El organismo antilavado del Gobierno suma hermetismo y escasa actividad cuando se acerca la evaluación del GAFI

Desde que comenzó la gestión del Frente de Todos, la Unidad de Información Financiera (UIF) sufrió una seguidilla de cimbronazos: desde las recurrentes acusaciones por su supuesto desmantelamiento y fuertes internas políticas hasta la renuncia y el posterior recambio de sus autoridades. Después de los cambios, el organismo que tiene a su cargo prevenir y combatir el lavado de activos busca ahora evitar un mal rendimiento en la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), postergada por la pandemia para fines de este año.

La conducción del abogado Juan Carlos Otero, sin embargo, se caracteriza por un marcado hermetismo. Varias fuentes consultadas por LA NACION coincidieron en señalar que es poco lo que se conoce sobre la actividad del organismo, y agregaron que todavía no fue elaborado ni presentado al Congreso el informe de gestión 2021. El informe 2019-2020 fue presentado en noviembre del año pasado casi en simultáneo con la salida de Carlos Cruz de la conducción.

La vicepresidenta del organismo antilavado es Luna Montes, designada el mes pasado. Montes es una abogada especializada en la lucha contra el lavado de activos. “Llegó para poner orden en la casa de cara a la evaluación”, dijo una fuente que trabajó para la UIF y que ahora observa de lejos la dinámica del organismo, aunque señaló que son pocas las resoluciones que firman sus autoridades y que actualmente todo “está paralizado”.

Un ejemplo de esa parálisis, señaló, es la demora en incorporar a los proveedores de servicios de activos virtuales como Sujetos Obligados de la UIF para implementar un nuevo sistema de prevención. Esa es solo una de las recomendaciones del GAFI reiterada por el organismo internacional el año pasado.

Este medio intentó sin éxito comunicarse con la cúpula del organismo para consultar sobre los cambios recientes y sobre la preparación para la evaluación del GAFI. El país podría entrar una vez más en la lista gris que incluye a jurisdicciones “bajo monitoreo intensificado”. La Argentina estuvo en esa lista entre 2009 y 2014, mientras la UIF era presidida por el kirchnerista José Sbatella.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es la organización intergubernamental encargada de fijar estándares y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir el Lavado de activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM).

El rol de la UIF en casos de corrupción

Más allá de la evaluación, otro capítulo relevante en el desempeño del organismo tiene que ver con su rol como representante del Estado en las causas judiciales, que recibió fuertes cuestionamientos. Uno tuvo que ver con el alegato contra Lázaro Báez y el resto de los acusados en la causa “Ruta del dinero K”, en la que se dictaron condenas el año pasado. Le achacaban al jefe de los abogados de la UIF haber formulado un pedido de penas más bajas de lo que estaba previsto durante la gestión anterior, en la que se participó activamente como querellante en esa causa.

Pero acaso el cuestionamiento más fuerte que recibió el área de litigios penales fue cuando la UIF “se olvidó” de apelar el sobreseimiento de Paolo Rocca en la causa de los cuadernos de las coimas. Ese episodio, que les costó sumarios administrativos a los abogados encargados de esa tarea, culminó con la salida de Carlos Cruz y su vice, Mariana Quevedo. El abogado Leandro Ventura, quien desembarcó en el organismo con Cruz, es todavía quien representa a la UIF en las causas penales como jefe de los abogados.

Ventura tomó una decisión a favor de la vicepresidenta la semana pasada, cuando respondió a un pedido de Cristina Kirchner para dejar sin efecto unas medidas de prueba y pidió su sobreseimiento en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, donde se investigan las maniobras de lavado de dinero llevadas adelante por Lázaro Báez y su entorno. El organismo antilavado dijo que, a su criterio, no hay más medidas de prueba por realizar en la causa, y le pidió al juez que resuelva la situación procesal de Cristina Kirchner. Sin embargo, el fiscal Guillermo Marijuan remarcó que una de las medidas en curso, como es el entrecruzamiento de llamados entre el entorno de Cristina y el entorno de Báez, había sido solicitada por la propia UIF.

“Al respecto, es importante recordar que fue una de estas querellas –Unidad de Información Financiera– la que propuso la medida del entrecruzamiento de llamados entre las líneas telefónicas correspondientes a Lázaro Antonio Báez y su entorno cercano y Cristina Fernández de Kirchner y sus principales colabores (...), razón por la cual, y aun cuando no suman sugerencias nuevas para impulsar la investigación, en una clara paralización de su actividad procesal, debería por lo menos a dicho acusador privado, interesarle el resultado de esta diligencia”, planteó Marijuan.

Por otro lado, uno de los interrogantes es si la UIF formulará un alegato en el juicio contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Julio De Vido, entre otros, por la causa Vialidad, en la que se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas a las empresas del empresario santacruceño durante los tres gobiernos kirchneristas.

Ese caso está entrando en su etapa final: en los próximos días terminarán las declaraciones de los peritos y luego la fiscalía y las querellas (la UIF y la Oficina Anticorrupción) deberán presentar sus alegatos. La OA no acusará a los imputados, debido a un veto que bajó expresamente de su titular, Félix Crous, cuando decidió que el organismo debía desistir de las querellas penales en casos por corrupción por “falta de recursos”.

El caso de la UIF todavía representa una incógnita para los funcionarios judiciales que intervienen en la causa Vialidad. Aunque dos fuentes judiciales dijeron a LA NACION que posiblemente la única acusación sea la del fiscal Diego Luciani, el organismo antilavado todavía no comunicó si formulará o no un alegato en este juicio.

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