El poder del fuero contencioso, ahora en la mira de toda la política

Las miradas de la política suelen posarse sobre los tribunales federales de Comodoro Py por los casos de corrupción, pero los tribunales en lo contencioso administrativo federal tienen, por estas horas, un protagonismo particular. El fuero es conocido como el de la gobernabilidad. Es allí donde se someten al control de constitucionalidad los decretos presidenciales, las regulaciones y las políticas públicas.

Son los tribunales en los que deben dirimirse un gran caudal de demandas presentadas contra el mega-DNU 70/2923 del presidente Javier Milei, que desreguló la economía con drásticas derogaciones de leyes. Aunque la semana pasada el fallo firmado por uno de sus jueces, Enrique Lavié Pico, produjo un cambio y desconcentró los expedientes que habían sido acumulados en un proceso colectivo.

El juez Esteban Furnari había buscado concentrar todos los casos en uno solo. Las lecturas de procesalistas e, incluso, las explicaciones de quienes defienden el decreto desde el Gobierno indicaban que el proceso colectivo, que concentraba todas las demandas contra el DNU, aparecía como la forma más conveniente de tramitar las demandas para el oficialismo.

“Si llegaba a cerrarse un acuerdo con el Gobierno, en el fuero contencioso administrativo apretaban una sola tecla y declaraban inadmisible la acción de amparo”, opinó un juez de otra área judicial en diálogo con LA NACION.

Algunos ejemplos resonantes de asuntos que fueron tramitados en ese fuero son el de la ley de medios, la iniciativa de Cristina Kirchner para democratizar la Justicia o, incluso, la demanda iniciada por la familia Macri por la estatización de la empresa Correo Argentino. Los fallos que salen de este fuero son de alto impacto político y es por eso que la política busca tener allí terminales de poder.

Un fuero estratégico

La ambiciosa reforma judicial promovida sin éxito durante los inicios de la gestión de Alberto Fernández pretendía unificar el fuero contencioso administrativo con el civil y comercial y licuar, en efecto, el poder de algunos magistrados de peso. La iniciativa tuvo en ese momento la aprobación del Senado, pero nunca logró el visto bueno en la Cámara de Diputados. El fuero contencioso administrativo siguió tal cual como estaba.

La Cámara de Apelaciones se compone de cinco salas de tres jueces cada una. Hay una silla que está vacante. El camarista en lo contencioso administrativo Sergio Fernández, hermano del histórico operador judicial del kirchnerismo Javier Fernández, es señalado habitualmente como el caudillo de ese fuero. Es viejo y conocido su vínculo con el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, actualmente a cargo de defender el DNU en los tribunales donde Fernández pisa fuerte.

Fernández tiene, además, un estrecho vínculo con el expresidente de Boca Juniors y binguero Daniel Angelici, quien en 2018 logró una medida cautelar (concedida por Lavié Pico) que lo benefició en materia tributaria en sus negocios del rubro del juego.

El camarista tiene una silla en la AFA, como vicepresidente del Tribunal de Disciplina. A Fernández se le atribuye tener influencia general en muchas decisiones de sus colegas y en los nombramientos del fuero. El juez de Cámara José Luis López Castiñeira es uno de sus jueces más afines. “Juntos, los hermanos Fernández armaron el fuero”, dice un abogado que es histórico litigante en ese fuero. Quienes litigan y caminan los pasillos de los tribunales en lo contencioso administrativo sostienen que la mayoría de las salas tienen la mejor de las sintonías con Fernández, aunque marcan una excepción: la Sala I, integrada por las juezas Liliana María Heiland y Clara María Do Pico y por el juez Eduardo Facio. Incluso señalan que Do Pico y Heiland no están en buenos términos con el camarista.

No solo acumuló poder en los tribunales en lo contencioso Sergio Fernández, sino también el presidente de la Cámara, Jorge Morán, extitular de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe) e integrante de la Junta Nacional Electoral. Fernández y Morán fueron los únicos integrantes de la Cámara de Apelaciones del fuero contencioso que recibieron de a dos a Germán Garavano, ministro de Justicia de Mauricio Macri, cuando comenzaba su gestión y se reunía con todos los camaristas de todos los fueros. Hablaron en nombre de la Cámara.

El camarista que integra la misma sala que Sergio Fernández, Carlos Grecco, se aproxima a cumplir los 80 años. En 2018 recibió la reválida del Senado para seguir cinco años más al frente de su cargo como camarista. La gestión del Frente de Todos buscaba que el Senado extendiera la prórroga de Grecco por cinco años más.

Cuando Milei asumió, retiró más de cincuenta pliegos de la Cámara alta, entre los cuales estaba el del juez Daniel Rafecas. El de Grecco, que busca permanecer en su cargo, había quedado allí para ser tratado.

Pero el Gobierno ya jugó una carta que puede ser decisiva para la reconstrucción del tribunal y el 28 de diciembre pasado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, envió una nota al Senado para informar que retiraba, también, el pliego de Grecco. La nota fue recibida por Victoria Villarruel. Hay quienes atribuyen esa jugada no solo a Cúneo Libarona, sino también al jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Grecco y Fernández son autoridades de feria y deberán resolver sobre los fallos de primera instancia, una vez que el juez Lavié Pico, también de feria, se pronuncie sobre la admisibilidad de los amparos contra el DNU.

El rompecabezas de los tribunales siempre tiene implicancias políticas. Además de las aspiraciones de Grecco para seguir al frente de su cargo como camarista, hay una vacante en la sala que integran él y Fernández. Sobre el posible nombramiento para ese lugar parecería tener ascendencia el camarista Guillermo Treacy, actual vicepresidente de la Cámara.

En primera instancia, de los doce juzgados, hay uno que está vacante. Durante el gobierno de Néstor Kirchner fueron nombrados Rita María Teresa Ailán, Esteban Furnari y Enrique Lavié Pico. Luego, durante la presidencia de Cristina Kirchner fueron designados, Pablo Cayssials y María Alejandra Biotti. Mauricio Macri nombró a Cecilia Gilardi Madariaga de Negre y Santiago Ricardo Carrillo, y Alberto Fernández a los jueces Martín Cormick, Enrique Alonso Regueira, Walter Lara Correa y Macarena Marra Giménez.

El cargo vacante es en el juzgado 7 de primera instancia al que aspiraba llegar nada menos que el hermano de Esteban Furnari, Roberto Furnari. Su pliego estuvo en el Senado pero nunca fue tratado y finalmente fue retirado por el gobierno de Alberto Fernández.

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