El paso a paso de la ofensiva de Cristina Kirchner

La idea de la proyectada reforma judicial como una suerte de caballo de Troya en cuyo interior se esconden las herramientas para garantizarle impunidad a Cristina Kirchner y a otros exfuncionarios y empresarios involucrados en causas de corrupción ya está demasiado extendida. Se trata, en consecuencia, de una reforma herida de muerte desde antes de su nacimiento.

Paradójicamente, los principales detractores de la iniciativa no son tanto los referentes de la oposición, como sus propios impulsores. Es que tanto la expresidenta, cuando ocupaba una banca en el Senado en noviembre de 2006, como el actual jefe del Estado, cuando se encontraba en el llano en junio de 2016, dieron cátedra acerca de por qué no se debía ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia.Cristina Kirchner, en un memorable discurso pronunciado en la Cámara alta, fue incluso más allá y apoyó a quienes rechazaban la iniciativa de dividir al máximo tribunal en salas, como se pretende ahora. Y Alberto Fernández no pudo ser cuatro años atrás más enfático: "La verdad es que la Corte tiene cinco miembros y debe tener cinco miembros, el resto es fantasía", enfatizó.

Las contradicciones de los protagonistas desnudan que la verdadera intención del proyecto de reforma judicial y de la constitución de un consejo consultivo no pasa por mejorar el Poder Judicial, sino por amoldarlo a las necesidades políticas del gobierno nacional.

En ese comité de expertos que se abocarán a estudiar posibles reformas en la Corte, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, se destacan abogados de figuras de la política y del empresariado envueltos en causas judiciales que en algún momento terminarán aterrizando en el máximo tribunal de la Nación. Entre ellos, Carlos Beraldi,quien está al frente del equipo de letrados que defienden a Cristina Kirchner en las causas en las que está acusada de graves delitos. Algo que, a juicio de dirigentes de la oposición y de algunos reconocidos juristas constituye una agresión al sentido común.

Así como buena parte de la opinión pública palpó que detrás de la frustrada expropiación de Vicentin no había una intención de salvar a la empresa, sino de apoderarse de ella, se puede advertir ahora que, detrás de la proyectada reforma judicial, de lo que se trata no es de agilizar la Justicia, sino de salvar a Cristina.

Al igual que el proyecto expropiador de Vicentin, la iniciativa de crear 132 nuevos juzgados en todo el país debilita los argumentos del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del Presidente frente a los acreedores externos de la Argentina. El enorme costo fiscal que tendría la megarreforma judicial solo puede ser justificado por la necesidad de armar una Justicia a la medida de los intereses particulares de quienes gobiernan. Especialmente, si esta se planifica a espaldas de la oposición y de no pocas organizaciones no gubernamentales especializadas en derecho.

"Es insólito que no se convoque a los miembros de la propia Corte Suprema, que supuestamente son quienes más profundamente conocen los problemas operativos que pueda tener el máximo tribunal", afirmó el especialista en derecho constitucional Alberto Garay.

En semejante sentido, el constitucionalista Daniel Sabsay opinó que solo puede entenderse como "una presión" al máximo tribunal el hecho de que "quienes van a recomendar cómo debe ser la Corte sean abogados de personas como Cristina Kirchner y Ricardo Echegaray, con causas judiciales que van a terminar en la Corte". Para referirse a ese "juego perverso", Sabsay se pregunta qué podría pensarse si la Corte decidiera crear una comisión para estudiar la conformación del Poder Ejecutivo, tras sostener que la integración del consejo consultivo es violatorio del artículo 109 de la Constitución Nacional, según el cual "en ningún caso el presidente de la Nación puede arrogarse funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".

Ayer, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, rechazó que la reforma judicial apunte a garantizar impunidad para la actual vicepresidenta de la Nación. "Si uno tiene una causa en un tribunal federal, lo va a seguir juzgando el mismo tribunal. Entonces, no entiendo cuál es la impunidad. La impunidad sería que el Presidente declare el indulto de alguien. Y no lo va a hacer", dijo.

Sin embargo, la ministra no pareció percatarse de que también ayer el kirchnerismo dio un paso clave en su batalla contra los jueces que no le resultan afines, tras lograr en el Consejo de la Magistratura la aprobación de su plan tendiente a que se revisen los traslados de diez magistrados, entre los cuales hay tres que investigan a Cristina Kirchner.

Esos jueces son Germán Castelli, miembro del Tribunal Oral Federal 7 (TOF7), que tiene a su cargo el juicio de los cuadernos de las coimas, y dos miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner en la citada causa de los cuadernos.

La diputada Graciela Camaño, cuyo voto fue decisivo para que el Consejo de la Magistratura tomara la decisión, expresó que los traslados de esos jueces, resueltos durante la gestión de Mauricio Macri, "no fueron realizados conforme al reglamento que regía ni a las acordadas de la Corte". Los pliegos de esos jueces serán enviados al Poder Ejecutivo, con el fin de que este los dirija al Senado, donde el kirchnerismo cuenta con mayoría.

Los integrantes del Consejo que se opusieron a la decisión adoptada por 7 de los 13 integrantes del cuerpo señalaron que "viola la garantía de inamovilidad de los jueces".

Uno de los afectados por la medida, el juez Castelli, al anunciar que recurrirá a organismos internacionales para defender su condición de juez natural del TOF7 desde hace más de dos años, citó como precedente traslados de jueces de jurisdicciones dispuestos por Cristina Kirchner cuando fue presidenta de la Nación. Sostuvo también que el primer reglamento de traslado de jueces, aprobado en el año 2000 por el Consejo de la Magistratura, establecía la necesidad de que "la vacante a la que se solicita traslado corresponda a la misma competencia en materia y grado que el cargo que el juez ocupa" y que "este requisito no será exigido cuando el interesado haya obtenido un anterior acuerdo del Senado de la Nación para desempeñar la función a la que pide su pase".

En 2019, el plenario del Consejo de la Magistratura modificó ese reglamento, pero para entonces Castelli ya llevaba un año desempeñándose en el TOF7.

Es difícil separar esta medida que impulsó el oficialismo en el Consejo y el propio proyecto de reforma judicial de la ofensiva que, paso a paso, ha llevado al kirchnerismo a mejorar su situación en el escenario judicial, y que, entre otros pasos, reconoce los siguientes:

• La decisión de la Oficina Anticorrupción de abandonar su papel de querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, en las que la expresidenta está procesada por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
• El pedido de nulidad del proceso judicial por el memorando con Irán efectuado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.
• La virtual paralización de algunas causas judiciales que involucran a la vicepresidenta de la Nación; el pase de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados a la órbita de la Secretaría de Justicia, a cargo del dirigente kirchnerista Juan Martín Mena.
• La propuesta de designación como jefe de los fiscales a Daniel Rafecas, juez federal que archivó en tiempo récord la denuncia de Alberto Nisman contra la expresidenta por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA.
• Las numerosas excarcelaciones de exfuncionarios presos, entre los que se encuentran Amado Boudou, Julio De Vido, Roberto Baratta y Luis D’Elía.

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