El Partido Socialista exige anular el decreto que autorizó a los militares a custodiar zonas de frontera e instalaciones estratégicas

Los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto de declaración en el que piden “declarar insanablemente nulo” el decreto presidencial 1112/2024, que habilitó a que personal de las Fuerzas Armadas pueda participar de la custodia de zonas de frontera y de lugares definidos como “objetivos estratégicos” en colaboración con las fuerzas federales.

“La participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior está expresamente vedada por la ley, la cual delimita con precisión el rol de las mismas y circunscribe su ámbito de injerencia a la defensa nacional”, señaló Paulón (Santa Fe), que consideró “inconstitucional” el decreto de Javier Milei. Y añadió: “Desde distintos sectores venimos sosteniendo la importancia de fortalecer la demarcación nítida entre defensa exterior y seguridad interior surgida de acuerdos democráticos entre distintos sectores de la sociedad civil, así como multipartidarios, tras la recuperación democrática. La no intervención castrense en la seguridad pública constituyó un pilar del sistema”.

El Gobierno consideró que las leyes de defensa nacional y de seguridad interior permiten la alternativa establecida. Se apeló a dos decretos, uno para configurar la nueva Política de Defensa Nacional y otro para definir la forma en que se integrará a los militares en el resguardo de los intereses vitales del país. Sistemas hidroeléctricos, centrales nucleares, centros de comunicaciones forman parte de los objetivos estratégicos, cuya composición real podrá cambiar de acuerdo con la fluctuación de amenazas y quedará a criterio del Poder Ejecutivo.

Milei firmó los junto al ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esa decisión forma parte de la intención oficial de dejar atrás las limitaciones políticas que restringían las funciones de las Fuerzas Armadas, que durante años tuvieron incluso determinaciones más restrictivas que las que figuran en las leyes que regulan las acciones de los componentes de seguridad y defensa nacional.

La intención declarada es que los militares aporten su capacidad de despliegue y, a la vez, se permita que unidades de fuerzas de seguridad que hoy están aferradas a la custodia de objetivos estratégicos puedan ser utilizadas en otras funciones, algo que será importante el año próximo cuando se busque replicar varias provincias la exitosa experiencia del Plan Bandera en Rosario, donde bajaron drásticamente los índices de homicidios.

“Las fuerzas de seguridad federales y las Fuerzas Armadas tienen un mandato claro: proteger las zonas estratégicas que impulsan el desarrollo y la libertad de nuestro país. Donde hay recursos y futuro, no habrá lugar para mafias ni corruptos”, dijo la ministra Bullrich al informar sobre la decisión gubernamental.

Junto a ella, el ministro Petri comentó: “Con la firma del presidente Javier Milei se sancionó un nuevo decreto que define los objetivos estratégicos a custodiar por parte de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad. Tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio de Defensa van a proponer aquellos objetivos que necesitamos garantizar para custodiar la paz y la seguridad de los argentinos”.

En ese último aspecto, el decreto recuerda que en los últimos años se habían llevado adelante operativos en los que las Fuerzas Armadas complementaban la actuación de fuerzas de seguridad federales, como los denominados Escudo Norte y Fortín, pero sin que se actualizase un elemento clave: la definición de amenazas.

La nueva norma establece con mayor claridad ese concepto, al definirse que ”las Fuerzas Armadas son el componente esencial del sistema de Defensa Nacional, su accionar, en forma disuasiva ante amenazas, o efectiva contra agresiones, será dispuesto en función del origen externo de dichas amenazas o agresiones, con independencia del lugar de ocurrencia. Se considerarán amenazas todas las acciones o los mensajes explícitos que llevan a cabo eventuales oponentes que, teniendo la capacidad, muestran la intención o dan indicios de la probable concreción de perjuicios en contra de los intereses vitales de la nación. Se considerarán agresiones la ejecución y consumación de un conflicto armado o guerra, que provengan de Fuerzas Armadas u organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales, o cualquier forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, que afecten los intereses vitales de la nación argentina, en los términos establecidos en el artículo 2° de la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y su modificatoria”.

Las instalaciones estratégicas

Entre los fundamentos que aparecen en el decreto, se consigna que “una adecuada evaluación estratégica sobre la seguridad nacional, implica la anticipada detección de las amenazas y la efectiva reacción ante las agresiones que puedan afectar objetivos estratégicos en la República Argentina”, además de establecer que “las amenazas y agresiones pueden proceder de fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior”.

Se indicó que la lista de lugares a proteger será definida por el Poder Ejecutivo de acuerdo con el análisis de potenciales amenazas, pero también se clarificó el concepto de “objetivos estratégicos” al definir que así debe entenderse a “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia seguridad de la Nación, limitando, posponiendo o impidiendo su desarrollo”.

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