El plan del Gobierno para “poner plata” en los bolsillos antes de las elecciones
En la Casa Rosada aspiran a que a partir de julio vea aliviada su situación la clase media, golpeada por la inflación; analizan emitir bonos para los jubilados y pensionados de ingresos más bajos
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LA NACIONCecilia Devanna
El gobierno nacional centra expectativas en lo que puede pasar a partir de julio, mes en el que piensan que podrían comenzar a impactar algunas de las principales medidas económicas. De cara a las elecciones de medio término, en Balcarce 50 se ilusionan con generar un cambio en la clase media, alcanzada por las modificaciones en el piso del Impuesto a las Ganancias, lo que empezará a percibirse ese mes. Inyectar dinero y aliviar los golpeados bolsillos, se vuelven parte de las claves fundamentales con las que el oficialismo encara el camino a las urnas.
En el medio saben que está el peligro latente que implica la inflación, que confían que en los próximos meses podría mantener una tendencia a la baja, aunque admiten que no toda la que desearían. Por lo pronto, en el Ejecutivo insisten en que buscarán garantizar que no se pierda salario y siguen de cerca los acuerdos de paritarias de los distintos sectores.
Con un país que lleva quince meses en medio de una crisis sin precedente que combina emergencia sanitaria y una acuciante situación económica y social, las medidas para aliviar económicamente se pretenden transversales. Con Ganancias apelan a los sectores medios mientras que a los más bajos se destina un paquete de medidas asistenciales. La expectativa es hacer crecer el consumo.
Además, entre lo que se evalúa en el corto plazo está la posibilidad de emitir bonos para compensar a jubilados y pensionados que perciben la mínima. Se trata de uno de los grupos más golpeados por la inflación. Ese bono, al igual que Ganancias y parte de las ayudas, podría llegar también en julio. “Ya se ha hecho y si se tiene que volver a hacer, se va a hacer”, advierten sobre la medida destinada a los jubilados.
Además, la semana pasada se resolvió darles a jubilados y pensionados la extensión de reintegro del 15 % en el uso de tarjetas de débito, que también alcanza a quienes reciben las Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE).
La decisión de prorrogar el reintegro, que vencía a finales de este mes, se dio casi en simultáneo al anuncio del Ministerio de Desarrollo Social de un bono extraordinario de 6 mil pesos para titulares de Potenciar Trabajo. Ese anuncio no le alcanzó a la Casa Rosada para frenar la movilización de los grupos piqueteros que le viernes pasado desafiaron al Gobierno con una masiva protesta en reclamo de más fondos. Los piqueteros advirtieron que si esta semana no reciben una respuesta a sus demandas harán un “acampe” en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social.
Entre las medidas orientadas a las familias, en el Gobierno también enumeran: el refuerzo de la Tarjeta Alimentar, la ampliación de la AUH, el bono de 15.000 mil pesos para AUH y para AUE y monotributistas A y B del AMBA, durante el último cierre. También la extensión del Plan 1000 días, el refuerzo para comedores y compra de alimentos y el refuerzo programa Becas Progresar. Medidas que, según explican fuentes oficiales, tienen un impacto estimado del 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI).
A esas medidas y los cambios impositivos, en el Gobierno también creen que debe sumarse, con el correr de las semanas, el impacto de los distintos acuerdos paritarios, lo que también terminaría en el mentado consumo.
De a poco y con cautela, en la Casa Rosada hay quienes creen que pasado el invierno, se puede empezar a ver un horizonte que permita dejar atrás la pandemia. Algunos lo ubican en septiembre; otros, en octubre. Confían en que en poco tiempo más se podría llegar a ver un crecimiento importante después de meses de caída y se ilusionan con la desaceleración de la inflación. “Hay una tendencia paulatina a la baja. No es la que quisiéramos, pero es algo” dicen.
El Gobierno se aferra a ese optimismo en medio de un escenario por demás complejo, en el que saben que “deben lidiar con indicadores pésimos”. El principal, el 42 % del país sumido en la pobreza y un 10,5 en la indigencia.
Por Cecilia Devanna
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