El plan de Macri que provocará un choque inevitable entre Milei y los sindicatos
Pro colonizó la Secretaría de Trabajo y entre las primeras reformas están mudar la Justicia laboral al ámbito porteño y modernizar convenios; la CGT y las dos CTA se declararon en alerta
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Sandra Pettovello fue la primera ministra del gabinete de Javier Milei en ser confirmada. El presidente electo la oficializó durante la campaña electoral al frente de Capital Humano, el súper ministerio que absorberá Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social. Es decir, administrará las cajas del PAMI y la Anses, hoy en manos de La Cámpora, hasta los planes sociales y el dinero de las obras sociales sindicales. Será una de las funcionarias más poderosas de la nueva etapa y eso explica las disputas y tensiones entre libertarios y macristas para poner un pie en un organismo clave.
Después del triunfo del domingo pasado, Pettovello experimentó días frenéticos en los que hasta evaluó bajarse del cargo, según fuentes confiables de La Libertad Avanza. Milei la calmó el miércoles en un encuentro mano a mano, en el que no solo la ratificó al frente del súper ministerio, sino que la habilitó para elegir a su equipo, supuestamente sin condicionamientos. Habría sido ella quien vetó a Carolina Píparo para dirigir la Anses, como así también quien habría movido a Gustavo Morón de la Secretaría de Trabajo para impulsar a su amigo Omar Yasin, un abogado laboralista de Pro que también se desempeñó en la gestión de Cambiemos como director del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. Morón, quien estuvo a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y había sido oficializado por Milei en redes sociales, mantendrá de todos modos un lugar en la grilla de un organismo nublado de intereses sindicales, empresarios y judiciales.
Con el aval de Pettovello, Morón y Yasín activaron el jueves mismo su primer contacto con la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, para avanzar con la transición. La reunión duró dos horas y también participó Horacio Pitrau, otro exmano derecha de Jorge Triaca que se sumaría a la gestión libertaria como subsecretario de Trabajo.
Detrás del desembarco del tridente Yasín, Morón y Pitrau se orquesta uno de los planes que más le interesan a Mauricio Macri en su nueva alianza con Milei. El expresidente insiste en la necesidad de traspasar la justicia laboral al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde desde hace 16 años manda Pro. Para que eso suceda, debería enviarse un proyecto de ley al Congreso de la Nación y ser aprobado, y después ser tratado por la Legislatura porteña. De avanzar, sería un golpe durísimo para los sindicatos peronistas, que conservan peso e influencia en la Justicia laboral nacional. Algunos abogados laboralistas afirman que sería “inconstitucional”. Para Macri sería una suerte de revancha porque ya lo había intentado sin éxito durante su gestión, cuando se refirió a “la mafia de los juicios laborales” y a “la industria del juicio”, y denunció a magistrados por avalar reclamos salariales, retrotraer descuentos por días de huelga y exigir la reincorporación de personal despedido de organismos públicos.
Mi exposición en la Comisión de legislación laboral de la Cámara de Diputados sobre proyectos que pretenden reducir la jornada legal de trabajo. https://t.co/6FXkqYHUBl
— Omar Nills Yasin (@OmarYasin) October 6, 2023
En el ecosistema de los abogados laboralistas a Yasín lo identifican como uno de los propulsores de la supresión de la Justicia Nacional del Trabajo y su pase de competencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, se lo había planteado a Patricia Bullrich para que lo tuviera en cuenta si es que llegaba a la Presidencia. Tendría listo y bajo el brazo el borrador de un proyecto de ley para enviar al Congreso.
“El problema del traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad más allá de todos los argumentos legales es que particularmente la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es una suerte de tribunal guía para todo el país porque genera una jurisprudencia que trasciende y suele ser de avanzada en sentencias con sentido progresivo o protectorio. Hoy hay dos instancias: los juzgados laborales, donde el que pierde apela, y la segunda es la Cámara de Apelaciones, que tiene 10 salas y revisa los fallos de primera instancia. Después, queda firme. Se pueden presentar recursos extraordinarios para llegar a la Corte, pero no todo puede ir a la Corte, es excepcional. Con el traspaso habría una instancia después de la Cámara de Apelaciones que sería el Tribunal de Justicia de la Ciudad, que fue designado por el macrismo y que se conocen fallos de sus jueces que significarían una regresión para la jurisprudencia protectoria”, advirtió Matías Cremonte, titular de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
Pettovello, tal vez por orden de Milei, cedió entonces la Secretaría de Trabajo para que los hombres de Triaca tomen el control y avancen con la reforma laboral y judicial. Será un área colonizada por Pro, pero también por abogados vinculados al grupo Techint. Se sumó a ellos Julio Cordero, vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina, pero quien es el verdadero cerebro del plan es Miguel Ángel Punte, exnúmero dos de Triaca y exgerente de Recursos Humanos de Ternium. Ponte, que se sumó a La Libertad Avanza mucho antes de las PASO, impulsa modificaciones de la legislación laboral que van mucho más allá del fondo de cese al estilo Uocra que imaginan para reemplazar a las indemnizaciones.
Durante su paso como funcionario de Macri, Punte ganó notoriedad por una frase que terminó minando los puentes con los gremios para delinear una reforma que hasta había alcanzado por entonces un fugaz visto bueno de la CGT. “La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema. Como en el organismo lo es comer y descomer”, dijo en un intento de naturalizar las contrataciones y los despidos. Esta frase, sumado al fracaso del “plan empalme”, cuyo objetivo era reconvertir planes sociales en empleo genuino, sentenciaron su suerte en la administración pública, en la que duró casi dos años como secretario de Empleo. Ponte va ahora por la revancha de la mano de Milei y Macri.
