El peronismo se prepara para ser oposición

El 56,4% de los brasileños cree que Lula da Silva sacó más votos que Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales. Pero el 39,7% supone que fue al revés. Un 54,1% rechaza la idea de que los militares deban intervenir para invalidar el resultado de esos comicios. Pero un 36,8% lo acepta. Para el 53% la invasión al Palacio de Justicia, al Congreso y a la sede del Poder Ejecutivo es injustificada. Pero 27% considera que es injustificada sólo en parte. Y un 10% cree que está justificada por completo. Estos son los resultados de una encuesta de la consultora Atlas-Intel, divulgados anteayer en Brasil. El golpismo no es mayoritario en ese país. Pero es muy significativo.

Este es el terreno ideológico y emocional sobre el que se produjo la rebelión bolsonarista contra los tres poderes del Estado. La mayor democracia de la región está amenazada porque un sector muy amplio de la sociedad ha roto el consenso sobre las reglas de juego. El problema lleva años, pero se agravó durante la última campaña proselitista. Sobre todo desde mediados de junio, cuando Bolsonaro reunió a los embajadores destacados en Brasilia para alertarlos sobre la inminencia de un fraude.

Varios indicios permiten sospechar que lo del fin de semana pudo ser la primera etapa de una asonada más estructurada que se frustró. No es un caso aislado. En Perú ya son 46 las vidas que se cobraron las fuerzas de seguridad durante la represión de manifestaciones que se extienden por todo el país pidiendo la renuncia de toda la clase política. Las protestas se iniciaron cuando el presidente Pedro Castillo intentó eliminar el parlamento.

En Brasil se verifica un conflicto entre sectores muy extendidos de la sociedad con el programa liberal-republicano. En ese desajuste conceptual hunde su raíces el ataque a las instituciones. Allí prosperan liderazgos populistas, como el de Bolsonaro, sostenidos en un axioma autoritario: el pueblo soy yo. O, dicho de otro modo: cualquier otro actor fuera de mí carece de legitimidad. Se trate del rival electoral que me vence. Se trate de una institución, como el Congreso, la Justicia o la prensa, que me limite.

La dirigencia política argentina ha tomado esta regresión democrática brasileña como un insumo para su propia polarización. Mauricio Macri identificó la toma del Congreso, el Superior Tribunal Federal y el Palacio de Planalto con el cerco al Congreso por parte de una muchedumbre violenta que intentaba impedir por la fuerza que la Cámara de Diputados sancionara una reforma previsional. Esa embestida contra la representación popular fue organizada por una corriente política cuya principal líder encuentra enormes dificultades para admitir que la soberanía popular puede estar depositada fuera de ella misma. En 2011, Cristina Kirchner se hizo dar el bastón de mando por su hija Florencia. Y en 2015, se negó a ponerlo en manos de Macri, el vencedor de las elecciones. Esa gestualidad ya había hecho flamear una bandera: “Vamos por todo”.

Sería una barbaridad, sin embargo, servirse de estas poderosas inclinaciones antiliberales para identificar a la vicepresidenta con el fascismo tropical de Bolsonaro. El kirchnerismo nunca puso en tela de juicio la transparencia electoral. Es verdad que intentó avasallar al Poder Judicial con reformas cesaristas, pero cuando la Corte las invalidó, se sometió a sus fallos. La señora de Kirchner despotrica contra los tribunales que la juzgan por casos de corrupción, pero siempre se allanó al proceso. Aun cuando jueces como Claudio Bonadio la llamaran a ocho indagatorias en un día.

Con un tono menos épico, su pupilo, Alberto Fernández, cruza la frontera mucho más allá. Amparado en que su padre fue juez y en que estudió abogacía, anuncia que va a desobedecer fallos de la Corte. Él y su ministro de Justicia inician acciones penales contra algunos ciudadanos a partir de filtraciones del espionaje clandestino. También va contra la Corte sirviéndose de esos chats privados. Eso sí: en cualquier momento el Presidente pondrá a disposición del público su propio celular para demostrar que juega limpio.

Al cabo de tres años de despotricar contra la inteligencia ilegal que practicaba la AFI de Macri, ahora el kirchnerismo aprueba el mismo método. La confusión mental llega a tal punto que el borrador del pedido de juicio político contra el tribunal repudia que a Héctor Timerman se le reabriera la causa por el Memorandum de Entendimiento con Irán sobre la base de una escucha subrepticia.

A través de su vocera, Gabriela Cerruti, el Presidente justifica el juicio político contra la Corte porque no está de acuerdo con el contenido de sus fallos. Un razonamiento que se vuelve más insólito porque se formula en defensa de la división de poderes. La sociedad sólo está protegida frente a esta prepotencia gracias que el oficialismo carece de número en el Congreso para defenestrar al máximo tribunal. En el caso contrario lo haría, cada vez que un fallo le resulte desagradable. La oposición no va a perderse este argumento. Pedirá el voto para frenar al kirchnerismo en el Congreso.

