Un pasaporte kirchnerista para el Estado antivacuna

No todas las importaciones están en crisis y restringidas por la gestión kirchnerista. La política sanitaria oficialista privilegia ahora la importación de medidas sanitarias aunque sean equivocadas para el “mercado de salud” interno. La novedad es que el gobernador Axel Kicillof anunció la adopción casi llave en mano de una política pública, polémica, llegada directo desde la Francia de Emmanuel Macron: la imposición de un pasaporte sanitario donde conste la vacunación contra el Covid-19 como condición para ganarse el derecho a ingresar a bares, restaurantes y otros lugares públicos. Se trata, en definitiva, de la imposición de la obligatoriedad de vacunarse a la población general a riesgo de perder derechos básicos de la vida cotidiana.

La Argentina no es Francia en dos sentidos centrales. Por un lado, porque en Francia no escasean las vacunas, mientras que en la Argentina sí: es decir, aunque todos los argentinos quisieran vacunarse o se vieran obligados a vacunarse al menos con la primera dosis, como lo impone Kicillof, no podrían hacerlo en el corto plazo. Y no por su responsabilidad, sino por responsabilidad de la gestión kirchnerista y su deficiente manejo de la compra de vacunas: las vacunas llegaron lento y tarde. Las segundas dosis, mucho más. Por otro lado, porque la Argentina no tiene un problema antivacuna en su población y Francia sí, y es histórico.

A fines de 2015, apenas un 8,9% de franceses dijo creer que las vacunas en general son seguras. Junto con Japón, con el mismo porcentaje, y Mongolia, con el 8,1%, fueron los países con menor confianza en las vacunas entre 149 países analizados. Argentina en cambio estuvo entre los países con mayor confianza en las vacunas, con un 89,4 % de su población que se expresó en ese sentido.

Los datos pertenecen al paper “Mapeando tendencias globales de confianza en las vacunas e investigando barreras en la vacunación”, liderado por el especialista en vacunación y confianza, Alexander de Figueiredo, del Imperial College en Londres, publicado en The Lancet en 2020.

Respecto de la resistencia a vacunarse en medio de esta pandemia de Covid-19, los datos también corroboran el problema francés, dominado por la resistencia antivacuna. “Si una vacuna contra el Covid-19 estuviera disponible, ¿elegiría vacunarse”. Esa fue la pregunta que hizo un equipo del respetado Massachusetts Institute of Technology (MIT) entre personas no vacunadas de 15 países. El estudio se denomina “Covid-19. Encuesta de creencias, comportamientos y normas”. Los últimos datos recogidos corresponden al 28 de marzo de 2021.

En Francia, quienes respondieron que no se vacunarían sumaron el 27,9%. Contrasta con el promedio de antivacunas de los 68 países encuestados, que fue tan solo del 14,6%. En la Argentina, de acuerdo con el trabajo del MIT, el porcentaje de personas que no se vacunaría aun habiendo vacunas llegaba en marzo a apenas el 13,95%.

En Francia, la medida de Macron está resultando tan efectiva como polémica. Luego de conocerse, le siguió un pico de más de un millón de dosis aplicadas, pero, al mismo tiempo, manifestaciones callejeras en contra, es decir, fue contraproducente: aumentó la resistencia a la vacuna. El argumento que se opone a la medida apunta a la violación de libertades individuales y al derecho a decidir sobre el propio cuerpo, sobre todo respecto de vacunas con aprobaciones de emergencia que, por lo tanto, justifican cuestionamientos aceptables por parte de la población.

Francia no es la Argentina

¿Por qué Francia avanza entonces con esa política sanitaria? Porque, a la inversa de la Argentina, en la Francia de Macron el problema no es la falta de vacunas, sino esa resistencia histórica de buena parte de su población a vacunarse. Aunque el pasaporte sanitario se puede cuestionar en términos de libertades, el racional que hay por detrás está claro: cuando falla la comunicación blanda, el Estado francés opta por la imposición. Pero, y esto es central por su contraste con el caso argentino, para responder a esa imposición cuenta con vacunas a disposición para satisfacer esa demanda impuesta por el mismo Estado.

No es el caso de la Argentina ni de la provincia de Buenos Aires en particular. La adopción acrítica de esa estrategia en otro contexto presenta problemas. En principio, genera una obligación al ciudadano, vacunarse, que depende de la disponibilidad de vacunas administradas por el Estado y que el Estado no necesariamente puede satisfacer.

Pero además, otra cuestión: cuando Macron habla de la obligación de vacunarse, se refiere a la vacunación completa, es decir, primera y segunda dosis: una sola dosis, en los estándares de las campañas de vacunación más precisas y efectivas para contener las variantes más contagiosas, como la delta, no cumple la exigencia. La Argentina está lejos de esos estándares. Y la provincia de Kicillof enfrenta particulares desafíos en ese sentido. Las cifras de argentinos que se vacunaron con la primera dosis y esperan ansiosos la segunda indican que el problema francés no es el argentino.

