El otro antecedente del kirchnerismo contra la Corte Suprema: la batalla por el Consejo de la Magistratura
La vicepresidente encabezó al resistencia a la decisión que tomó el máximo tribunal respecto del organismo que promueve y remueve jueces
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La contraofensiva del Gobierno contra la Corte Suprema por la coparticipación trae a colación la batalla que el kirchnerismo encaró contra el máximo tribunal hace un año, cuando los jueces declararon inconstitucional la ley de conformación del Consejo de la Magistratura. Los ecos de esa guerra todavía generan réplicas.
Los jueces del máximo tribunal declararon el 17 de diciembre de 2021 inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Kirchner como senadora en 2006. Argumentaron en ese momento que la ley no respetaba el “equilibrio” entre la política, los jueces y los abogados que exige la Constitución Nacional.
En ese sentido, la Corte exhortó al Congreso a que “en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación”. Hasta que ella ocurra, se determinó que el organismo volviera a su vieja composición de 20 miembros -la anterior a 2006- con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como su titular. Entonces, contaba con 13 integrantes.
Según la Corte, la ley que estuvo vigente a ese momento implicaba que los representantes de la política, con siete miembros (seis legisladores y un representante del Poder Ejecutivo), implicaba la posibilidad que ese sector pudiera llevar adelante acciones hegemónicas o controlar el Consejo por sí y sin necesidad de consensos con otros estamentos”.
La decisión del máximo tribunal respecto de un caso que tenía pendiente desde hacía más de cinco años desató el encono de Cristina Kirchner, quien desde entonces buscó distintas estrategias para desafiar la orden judicial y asegurar su representación política dentro del Consejo de la Magistratura.
Los ecos más recientes de esa batalla llegan hasta estos días. Los diferentes estamentos realizaron elecciones para elegir representantes y completar la nómina de integrantes requerida (20), aunque Cristina Kirchner, como titular del Senado, presentó una resistencia sin igual. El kirchnerismo, desde la Cámara de Diputados, también tuvo posiciones similares y las acrecentó en las últimas semanas.
“Locura total”
Las fricciones entre el kirchnerismo y el Poder Judicial se habían agudizado en los primeros meses del 2022. La Corte le había fijado al Congreso como plazo hasta el 15 de abril para ordenar su conformación y adecuarse a la ley anterior a 2006. Pero ese pedido generó rechazó y abiertos enfrentamientos con Juntos por el Cambio, que demandaba lugares de representación.
“Es una locura total volver a la integración de 1997″, afirmó en abril el senador Oscar Parrilli (Neuquén), en diálogo con LA NACION. Reclamó asimismo esperar a que se sancione la ley. “Espero que no hagan como Rambo y el presidente de la Corte ocupe la presidencia del Consejo como si fuera un golpe de Estado, un golpe institucional”, expresó meses atrás.
Con la nueva conformación, el poder del oficialismo se diluiría incluso en el ámbito de la política, dado que la oposición accedería a más lugares. Cristina Kirchner ordenó el 20 de abril partir el bloque del Frente de Todos en el Senado para ganar así el representante de la segunda minoría.
A partir de esa partición, el oficialismo quedó dividido en una bancada de 21 integrantes (Frente Nacional y Popular) y otra de 14 (Unidad Ciudadana). Con ese movimiento, la vicepresidenta pretendió bloquear la llegada de Luis Juez (JxC) en representación de la tercera minoría al Consejo de la Magistratura.
Cristina promovió para el órgano a María Pilatti (Chaco) y Mariano Recalde (Capital), como representantes del bloque Nacional y Popular, y al militante de La Cámpora Martín Doñate (Rio Negro). El cuarto representante es el radical Eduardo Vischi (Corrientes). El sitial en disputa es el que Cristina dispuso para Doñate; para el Pro allí debe ser nombrado Juez.
Sin embargo, la decisión de Cristina Kirchner tuvo un fuerte rechazo. Juntos por el Cambio había rechazado la medida de la vicepresidente y fue a la Corte. El máximo tribunal le dio la razón el 8 de noviembre. La Corte habló de “maniobra”, “ardid”, “manipulación”, “artificios”, “hechos falsos”; de una actuación sin “buena fe” y de un “juego de sorpresas”.
Para la Corte, “resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre” de 2021, mediante la cual el máximo tribunal declaró inconstitucional la integración del Consejo de la Magistratura que había impulsado Cristina Kirchner y dispuso regresar a la conformación con 20 miembros, “la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente Pro”.
Insistencia y respuesta
El nuevo rechazo de la Corte estuvo lejos de aminorar la intención del kirchnerismo por quedarse con tres lugares de los cuatro que le corresponde al Senado en el Consejo de la Magistratura. En un intento por blindar la maniobra, Cristina Kirchner puso el decreto de designación de Pilatti, Recalde y Doñate a votación en el recinto por la Cámara de Senadores el 16 de noviembre.
En aquella oportunidad, el recinto estuvo semivacío, ya que la oposición optó por darle la espalda a la jugada de la vicepresidenta. Los senadores de Juntos por el Cambio acusaron a Kirchner de “tensar la institucionalidad hasta romperla con el fin de servir a sus intereses personales” y anticiparon que recurrirán a la justicia.
Sin embargo, al conflicto en el Senado, se le sumó un profundo desacuerdo en la Cámara de Diputados. La presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, envió, a mediados de noviembre, a la Corte y el Consejo el decreto con los nombres de legisladores designados, que incluía un acuerdo con la oposición al que, en su momento, había llegado Sergio Massa.
Sin embargo, Moreau anuló el 30 de ese mismo mes su propia decisión y dio de baja a todos los candidatos, tras un fallo del juez Martín Cormick, ligado a La Cámpora, que objetaba la designación de Reyes. El magistrado declaró que los diputados de la UCR y Pro no pueden tener dos bancas distintas en el Consejo de la Magistratura.
Según la designación original, los diputados del Frente de Todos quedaron con dos representantes (Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade); Pro, uno (Álvaro González), y la UCR, otro (Reyes). La intención de Moreau abrió otro conflicto del Frente de Todos con la oposición, que también buscó judicializar. De hecho, hubo incidentes en el Congreso.
No obstante, la Corte Suprema anuló la semana pasada la decisión del juez Cormick y ordenó tomar juramento a todos los consejeros para sacarlo de la paralización en la que está sumida el Consejo de la Magistratura hace seis meses. Al jurar esta semana, los kirchneristas Siley y Tailhade presentaron una nota en la que expresaron “reservas”.
En tanto, la jura de los senadores está paralizada. A la partida de ajedrez que Cristina Kirchner y la Corte Suprema libran desde hace más de un año le falta un capítulo. En el kirchnerismo esperan conocer el próximo movimiento de los jueces en ese punto, que, al parecer se analizaría en 2023. En paralelo, la Corte le dio otra mala noticia al kirchnerismo al dictar una medida cautelar sobre la coparticipación porteña este miércoles, otro conflicto que abrió un fuerte choque de poderes.
LA NACION
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