Con el paso de las horas, las causales de juicio político se van superponiendo en un collage contradictorio, sobre todo a través de Twitter. Ayer, un abogado kirchnerista propuso condenar a Rosatti por haber modificado su posición en el caso 2x1 ateniéndose a una ley que promovió, después de movilizarse en las calles, el kirchnerismo. Un homenaje involuntario a Carlos Rosenkrantz, que no cambió su voto.

Nadie sabe si Ricardo Lorenzetti será acusado. Su situación sería la más complicada, porque Elisa Carrió y su Coalición Cívica ya pidieron su juicio político. Quiere decir que Lorenzetti podría enfrentar los votos de dos corrientes, sobre todo en la Comisión. En esa instancia, quedó a merced del kirchnerismo. Hay quienes creen que esta es la razón por la que este juez colabora con sus eventuales verdugos adhiriendo a la campaña contra los otros tres ministros y, en especial, contra Rosatti. Una mano lava la otra. O la ensucia, según se quiera ver.

Ayer, el Frente de Todos tuvo que postergar el ritual legislativo de este ataque por causas de fuerza mayor: los diputados debían reorganizar sus vacaciones para conseguir el quorum de la Comisión. Es lo de menos. La guerra igual fue declarada en el terreno en que la quiere librar el kirchnerismo: ayer aparecieron carteles con las caras de los jueces y los cargos que les formulan. Los primeros de estos escraches aparecieron en La Rioja, con la leyenda “En defensa de la Patria y el federalismo”. Un detalle: Lorenzetti también tiene su afiche.

En otra exhibición del proyecto Amague y Recule, para usar la categorización de la señora de Kirchner, Fernández desistió de promover el juzgamiento de los jueces. Consintió una mentira piadosa: el Presidente no tiene la facultad de impulsar el procedimiento. ¿No la tiene cualquier ciudadano? El argumento que más lo disuadió, sin embargo, fue político: ni Juan Perón ni Néstor Kirchner iniciaron los enjuiciamientos a la Corte que tuvieron lugar durante sus gobiernos. En 1947 el que movió la rueda fue el penalista Octavio González Roura. Y en el de 2003, Kirchner pidió en público a los legisladores que lo hicieran.

La solicitud de juicio político es un eje mayor de la estrategia electoral del kirchnerismo. Está ligado a la situación penal de su jefa: ella debe inculcar en sus feligreses que se la castiga por todo el bien que les hizo. No por el sistema de corrupción que su gobierno cobijó. El paso siguiente es la recusación de los ministros de la Corte. Y hay una instancia ulterior: el recurso al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos para denunciar la denegación de justicia.

Sin embargo, la jugada va más allá de la pesadilla judicial de la señora de Kirchner. El ataque a la Corte refuerza una táctica de la que el kirchnerismo, como todo populismo, jamás se aparta: la competencia por el poder no involucra a dos agrupaciones equivalentes. Hay sólo una fuerza que representa a la ciudadanía: el Frente de Todos. Las demás, sobre todo Juntos por el Cambio, son la máscara de poderes retrógrados, contrarios a los intereses de la mayoría. Por lo tanto, no merecen que se discuta con ellas. Viene a la memoria la declaración de la entonces presidenta cuando, en 2013, Sergio Massa se impuso en la provincia de Buenos Aires: “No voy a discutir con el empleado sino con los dueños de la pelota”. El escenario se está volviendo a montar en estas horas: la campaña electoral pretende ser una disputa entre los servidores del pueblo y magistrados facciosos. No entre el oficialismo y la coalición que en 2021 lo derrotó en las elecciones.

Habrá que ver si los votantes entienden de qué se está hablando. Pero Cristina Kirchner no puede conseguir un mejor encuadramiento para un Frente de Todos corroído en su base por el ajuste económico. Los protagonistas principales de la vida pública deben ser ella y una maquinaria que la proscribe. Por lo tanto, ¿cómo renunciar a la utilización mafiosa de chats privados entre un empleado de la Corte y un ministro de Horacio Rodríguez Larreta, o entre jueces pícaros y ejecutivos de Clarín, si esos contenidos pueden alimentar una narrativa autoindulgente sobre la escandalosa transferencia de dineros públicos a bolsillos privados? En el borrador del pedido de juicio político figura un razonamiento insólito. En otros términos, expresa lo siguiente: “Ya la justicia dirá si los chats fueron conseguidos por vías ilegales; mientras tanto, lo usamos”. El punto de fuga del cuadro es el artilugio de la proscripción. Es decir: la representante “natural” del pueblo enfrenta una conjura para sacarla de carrera. Entre Steve Bannon y Ernesto Laclau existen oscuras armonías. Pero la señora de Kirchner no reconoce el aire de familia entre sus arrebatos populistas y los impulsos antirrepublicanos que, en Brasil, llevan a un golpe. Ella se autopercibe Lula. Y el golpe ya fue dado: fue el dramático disparo del “copito”.

