El prestamista de la jefa de la Aduana fue detenido el año pasado por la megacausa de las cuevas “que disparaban el dólar blue”

En octubre del año pasado, en medio del proceso electoral y de una volatilidad cambiaria extrema en lo relativo al dólar blue, el Gobierno encontró un chivo expiatorio. Guillermo Michel, director de Aduanas de ese entonces, encabezó una cacería en las cuevas de la city porteña que, consideraba, habían provocado la suba en los tipos de cambio por operaciones internacionales que totalizaban los US$350 millones. Del otro lado, identificaron a los supuestos culpables: Ivo “el croata” Rojnica y Federico Pulenta fueron los apuntados por el Gobierno. Ambos quedaron imputados en la causa que tomó inicialmente Federico Villena. Detrás de ellos, se detuvo a una decena de personas entre las que estuvo Claudio Gabriel Szlaien, el prestamista de la mano derecha de Michel (su subdirectora de Operaciones Aduaneras Metropolitanas) en ese entonces y actual jefa de la Aduana, Rosana Lodovico.

Durante esos meses de 2023, la Aduana realizó persistentemente operativos de allanamiento en supuestas cuevas, bancos y departamentos donde fueron hallados millones de pesos que están bajo investigación de la Justicia. Allí se recuperó, en manos de los agentes aduaneros, cajas de documentación que vinculaban a esa presunta organización criminal con quienes operaban a través de ella. Uno de esos habría sido, según los documentos judiciales, Szlaien, dueño de Promarlon, la empresa que le concedió un préstamo de US$250.000 a Lodovico y a su marido, también empleado de la Aduana, Luis Antonio Bocassi.

“Por el volumen de sus operaciones, es posible que la financiera Nimbus marcara el pulso del mercado del blue: en las oficinas de Rojnica se encontró un cronograma con fechas que decían ‘salto’ -tenían exacta correlación con los dïas en los que se registraron subas en la cotización de los paralelos”, difundió la Aduana, el 13 de octubre de 2023.

Pese a la cercanía de la causa con el rol de Lodovico el año pasado, al ser consultada por la deuda a Promarlon -que todavía no fue devuelta-, la directora de la Aduana aseguró desconocer los negocios de esa empresa, a su dueño y dijo que podría haber tomado el mutuo de ésta como “de cualquier otra”.

Luego del cambio de Gobierno, el foco sobre esta “banda criminal” se dispersó, pero un mes y 20 días después de que el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena procese a los imputados por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita y trabe sobre Rojnica “un embargo récord en la historia penal argentina” por $100.000 millones, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña anuló la decisión del juez y los imputados fueron beneficiados con la falta de mérito. Se dictó su “inmediata libertad”.

Villena, en primera instancia, había sostenido que partir de los elementos probatorios recolectados se constató que la organización investigada concretó al menos 4763 transferencias de dinero por una suma US$348.196.900 dólares. “Para ello utilizaron diferentes sociedades, ocultando el origen ilícito de los fondos puestos en circulación en el mercado”, detalló Villena en su resolución, de casi 400 páginas. Pero a las semanas, se declaró incompetente y resolvió enviar la causa a Martínez De Giorgi.

La resolución de revocar la decisión original de Villena apuntó a falencias en la recopilación de las pruebas y a “arbitrariedad” en el proceso. “Habrá de declararse su nulidad y encomendar al juez que, teniendo presentes las objeciones advertidas y examinando los hechos y sus constancias de manera integral –tanto de esta causa como de sus conexas– emita un nuevo pronunciamiento que resuelva las situaciones procesales de los indagados con la celeridad que el caso requiere”, estableció el fallo del tribunal de alzada, firmado por Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.

La deuda de US$250.000 fue tomada por Lodovico y Bocassi a fines de 2022, dos meses después de que Szlaien, se acogiera a una moratoria para pagar las deudas ocasionadas por contrabando grave, en un proceso que tramitó en el Tribunal Oral Federal de San Martín N°5. En ese entonces, para lograr suspender la acción penal, se requirió el visto bueno de la Aduana, la denunciante. Sin este, el proceso habría llegado a juicio oral, como había solicitado el fiscal.

El fallo que habilitó que se acoja al régimen de pago en seis cuotas tuvo una disidencia. La jueza María Claudia Morgese Martín dijo: “Es que, tal como fueron descriptos los hechos en el requerimiento de elevación a juicio -más allá de la calificación legal allí adoptada- estamos frente a un proceso seguido a una supuesta organización ilícita destinada al contrabando a gran escala. Dicha figura no está comprendida en el instituto de suspensión y eventual extinción de la acción penal previsto por la Ley 27.541 (y su modificatoria Ley 27.562). Además, considero que la presunta intervención de funcionarios aduaneros en la maniobra común impide la suspensión pretendida”.

El viernes por la tarde, ingresaron dos denuncias por diversos delitos, entre los que figuran lavado de dinero y cohecho, a la Justicia. Fueron realizadas por Marcela Campagnoli y por Yamil Santoro, por separado, y todavía no fueron sorteadas.

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