A mitad de año, en un panel virtual organizado por el estudio jurídico Bruchou-Funes de Rioja, Punte dejó definiciones que hoy con Milei como presidente electo toman otra dimensión. No dijo que habría que eliminar las paritarias, pero sí que deben negociarse de acuerdo a las posibilidades de cada empresa. “Siempre lo que manda es la realidad”, dijo enigmático y dejando abierta la puerta a una modificación. Esta apreciación se coincide con lo expresado por Milei el miércoles último en Telefé, donde sugirió que si el Estado no tiene los fondos suficientes para pagar el aguinaldo de los estatales no lo hará. Esta declaración del libertario puso en alerta al mundo sindical, que lanzó duras advertencias cuando todavía faltan 15 días para el campanazo de largada de la gestión. “El aguinaldo está contemplado en la ley”, advirtió el jefe de los estatales de UPCN, Andrés Rodríguez.
En su exposición, Punte, que rechazó hablar con LA NACION, también puso el ojo en las contribuciones patronales. “Deben ser acordadas libremente por las partes, no deberían ser obligatorias. Las empresas podrían negarse”, especificó. De implementarse esta medida, sería un golpe para la recaudación de los sindicatos. Peor para los gremios sería si resuelve desligar a los empleadores de su rol de “agente de retención” de los importes de la cuota sindical, como ensayó Michel Temer en Brasil entre 2016 y 2018. La intención de desfinanciar a los gremios encaja con el mensaje de Milei contra los dirigentes sindicales, a los que acusó de “mafiosos” durante la campaña electoral. Así y todo, el libertario selló un fugaz trato con Luis Barrionuevo que se rompió después del 22 de octubre, pero que ya hay gestiones desde ambas orillas para una reconciliación. ¿Una segunda oportunidad para la “casta” a la que prometió desplazar?
Los gremios, en alerta
Después de haber apostado a pleno por Sergio Massa a pesar del 43% de pobreza y una inflación anual de 140%, el sindicalismo apuró el jueves un encuentro para fijar un posicionamiento frente a Milei. La CGT, a través de sus dirigentes más moderados, amenazó con medidas si es que hay un avance contra los derechos laborales y conquistas establecidas. “No hay ninguna luna de miel posible si las medidas son despidos, ajustes y privatizaciones”, alertó uno de ellos que ya le hizo saber a los aliados de Triaca el malestar y la preocupación que rodea hoy a los gremialistas.
En la CGT se respira un inusual espíritu combativo. “Respetamos la decisión de las urnas. No queremos chocar ni confrontar de manera anticipada”, planteó Gerardo Martínez, jefe de la Uocra. Martínez es hoy uno de los dirigentes más en alerta después de que Milei haya anunciado el fin de la obra pública. Advirtió que hay 220.000 empleos en riesgo. Milei propuso un modelo “al estilo Chile”, con inversiones públicas-privadas. “Es una fantasía”, dicen en la Uocra, y lo argumentan con números: “Solo el 7% de las obras públicas en Chile son con financiamiento privado. El resto se hace con recursos de préstamos de organismos multilaterales como el Banco Mundial o con fondos del Estado. Milei no contó esa parte”.
También están con la guardia en alto los gremialistas del sector aeronáutico y ferroviario. Guillermo Ferraro, probable ministro de Infraestructura, quien tendrá bajo su órbita las áreas de Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones, recibió en estos días llamados dramáticos de algunos sindicalistas. Conversó con Martínez por la posible parálisis de la obra pública, pero también con Juan Pablo Brey por los deseos libertario de privatizar Aerolíneas Argentinas y los ferrocarriles. Ferraro les habría dicho a sus interlocutores que no hay nada concreto y que por ahora son solo definiciones del presidente electo en los medios de comunicación. “Ellos mismos no saben qué van a hacer, hay un grado de incertidumbre e improvisación que nos obliga por ahora a ser cautos”, dijo un dirigente aeronáutico. Para el lunes, los gremios del transporte, donde los Moyano tienen protagonismo, preparan un pronunciamiento en contra de las privatizaciones, los eventuales despidos y la suba de las tarifas. El tono podría ser más duro que la amenaza velada que hizo la CGT.
Las dos vertientes de la CTA, donde todavía hay una fuerte impronta kirchnerista, ya se declararon en “alerta” y prevén protestas callejeras preventivas antes de la asunción del 10 de diciembre. La voz cantante en la CTA la tiene ATE, uno de los gremios estatales amenazados por la política de la motosierra. ¿Se cocina el regreso del sindicalismo antropófago, ese que es capaz de engullirse a cualquier gobierno que no sea peronista?
El gobierno que está en retirada, mientras tanto, habilita contrarreloj la mayor cantidad de paritarias posibles para su renegociación. Antes del recambio, los estatales se aseguraron un 19% (hubo aval de la gestión de Milei para otorgar este aumento, según el jefe de UPCN), los bancarios un 17% y esta semana habría nuevos ajustes para los metalúrgicos y posiblemente para los mercantiles. Un último aporte de Kelly Olmos para digerir la inflación de tres dígitos de Massa. Triaca, Yasín y su tropa esperan agazapados. Se preparan para el segundo tiempo de Macri.