El oficialismo presentó hoy su pedido de juicio político y solicitó citar a los cuatro jueces de la Corte
Los 15 legisladores que firman el proyecto pretenden que los magistrados se presenten ante la Comisión; suman denuncias y proponen convocar a más de 50 testigos, incluidos Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro
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LA NACIONLaura Serra
Luego de que el Poder Ejecutivo convocara ayer a sesiones extraordinarias en el Congreso hasta el 28 de febrero, el oficialismo en la Cámara de Diputados formalizó esta mañana la presentación del pedido de juicio político a la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones. En la iniciativa, los legisladores del Frente de Todos piden que se cite a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti –su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El análisis y debate de la iniciativa arrancará el 26 de este mes en la Comisión de Juicio Político, que preside la oficialista Carolina Gaillard. El oficialismo, mayoría en la comisión, pedirá de inmediato la apertura del sumario, convencido de que los hechos por los que acusan a los magistrados -haber violado la división de poderes en al menos dos de sus fallos- amerita iniciar la investigación. A la hora de sustanciar la prueba propondrá la comparecencia de los propios jueces de la Corte, una instancia está prevista en el reglamento de la Comisión de Juicio Político aunque al final del proceso, a la hora de los descargos. El oficialismo intentará que sean citados antes. Los magistrados no están obligados a asistir.
En el pedido de juicio político se solicita también la citación a la comisión de al menos 50 testigos. Entre ellos se cuentan Silvio Robles, vocero y mano derecha de Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Ambas citaciones se vinculan con la filtración de supuestos chats entre Robles y D’Alessandro; el oficialismo buscará demostrar que hay connivencia política entre la Corte Suprema y Juntos por el Cambio.
El listado de citaciones a prestar testimonio a la comisión es por demás amplio. Entre los convocados por el oficialismo figuran Héctor Marchi, administrador general de la Corte Suprema, y a los integrantes de la vocalía del presidente de la Corte. Además, el documento pide que se convoque a los gobernadores que suscribieron, junto al presidente Alberto Fernández, el pedido de enjuiciamiento a la Corte Suprema, como así también al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, entre otros.
Asimismo, sostiene que deben ser citados “todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”.
Si bien el pedido de juicio político fue presentado por 15 diputados del Frente de Todos –encabezados por el diputado Eduardo Valdés- el principal promotor de la embestida contra la Corte Suprema es el presidente Alberto Fernández. Junto a once gobernadores del PJ, el primer mandatario acusó a los jueces de dictar fallos “políticos y arbitrarios” luego de que el máximo tribunal resolviera en contra del gobierno nacional y a favor de la ciudad de Buenos Aires en una disputa por coparticipación.
Tras reclamar su enjuiciamiento en el Congreso, el bloque del Frente de Todos que encabeza Germán Martínez actuó en consecuencia. En su proyecto replican las dos acusaciones que formuló primer mandatario contra los jueces del máximo tribunal. Una de ellas se basa sobre el fallo de la Corte que dispuso reasignar fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires; a juicio del oficialismo, dicha resolución fue “arbitraria, parcial y política” para beneficiar al gobierno porteño y a Juntos por el Cambio.
La otra acusación se funda en la resolución por la que se dispuso declarar inconstitucional la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura sancionada en 2006; los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda dispusieron reflotar la ley orgánica anterior, que había sido derogada por el Congreso. Según denunció Fernández, la Corte Suprema violentó la división de poderes al interferir en las atribuciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, causales a su juicio de mal desempeño en sus funciones.
Estas no serán las únicas acusaciones. Los diputados oficialistas incorporaron otros dos casos para fundamentar su arremetida contra los jueces. Uno de ellos se refiere al manejo de la obra social del Poder Judicial: basados en una auditoría que se realizó en el organismo, los oficialistas sostienen que los magistrados incumplieron su tarea de control sobre la obra social y, por lo tanto, son responsables de las irregularidades detectadas.
También se incorporó como nueva acusación el fallo “Muiña” por el cual los jueces de la Corte dispusieron que en casos en los que se juzgan crímenes de lesa humanidad resulta aplicable la ley conocida como “2 por 1″.
El pedido de juicio político incluye, además, un capítulo de prueba “documental” en el que solicita que la comisión se haga de los fallos de la Corte y las acordadas en las que basa su acusación contra los jueces.
Asimismo, incorpora un capítulo de prueba “informativa”, que en su séptimo punto incluye un pedido que todo indica que generará polémica: pide que “se le dé intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y/o organismo que se entienda competente, en los términos que la Comisión lo considere pertinente, para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación”.
La oposición de Juntos por el Cambio y el interbloque Federal anticiparon su rechazo al enjuiciamiento a la Corte Suprema. Con esta posición bloquea automáticamente la posibilidad de que prospere la acusación en el recinto de la Cámara de Diputados –para ello el oficialismo requiere los dos tercios de los votos, que no los tiene-. Además, los opositores advirtieron que mientras el oficialismo persista en su embestida contra el máximo tribunal no facilitará con sus votos ninguna de las leyes que requiera el Poder Ejecutivo.
Por Laura Serra
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