El peronismo y la independencia del Poder Judicial

El 4 de junio de 1946, al asumir el cargo de presidente de la Nación, el entonces general Juan D. Perón leyó su primer mensaje a la Asamblea Legislativa. Allí dijo: “En lo que a mí hace, pongo el espíritu de justicia por encima del Poder Judicial […], entiendo que la justicia, además de independiente, ha de ser eficaz, y que no puede ser eficaz si sus ideas y conceptos no marchan a compás del sentimiento público”. Empezaba así la tirante relación que el peronismo ha tenido con la independencia del poder judicial a lo largo de toda su historia.

Un mes después, el presidente del bloque peronista de la Cámara de Diputados, presentó un pedido de juicio político contra los jueces Repetto, Nazar Anchorena, Ramos Mejía y Sagarna y el procurador general Juan Álvarez. La remoción de tres de los jueces y del procurador general, así como la renuncia del presidente del tribunal durante este juicio político, le permitió al primer gobierno de Perón contar con una Corte Suprema hecha a su medida.

Vale la pena recordar las posturas sostenidas por el bloque peronista durante el juicio político de 1947: son ilustrativas del desprecio que muchos de sus integrantes expresaron en cada uno de sus diez gobiernos hacia el requisito que exige la Constitución de tener un poder judicial independiente. Por ejemplo, el diputado Palacio expresó que: “Nosotros creemos que dentro del mecanismo de nuestras instituciones el principio de soberanía popular es más importante que una supuesta intangibilidad de la justicia, que es un principio capitalista y oligárquico y cuya profesión entre nosotros es un signo de colonialismo mental”. El diputado Montiel, a su vez, afirmó: “Si nosotros, como partido político, perdiéramos una elección en el orden nacional y el partido opositor lograse nuestra mayoría y dijera que los miembros de la Corte no respondían a las inquietudes políticas de sus supuestos sociales y tuvieran evidentemente la autoridad suficiente dada por el pueblo […] estarían bien separados”.

En el Senado, Diego Luis Molinari sostuvo enfáticamente: “Mis escrúpulos desaparecen frente a esta situación; entre una ley que debo respetar y un acto concreto que tengo que resolver, prefiero resolver el hecho y olvidarme de la ley”. La “ley” que se proponía “olvidar” era la Constitución Nacional.

La principal acusación a los jueces de la Corte fue el haber firmado las Acordadas que reconocieron los gobiernos de facto de 1930 y 1943. La de 1943 reconoció al gobierno del cuál Perón había sido la principal figura. La de 1930 no podía haber sido dictada por dos de los jueces que fueron removidos porque ingresaron a la Corte en 1934 y 1935. Además, después del juicio político, uno de los primeros fallos de la nueva Corte peronista (el caso “Arlandini”) usó la de 1930 como precedente para reconocer facultades legislativas amplísimas a los gobiernos de facto. Esa muestra de cinismo contundente de la nueva Corte vino acompañada de la cita de un autor filonazi como Heinrich Herrfahrdt.

Durante la posterior reforma constitucional de 1949 se incluyó una disposición transitoria que obligó a todos los jueces a obtener nuevamente el acuerdo del Senado. Esto permitió al gobierno remover de sus cargos a los jueces que no podía controlar. Se inauguró así la “puesta en comisión” de todo el Poder Judicial, repetida después en varias ocasiones.

Perón, Menem, Kirchner

Durante el tercer gobierno peronista, luego de poder elegir su propia Corte en 1973, se logró la renovación de gran parte del poder judicial mediante una ley que dispuso beneficios inusitados para la jubilación de jueces. Como miembro informante, el senador Afrio Pennisi afirmó que la Ley 20.550 “propende, en alguna medida, a posibilitar la necesaria renovación de los cuadros superiores del Poder Judicial de la Nación, en procura del logro de una homogeneidad acorde con el sentir del pueblo y adecuada a los fines de una política de liberación nacional y, consecuentemente, a una revolución…”.

Durante el primer mandato del presidente Menem, se amplió la integración de la Corte a nueve jueces en abril de 1990 a través de la Ley 23.774 (aprobada en el Congreso al son de la marcha compuesta por Hugo del Carril). El cuarto gobierno peronista pudo, desde ese momento, conformar su “mayoría automática”. También impulsó la modificación de la justicia federal penal que dio lugar a los llamados “jueces de la servilleta” de Comodoro Py e inauguró la nefasta injerencia de los servicios de inteligencia en su funcionamiento, profundizada durante el quinto gobierno peronista después de la reelección en 1994.

En 2002, durante el accidentado sexto gobierno peronista, Eduardo Duhalde intentó un juicio político a todos los jueces de la Corte debido al fallo “Smith” que declaró inconstitucional el “corralito”. A su vez, luego del fallo “San Luis” de 2003, durante el séptimo gobierno peronista, Néstor Kirchner promovió la “renovación” de la Corte Suprema a través de sendos juicios políticos que terminaron con las destituciones de los jueces Moliné O’Connor en 2003 y Boggiano en 2005. Ante la amenaza de ser removidos, renunciaron en ese lapso los jueces López, Nazareno y Vázquez. El nuevo gobierno pudo designar a la mayoría de los jueces del tribunal.

Cristina Fernández de Kirchner heredó esa Corte “renovada” y se enfrentó con ella en 2013 cuando pretendió destrozar por segunda vez el Consejo de la Magistratura (la primera fue a través de la Ley 26.080, declarada inconstitucional en el caso “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires”). Durante sus dos mandatos, los intentos de copar y condicionar el poder judicial fueron constantes.

Ahora, el décimo gobierno peronista se enfrenta nuevamente al Poder Judicial, en especial, a la Corte Suprema. El comunicado de ayer del presidente Alberto Fernández, en el que propone una maniobra procesal desesperada y plantea insólitamente la imposibilidad de cumplir con una medida cautelar ordenada por la Corte, es imposible de entender sin el contexto que describí. No hay que olvidar que hace apenas un par de meses el oficialismo en el Senado de la Nación aprobó por 36 a 33 una de las numerosas iniciativas para intervenir al poder judicial, en este caso con un desopilante proyecto de ley que dispuso multiplicar varias veces la cantidad de jueces en la Corte Suprema.

El problema para el actual gobierno es insalvable. Por un lado, la Constitución exige un poder judicial independiente y, le guste o no, tiene que cumplir con los fallos de la Corte Suprema. Por el otro, a diferencia de tantas veces en el pasado, no tiene mayorías parlamentarias para concretar sus permanentes ataques a los jueces. Hoy es un mastín desdentado. Tal vez sea un buen momento para reflexionar y revisar un comportamiento institucional anómalo que, en esta materia, ha sido siempre contrario a los principios que en materia de independencia del poder judicial rigen en la República Argentina desde 1853.

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El autor es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral

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