El pedido de incautación del avión: un camino con obstáculos
La petición de EE. UU. enfrenta fuertes implicancias políticas y dificultades judiciales y administrativas
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LA NACION
A pesar del pedido de los Estados Unidos para decomisar el avión venezolano sospechoso, retenido en la Argentina desde el 6 de junio pasado, la concreción de esa solicitud no es sencilla. No solo por las implicancias políticas que tiene la medida, sino por las dificultades judiciales y administrativas que implica su implementación, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.
La aeronave, un Boeing 747 de Emtrasur, está desde hace dos meses inmovilizado en Ezeiza y la Justicia dispuso que de los 19 tripulantes, cinco iraníes y 14 venezolanos, siete de ellos se queden en Buenos Aires y 12 quedan en libertad para regresar a su país.
En coincidencia con esta decisión judicial, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comunico a la Argentina que un tribunal de Columbia había emitido un pedido para decomisar el avión, ya que entiende que la aeronave norteamericana pasó a manos de una empresa iraní, Mahan Air, sindicada por sus presuntos vínculos con el Hezbollah, y luego a la venezolana Emtrasur, también sancionada por estados unidos.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos también dictó una medida administrativa que impide que el avión pase de manos de Irán a Venezuela y prohibe que vuele entre Teherán y Caracas.
La reacción de Maduro
Las medidas norteamericanas motivaron que Nicolás Maduro se quejara públicamente de que los Estados Unidos quería robarse el viejo Boeing de la aerolínea estatal venezolana.
Aún no llegó el pedido de la justicia de los Estados Unidos a la causa judicial que llevan adelante el juez federal Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona.
En los asuntos de cooperación judicial entre Argentina y los Estados Unidos, interviene el Ministerio de Justicia, a diferencia de lo que ocurre con cualquier otro país donde interviene la cancillería. El rol del Ministerio de Justicia es el de un “currier”, no tiene decisión, ni injerencia en la solicitud norteamericana.
Una vez que la petición formal llegue al país se pueden dar dos situaciones simultáneas: por un lado, tramitar el asunto como un pedido de embargo internacional. En este caso entran en juego cuestiones de derecho internacional y correspondería hacer lugar a la solicitud de decomiso, solo si las normas legales vigentes en los Estados Unidos tienen una norma similar en la legislación argentina.
Como si se tratara de un pedido de extradición, en el que el delito por el que se solicita en envío de una persona debe estar contemplado en ambas legislaciones. Este trámite sería engorroso porque la empresa o Venezuela pueden pedir intervenir en el expediente y pueden hacer sus requerimientos, oposiciones y apelaciones, lo que dilataria el trámite judicial por años.
El camino de la UIF
Otra alternativa, que no excluye la anterior, sino que puede tramitar de manera simultánea, es que la Justicia solicite a la Unidad de Información Financiera (UIF) el congelamiento administrativo del avión, al entender que está vinculado con empresas que apoyan a organizaciones terroristas.
Esta idea está en estudio entre los investigadores argentinos, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.
La ley argentina considera al Hezbollah una organización terrorista y la UIF tendría bases legales como para congelar la aeronave, dado que hay un decreto que prevé esta posibilidad y le da a la oficina antilavado esas facultades.
Claro que una cuestión es la norma administrativa y otra la implicancia política, dado que la UIF está alineada con el kirchnerismo que considera a Maduro y a Venezuela un amigo.
Hay antecedentes de casos de congelamiento de fondos ante la sospecha de que pudieran estar vinculados con el Hezbollah. En el gobierno anterior, la UIF congeló fondos del clan Barakat, una familia sospechada de estar ligada al Hezbollah que supuestamente realizaba actividades de lavado de dinero en el casino de Iguazú.
La medida administrativa de la UIF que congeló los fondos de los Barakat luego fue confirmada por el juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero.
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