El oficialismo quiere apurar la aprobación de 116 decretos antes del recambio legislativo
Buscan impulsar ampliaciones presupuestarias y el uso de los fondos “especiales” del FMI antes de perder la mayoría en el Congreso; “es una agenda alejada de la gente”, cuestionó la oposición
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LA NACION
Apenas reiniciada la tarea parlamentaria tras las elecciones, el oficialismo apura su paso y buscará ratificar mañana un más de un centenar de decretos delegados y decretos de necesidad y urgencia (DNU), en su mayoría dictados por el Poder Ejecutivo durante la pandemia. Semejante apuro tiene su explicación: el Frente de Todos quiere asegurarse la mayoría antes de perder el control del Senado y, particularmente, de la Comisión de Trámite Legislativo, a cargo de revisar esas medidas extraordinarias.
Los legisladores de Juntos por el Cambio reaccionaron indignados cuando recibieron la notificación de la Comisión, a cargo del kirchnerista Marcos Cleri: allí figuran nada menos que 116 decretos, algunos de larga data y de los más diversos temas, desde ampliaciones presupuestarias hasta medidas financieras, como amortización de las Letes, aumentos jubilatorios parciales y algunos recientes, como la suba del mínimo del impuesto a las Ganancias.
“Nuevamente el oficialismo pretende en trámite exprés, sin escuchar a los sectores y actores que serán afectados por las normas, sin tiempo para el análisis, debate y confrontación de opiniones, dictaminar una agenda absolutamente alejada de las prioridades de los argentinos y, en el caso de los DNU, la ratificación sin debate de todas las decisiones inconsultas tomadas por el Gobierno durante la pandemia”, advirtieron los caciques de Juntos por el Cambio en un comunicado.
Hasta ahora, gracias al control del Senado y de la Comisión de Trámite Legislativo el oficialismo no tuvo mayor dificultad para ratificar todos los decretos que dictó el presidente Fernández.
“La inmensa mayoría de los DNU fueron firmados con el Congreso funcionando a pleno. Muchos de ellos son ilegales y dictados sin necesidad y sin urgencia por cuanto el Congreso se encontraba funcionando a pleno -enfatizó el diputado Omar De Marchi (Pro). Está claro que el gobierno está queriendo dejar el paquete cerrado antes del recambio en el parlamento para intentar ratificar 116 DNU sin tiempo siquiera para poder leerlos”.
El diputado radical Gustavo Menna anticipó a LA NACION que su bloque participará del debate de la comisión e impugnará en un solo escrito todos los decretos. A su juicio, no cumplen con las condiciones de necesidad y urgencia para ser validados.
“La cantidad de decretos que pretende validar en una sola sesión el Gobierno habla a las claras de que se trata de un Poder Ejecutivo que quiere legislar por decreto”, sostuvo.
Reforma judicial
En la agenda parlamentaria de la Cámara de Diputados figuran varios temas polémicos que todavía esperan sanción, entre ellos la reforma judicial y la nueva ley de Ministerio Público; ambas fueron postergadas por el oficialismo, que esperaba obtener un buen resultado en las urnas y conseguir los votos que les faltan para alcanzar el quorum. Como esto no sucedió, en la oposición prima cierta cautela ante la posibilidad de que el kirchnerismo intente forzar su sanción antes del 10 de diciembre.
“No creemos que ello pueda suceder porque siguen sin tener los votos. Además, sería un gesto que torpedearía cualquier acuerdo parlamentario que se pueda gestar a futuro”, advierten.
Por de pronto, el oficialismo propuso para su tratamiento en las comisiones una agenda poco conflictiva. El único asunto más polémico es el proyecto que proviene del Senado por el que se crea un fondo fiduciario de reparación histórica para las comunidades indígenas asentadas en nuestro territorio, un tema que generó un intenso debate en la Cámara alta a partir de las ocupaciones realizadas por sectores mapuches en la Patagonia.
El principal bloque opositor le reprochó al oficialismo que no haya consensuado la agenda con las demás bancadas. “Entre las iniciativas incluyó la creación de nuevos impuestos, la creación de más estructura burocrática en el Estado, la suspensión de desalojos, la gestión de neumáticos en desuso, la sanción de una ley de envases, la regulación de la producción del cannabis medicinal. Además, otra cantidad de temas no prioritarios como la institución del día del Día del Amor Maternal o del Lenguaje de Señas”, indicaron.
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