El Partido Justicialista lanzó fuertes cuestionamientos al fallo de la Corte Suprema

El Partido Justicialista bonaerense, encabezado por Máximo Kirchner, rechazó en duros términos la medida cautelar de la Corte Suprema favorable a la Ciudad por los recursos de la coparticipación. En un comunicado plagado de críticas, el PJ trató de “servil” y “porteñocentrista” al máximo tribunal al tiempo que lo asoció a la oposición. “En el mejor de los casos se ha transformado en la escribanía de Macri y Juntos por el Cambio”, sostuvo.

“Rehenes o mascotas de Juntos por el Cambio, poco importa, se comportan como militantes de Macri. ¿Se trata de la paga de favores?”, planteó el partido en un documento que se difundió este miércoles por la noche. “No puede ser que los fallos del máximo Tribunal sean siempre en un solo sentido. Sabemos del carácter imposible de tener razón siempre, pero esta Corte solo contempla derechos para los privilegiados y para un solo color político”, añadió.

El PJ bonaerense hizo hincapié en las consecuencias directas de la decisión de la Corte, que afecta los recursos que la provincia de Buenos Aires destina -hasta ahora- a los salarios de la provincia de Buenos Aires, en función del fondo especial creado en 2020. No obstante, mencionó un impacto federal de la medida cautelar.

“El fallo de esta corte servil y porteñocentrista avanza sobre el desarrollo federal. Implica menos inversión en las provincias para todas y todos: menos escuelas, menos hospitales, menos viviendas, menos rutas, menos inversiones para las y los argentinos”, añadió.

Al igual que la posición del Gobierno, el PJ bonaerense señaló que Mauricio Macri había dispuesto en 2016 un aumento de los recursos de la Ciudad “a través de un decreto simple” y afirma que esa decisión se tomó “en detrimento del resto de las provincias”.

En esa línea, el partido presidido por Máximo Kirchner consignó que el Frente de Todos reparó “esa situación” al sancionar una norma “con las mayorías requeridas en ambas cámaras del Congreso”, en alusión a la ley “27.606″, que la Corte dispuso suspender su aplicación.

El documento apuntó especialmente al titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y a su vice, Carlos Rosenkrantz, a quienes les achacó el haber aceptado una designación inicial por decreto en el gobierno anterior. A su vez, criticó a Rosatti por su “autovoto” para la elección de autoridades en la Corte y a Rosenkrantz, quien planteó reparos a la afirmación de que existen derechos detrás de cada necesidad.

“Sin embargo, esta ‘Corte de cuatro’ integrada por dos miembros que aceptaron ser nombrados por decreto, dictaron una medida cautelar que constituye una auténtica aberración jurídica, que por ilegal y contradictoria resulta absolutamente inaplicable”, lanzó.

“La Corte Suprema se ha transformado en el mejor de los casos en la escribanía de Macri y Juntos por el Cambio, o en su defecto en el estudio de abogados para defender sus intereses”, profundizó.

Para el PJ, la resolución de este fallo puede tener un alcance mayor y, considera, que ahonda la falta de credibilidad que tiene la Justicia. “Las coincidencias entre los deseos del macrismo y la Corte Suprema no hacen más que aumentar el desprestigio que se cierne sobre el poder judicial argentino y el estado de defensión del conjunto de la sociedad argentina”, indica.

El PJ se atreve a comparar el escenario actual, abierto por el conflicto judicial, con la política española. “Del mismo modo que en España vemos cómo el pacto de la Moncloa muere en manos de un acuerdo entre el Partido Popular y el Tribunal Constitucional, afrontaremos consecuencias similares”, ahondó.

Si bien la Corte expuso que el conflicto de los recursos no afecta a otras provincias, le entidad presidida por el líder de La Cámpora sostiene que el fallo, firmado por “un grupo de jueces que ha decidido ser cómplice del macrismo”, le quita “a las provincias argentinas un derecho para favorecer a los privilegiados de siempre”.

El fallo de la Corte

Los ministros de la Corte ordenaron una medida cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires y dispusieron que el Estado Nacional “entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos″ coparticipables. Además, le ordenaron al Gobierno que, “durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606″, que fue la norma con la que hace dos años se formalizó el recorte a partir de un nuevo cálculo de lo que le correspondía a la Ciudad por el traspaso de la Policía.

La Ciudad, no obstante, viene reclamando que le repongan el 3,5% de la coparticipación. En la actualidad, Gobierno otorga el 2,32% de la coparticipación primaria y la Corte ordenó reponer un 0,63% más, pero no el porcentaje total que reclamaba el gobierno porteño. La decisión de la Corte es sobre una medida cautelar, pero aún se aguarda que falle sobre el fondo del caso.

Para el máximo tribunal el pedido realizado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es verosimil y consideró que el paso del tiempo conspira contra el reclamo porteño. Además, señaló que la entrega de fondos a la Ciudad no afecta al resto de las provincias en el reparto de fondos coparticipables.

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