Procuración: incierto escenario en Diputados para la reforma kirchnerista

El afán de la vicepresidenta Cristina Kirchner por apurar la sanción del proyecto que modifica la ley orgánica de Ministerio Público Fiscal podría encontrar un escollo: Alberto Fernández. A fin de mes finaliza el período de sesiones ordinarias en el Congreso y sólo el Presidente tiene la llave para evitar que la iniciativa se demore en la Cámara de Diputados hasta el año próximo.

Esta herramienta es la facultad presidencial de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso y, con ella, el armado del temario que el Poder Ejecutivo pretende que discutan los legisladores. Si el jefe del Estado hace uso de este derecho e incorpora en el temario el proyecto kirchnerista para modificar la ley de Ministerio Público, tácitamente estaría avalando que el futuro procurador sea designado con la mayoría absoluta de los votos del Senado, en lugar de los dos tercios que exige la ley actual.

El Presidente evitó, hasta ahora, pronunciarse sobre la iniciativa que auspicia la vicepresidenta y que su legión de senadores dará media sanción la semana próxima.

Fernández está en un dilema: de incluir esta media sanción en el temario de sesiones extraordinarias para que la Cámara baja lo discuta, estaría desacreditando a su propio candidato a la Procuración, Daniel Rafecas, quien ya advirtió que no aceptará el cargo si una nueva ley modifica las mayorías agravadas para la designación.

Si, por el contrario, Fernández no incluye el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias, se enfrentaría a los deseos de la vicepresidenta y resentiría aún más su relación con ella. El mensaje, aunque implícito, sería claro: el Presidente no está de acuerdo con el proyecto kirchnerista e insistirá en impulsar el pliego de Rafecas a la Procuración –demorado por el kirchnerismo en el Senado- pese a los pruritos que la vicepresidenta tiene con el juez.

¿Qué hará el Presidente? Todos los gestos que dio Fernández son en dirección de la segunda opción, aunque aún el interrogante no tiene respuesta. "[Rafecas] es el mejor candidato que puede existir. Lo conozco desde hace muchos años y es un hombre de una calidad técnica absoluta y sus condiciones morales son indiscutibles", dijo el mandatario en una entrevista hace dos días, mensaje que el kirchnerismo duro hizo como si no existiera.

Es que pocas horas después de ratificar al juez federal como su postulante para ocupar la jefatura de los fiscales, en la Cámara de Senadores, cuerpo legislativo que responde al liderazgo de Cristina Kirchner, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que lidera un cristinista puro como Oscar Parrilli, emitió el dictamen que modifica la mayoría para designar al procurador general de la Nación de dos tercios a una mayoría absoluta y limita el mandato del cargo –que actualmente es vitalicio– a cinco años con la posibilidad de reelección.

Cerca del Presidente no tienen dudas: Rafecas reemplazará a Eduardo Casal, que ya lleva tres años como Procurador interino. "Lo va a defender", graficó una importante fuente del gabinete nacional.

Con el dictamen aprobado, que establece una mayoría absoluta para nombrar al jefe de los fiscales, pero requiere de dos tercios de los miembros para removerlo, en el Senado está todo listo para tratar la semana que viene la iniciativa y darle media sanción, aunque materialmente no dan los tiempos para que se transforme en ley, porque a fin de mes vence el período de sesiones ordinarias.

Tercera opción. Hay una tercera alternativa a la que podría apelar el Presidente: la de incluir el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias, pero sin apurar su tratamiento con la excusa de que el oficialismo (en minoría) no cuenta con los votos necesarios para aprobarlo.

Fue el argumento con que, en definitiva, congeló el tratamiento de la reforma judicial, con media sanción del Senado desde fines de agosto. Una reforma que desató polémica desde el primer día que Fernández la presentó en el Congreso, pero que fue blanco de peores críticas luego de las modificaciones que impuso el kirchnerismo durante su tratamiento en el Senado.

Fernández decidió enfriar el debate y Sergio Massa frenó su tratamiento en la Cámara de Diputados tras admitir que los votos para su aprobación no estaban asegurados. ¿Sucederá lo mismo con la reforma de la ley de Ministerio Público? Una vez más son claves las terceras fuerzas que median entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, que ya anticipó su rechazo al proyecto kirchnerista.

El escenario no se presenta fácil para el kirchnerismo, que debe reunir al menos una docena de aliados para alcanzar la mayoría. En el variado y disperso universo de las terceras fuerzas nadie quiere adelantar su posición hasta que Fernández haga su primera jugada, esto es, si decide colocar o no el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias.

Pero hay algunos antecedentes a tener en cuenta: por de pronto, la diputada Graciela Camaño, quien fuera presidenta de la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público y pertenece al bloque Consenso Federal, promovió hace cuatro años, junto al Peronismo Federal y el entonces ministro de Justicia de Cambiemos Germán Garavano, un dictamen que proponía modificar la ley de Ministerio Público, aunque sin modificar la mayoría de dos tercios que se requieren para designar al Procurador.

"Graciela no va a emitir opinión hasta tanto comience el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados", enfatizan en su entorno. Los diputados por Córdoba, que responden al gobernador Juan Schiaretti y pertenecen al mismo interbloque de Camaño, también anticiparon sus reparos al proyecto que promueve la vicepresidenta. Se entiende: Córdoba es una provincia antikirchnerista por antonomasia y los legisladores schiarettistas tienen sus límites.

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