También en esta línea hay una lógica tergiversada, que desarticuló Martín Rodríguez Yebra en este diario. Lula clamaba por competir en las elecciones y, como los jueces se lo impedían, se declaraba proscripto. La vicepresidenta se declara proscripta y, en consecuencia, decide no competir en las elecciones. Se trata de llegar por algún atajo al mismo corolario: si los comicios se celebraron con una proscripción, el que ganó carece de legitimidad. Salvo que se trate de Cuba, Venezuela, Nicaragua o paraísos similares. Cristina Kirchner todavía no sabe cuál será el resultado de las próximas elecciones. Pero se prepara para ser oposición.

El peronismo se pliega a este curso operativo con distinto énfasis y desigual motivación. Fernández se puso al frente del estropicio institucional, aunque reservándose a último minuto una coartada para el futuro libro de historia que borronea en su imaginación: yo no promoví el juicio político. Fueron los diputados. Compite con Massa, que se retiró de escena. El ministro de Economía está más atento a hacer campaña en Tigre, con su esposa, usando los recursos de la deficitaria AySA. Encantador destino de los ajustes de tarifas. También reparten zapatillas importadas incautadas en la Aduana. A propósito de las importaciones: entre los empresarios resulta cada día más enojosas algunas exigencias de la Secretaria de Comercio que dirige Matías Tombolini.

El Presidente y su ministro son candidatos presidenciales. Dependen del dedo de la señora de Kirchner. Pero también del estado de ánimo de los sectores medios y del mercado. Así se explica que el Presidente haya incorporado a Antonio Aracre a su equipo de asesores. El exejecutivo de la china Syngenta propuso, para empezar a hablar, una flexibilización laboral. Como dijo alguna vez “Pepe” Mujica al colombiano Luis Alberto Moreno: “Estos chinos son bravos; en unos años vamos a estar extrañando a los gringos”. Desde la izquierda oficialista, liderada por Alicia Castro, se levantó una ola de diatribas que derivaron en un petitorio para que Aracre no ingrese a la administración. El lunes a la noche hubo que explicarle las reglas de la casa.

Los gobernadores se plegaron demostrando que el poder interno de la vicepresidenta sigue siendo determinante. Para ella es importantísimo alegar que la “persecución” de la Justicia es una “persecución” contra todo el peronismo, ejecutada por una Corte macrista. Este planteo exige olvidar que tres de los cuatro magistrados son peronistas. Olvidado.

Entre los jefes provinciales existen disidencias. Jorge Capitanich, por ejemplo, se quejó de los compañeros que apoyaron a Macri. Aunque él en marzo de 2016 recibió al expresidente como huésped de honor en Resistencia. Algo más para olvidar. En cambio, entre los gobernadores y Cristina Kirchner hay una solidaridad tan genuina como tácita. La investigación sobre obra pública de Santa Cruz, si se universalizara, arrasaría con varios mandatarios, sin distinción de partidos. Esa causa puso en evidencia el método más habitual de financiamiento de la política. Santa Cruz se distingue sólo por la escala y la chapucería.

Hay otra razón para que en el interior se sumen a la saga del gobierno nacional: cualquier gobernador sabe cuánto rinde ufanarse ante el electorado local de que se está resistiendo la prepotencia del puerto. Sobre todo si los candidatos más visibles de la oposición, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, son porteños.

Sin embargo, el peronismo se está congregando alrededor de un factor más poderoso. No es la adhesión a los liderazgos nacionales, que en muchos casos fueron librados a su suerte por el adelantamiento electoral de las provincias. El PJ federal le está mostrando los dientes al próximo gobierno. Sus caudillos suponen, con razón, que ya no existe ajuste fiscal posible sin reducir los giros a sus distritos. El Fondo ya lo sugirió a un Massa que no se da por aludido. Los piqueteros kirchneristas también iniciaron maniobras por si la tercerización de los planes sociales se pone en discusión. Y una fracción importante de la CGT se prepara para resistir una reforma laboral. La flexibilización de Aracre es un espejo que adelanta. Emocionado, el empresario festejó ayer que Alberto Fernández lo haya “sacado a bailar”. Si se miran los aprontes de todo el peronismo frente a un eventual cambio de gobierno, tiene razón. El baile ya empezó.

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