El plan de seguridad para el conurbano avanza entre tironeos de intendentes por una cláusula del gobierno de Áxel Kicillof

El plan de seguridad para el conurbano bonaerense que lanzó a principios de septiembre el presidente Alberto Fernández cosechó, en su momento, el respaldo de intendentes oficialistas y opositores. La medida, previa a la rebelión de la policía bonaerense que derivó en la decisión presidencial de recortarle fondos a la Capital, está en plena implementación en algunos distritos. Sus avances, sin embargo, se dan en medio de tensiones por las condiciones que determinó el gobierno de Áxel Kicillof para gastar los fondos que se giran a los municipios, según pudo saber LA NACION tras consultar a intendentes de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos.

Algunos municipios gobernados por el peronismo ya hicieron actos para mostrar nuevos móviles financiados con estos fondos. En Esteban Echeverría, el intendente Fernando Gray presentó 60 patrulleros junto a Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. En Lomas de Zamora, el Presidente, el gobernador, el ministro de Seguridad y el intendente Martín Insaurralde hicieron lo propio con 200 móviles. El viernes, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, mostró diez patrullas nuevas que, según información municipal, son las primeras de un total de 130.

Pero los avances tienen como trasfondo ciertos inconvenientes. El punto que molestó a algunos intendentes, sobre todo a los opositores, es el que marca cómo deben gastarse los fondos girados a los distritos. Según la reglamentación que publicó en el Boletín Oficial el gobierno de Kicillof, de los $10.000 millones que Nación gira a la provincia de Buenos Aires por este plan, un 75% se reparte entre 24 distritos del sur, norte y oeste del Gran Buenos Aires (a pesar de reclamos, La Plata quedó afuera), mientras que el resto lo ejecuta la provincia.

Cuando un distrito recibe su parte –que se determina por su coeficiente poblacional–, debe utilizar el 80% para móviles de la policía bonaerense (puede usar un 20% de ese 80% para mantenimiento o adquisición de móviles municipales) y el 20% restante para otros equipamientos y vehículos locales.

"El convenio no refleja lo que se había acordado, que fueran $2500 millones para la provincia y $7500 millones para distribuir entre los municipios. Después vino lo del 80% y el 20%. El 80% es para móviles provinciales: seríamos como un departamento de compras de la provincia", afirmó un jefe comunal opositor en diálogo con LA NACION.

"Por otro lado, estamos agradecidos. El convenio es difícil de cambiar porque incluye los tres niveles de gobierno: Nación, Provincia y municipio", completó el intendente, que firmó el convenio y espera acordar con Berni alguna "flexibilización" de ese 80%. La cantidad de patrulleros que debería comprar según la designación de fondos establecida "excedería la capacidad" de personal para conducirlos, explicó.

A mediados de noviembre, trascendió una reunión sobre este tema entre Berni e intendentes opositores en Vicente López, donde gobierna Jorge Macri, que no llegó a buen puerto. Cerca del jefe comunal confirmaron a LA NACION que él está en la lista de los mandatarios "disconformes" con el modo de gastar el dinero estipulado desde el gobierno bonaerense y señalaron que "se sigue negociando" con Berni.

Desde el municipio de San Isidro, distrito que también gobierna Juntos por el Cambio con el intendente Gustavo Posse, informaron que recibieron los fondos y que están adquiriendo móviles y otros materiales.

"La estructura de seguridad de cada municipio es muy distinta. En nuestro caso, no tenía sentido adquirir la cantidad de móviles que se establecía, era el triple de lo necesario", explicaron a LA NACION desde otro distrito opositor. "Lo planteamos a la gobernación y estamos avanzando en la firma de los convenios. Se demoró un poco porque los fondos no aparecían, pero se empezó a destrabar", resaltaron.

La espuma del conflicto bajó, confirmó un intendente de otro partido gobernado por la coalición opositora. "El tema estuvo caliente en algún momento. Tengo entendido que [el plan] fue un pedido de Berni para la bonaerense, pero después Alberto Fernández lo anunció como ayuda para los intendentes y se generaron discusiones. Pero cada municipio fue firmando, está bastante encaminado", sostuvo el funcionario consultado.

También algún mandatario oficialista se mostró en contra de la metodología de gasto que indica el gobierno provincial. "No estamos de acuerdo, necesitaríamos más para lo tecnológico y para patrulleros nuestros [municipales]. Pero en Provincia dijeron que era algo que se cerró con [el jefe de Gabinete, Santiago] Cafiero y que no se podía modificar", indicó un intendente justicialista que aseguró que cubre más cuadras de su distrito con móviles del municipio que con los de la policía bonaerense.

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