La Argentina no es Francia

La Argentina lleva aplicadas 10.756.000 dosis de Sputnik V: 8.809.214 corresponden a la primera dosis y 1.946.825, a la segunda. De AstraZeneca y Covishield ya aplicó un total de 10.046.517 dosis, de las cuales 1.557.000 son segundas, es decir, esa cifra corresponde a personas con vacunación completa. Y de Sinopharm se han aplicado un total de 6.627.970 dosis, de las cuales 1.895.670 corresponden a la segunda aplicación. Los datos fueron procesados por el ingeniero en sistemas Mauro Infantino, uno de los expertos que ha desarrollado estadísticas más confiables durante la pandemia, siempre basado en datos oficiales.

Lo que queda claro es que los argentinos son activos para vacunarse con la primera dosis cuando la hay y, por otro lado, que la mayoría espera todavía completar el ciclo de vacunación.

A nivel nacional, el cálculo más moderado estima que, hasta este último domingo, hay 1.514.688 de primera dosis de Sputnik que ya tienen más de 84 días. “Es el cálculo más optimista. El real debe estar cerca de los 1,8 millones de dosis que superan la fecha determinada como tope inicialmente”, sostiene Infantino.

Está claro que no abundan las primeras dosis aunque avanza la vacunación y, mucho peor, no está al alcance del brazo del ciudadano la vacunación completa, con las dos dosis. En CABA, sobre la población total, el 16,57% recibió ya las dos dosis, contra un 11,26% de la provincia de Buenos Aires. Y respecto de la primera dosis, exigida por el pasaporte sanitario de Kicillof, el 48,62% de los bonaerenses ya tiene la primera dosis, contra el 58,16% de los porteños. En ninguno de los casos, el porcentaje de los no vacunados se corresponde con los porcentajes de antivacunas, que son muchos más bajos. Es decir, el problema de la vacunación en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina es la escasez de vacunas.

A principio de junio, una encuesta del Estudio Zuban Córdoba y Asociados ya había dejado en claro que el 90% de los argentinos está dispuesto a vacunarse y que los que dicen que no se vacunarían llegan en Argentina a apenas el 7,5%. No son necesarias amenazas de pérdidas de libertades para motivar a la ciudadanía a vacunarse.

La política electoral de la vacuna

La lógica de Kicillof sigue la lógica de los tiempos electorales inaugurados con decisión por Cristina Kirchner. De Las Flores, La Plata y Lomas de Zamora al Congreso nacional. Después de abrir la campaña en el epicentro de su escenario político, la provincia de Buenos Aires, el viernes último la vicepresidenta nacionalizó su estrategia. Lo hizo desde el palacio en el que reina, el Senado de la Nación, y ante la Justicia. Más allá de los argumentos vinculados estrictamente con la causa por el memorándum con Irán, la vicepresidenta volvió a insistir con la narrativa electoralista que eligió para 2021: además de la construcción de víctima política y del relato de la persecución judicial, la narrativa electoral de Cristina Fernández azuza con el estigma del endeudamiento que pesa sobre la oposición y con los antivacunas como eje de su discurso-alegato de campaña.

“Parece ser que solamente se rigen por lo que ven en los diarios, no pueden tener pensamiento propio para poder analizar lo que sale en la televisión o en un diario. Así les fue a muchos argentinos que no quisieron vacunarse porque le habían dicho por la radio y televisión que la vacuna era veneno”. Esas fueron las palabras de la vicepresidenta, que conectó una lectura conspirativa en su contra y su fuerza política con la incapacidad de la ciudadanía de leer entre líneas y una supuesta actitud antivacuna, fruto de esa misma incapacidad.

Hay dos cuestiones por detrás de la estigmatización antivacuna con la que el oficialismo lee la conducta de la población general y de la oposición política en particular. Por un lado, en lugar de una revisión racional de la campaña de vacunación, el oficialismo opta por una lectura amigo-enemigo con relación a las vacunas que borronea su enorme responsabilidad en una campaña vacunatoria que llega demorada y va lento sobre todo en las segundas dosis, que son claves ante el riesgo de la llegada de la variante delta. Es decir, se trata de dispersar el riesgo electoral de una complicación de la pandemia en una ciudadanía votante que todavía no está lo suficientemente vacunada, con las dos dosis me refiero.

Por otro lado, sigue funcionando en el oficialismo una tendencia a minimizar el impacto sobre las libertades y optar por mayores intervenciones estatales, aun vulnerando el cuerpo y los derechos cotidianos de las personas, para controlar la pandemia. Ya no es la cuarentena, sino el dominio de los cuerpos. Innecesario en una población que, justamente, se saca selfies cargadas de emoción y felicidad cuando recibe la vacuna.

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