación Julio De Vido.

El caso de Calcaterra despertaba inquietud entre las defensas. Su testimonio fue pedido en este juicio por la vicepresidenta y por Lázaro Báez, antes de que el exueño de Iecsa (la empresa que le vendió al empresario Marcelo Mindlin) declarara como arrepentido en la causa cuadernos.

Como arrepentido, el primo de Macri confesó haber hecho entregas de dinero en efectivo a Julio De Vido y exfuncionarios del kirchnerismo a través de Héctor Sánchez Caballero, uno de los ejecutivos de la firma IECSA, también procesado en el caso cuadernos. Aunque negó que las cifras fueran idénticas a las consignadas por el chofer Oscar Centeno, Calcaterra reconoció los pagos y los describió como “aportes a la política”.

Para evitar declarar en este juicio, planteó que su empresa no tuvo participación en las licitaciones que están bajo investigación en esta causa, y que su declaración resultaba “impertinente” para establecer si su firma participó en conjunto con empresas de Báez en obras o licitaciones llevadas a cabo en otras jurisdicciones. Planteó, además, que el estar imputado en las causas n° 9.608/18 (Cuadernos) y 13.816/18 (cartelización de la obra pública vial) le impediría prestar declaración como testigo por la similitud entre la plataforma fáctica de esta causa con esas otras.

El Tribunal Oral 2 le preguntó entonces al Tribunal Oral 7 (a cargo de la causa Cuadernos y sus derivadas) por la situación de Calcaterra, pero una vez recibida la respuesta, concluyó que el planteo del empresario debía ser desestimado y remarcó que el la citación judicial para testificar es obligatoria. En la lista siguen el dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekian, y el presidente del Grupo Petersen, Enrique Eskenazi.

Eurnekian formuló un planteo similar, en el que solicitó que se dejase sin efecto su convocatoria con fundamento en “la impertinencia” de su testimonio y aludió a su imputación en dos causas derivadas del caso cuadernos, puntualmente relacionadas con la cartelización de obras públicas viales.

Concluyeron los jueces del Tribunal que “los argumentos vinculados a la utilidad de sus declaraciones testimoniales resultan manifiestamente impertinentes e ineficaces a la luz de la obligatoriedad del llamamiento judicial”. Pero aunque estaba citado para este martes, Eurnekian pidió la postergación de su declaración porque se encuentra en Estados Unidos. Eskenazi, por otro lado, pidió que se lo exima por razones médicas y por su avanzada edad. Fuentes del rubro petrolero dijeron a este medio que la relación con Cristina Kirchner y su entorno “ya no es lo que era antes”, y hasta afirmaron que en la actualidad “están en malos términos”. El testimonio de Eskenazi también había sido pedido por Cristina Kirchner y por Báez, antes de que comenzara este juicio.

El juicio comenzó en mayo de 2019 y tiene, como mínimo, un año más por delante. Queda una larga lista de testigos por declarar, entre los cuales se encuentran el presidente Alberto Fernández y quienes fueron jefes de Gabinete durante los tres gobiernos del kirchnerismo hasta 2015. También siguen pendientes las declaraciones de exfuncionarios de distintos organismos del Estado y de los expertos que elaboraron el informe pericial sobre los contratos adjudicados a Báez, que fue incorporado en 2019 al expediente. Las interpretaciones de ese estudio (que contiene tres conclusiones de los peritos propuestos por distintas partes) implicarán un debate caliente. Las audiencias se llevan adelante entre una y dos veces por semana, aunque en los últimos meses el proceso sufrió varias postergaciones.

Mientras las defensas aseguran que no alcanzan las evidencias que acumula el expediente y tras cada audiencia señalan que “se derrumba” la acusación, fuentes allegadas al Diego Luciani dicen que él confía en los documentos y las testimoniales para sustentar su acusación.

Como siempre desde que comenzó el juicio, siguen en la Corte Suprema los nueve recursos de queja por planteos rechazados en instancias anteriores (varios de ellos presentados por la vicepresidenta) que pueden fulminar la causa. No hay perspectivas de que esos recursos sean analizados por la Corte antes de las elecciones, sino todo lo contrario: atentos al desenlace electoral, los jueces estudiarán cuidadosamente sus movimientos. Por ahora, siguen guardándose esa carta.

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