El oficialismo postergará hasta después de Semana Santa la discusión sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria

Pese a la situación apremiante que atraviesan los jubilados y pensionados, que en estos tres meses han visto caer sus ingresos un 33% en términos reales respecto del año pasado, el oficialismo decidió postergar hasta después de Semana Santa el inicio del debate de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria en la Cámara de Diputados. Esta demora llevaría a que recién a fines de abril o mayo próximos –con viento a favor- se sancione la nueva ley.

Así lo anticipó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, a LA NACION. “Vamos a esperar a que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso su nueva versión de la ‘Ley de Bases’, donde estaría incluido el capítulo referido a la nueva fórmula previsional. Eso será después de Semana Santa. No podemos empezar la discusión sobre la nueva fórmula sin contar previamente con el proyecto oficial”, sostuvo.

La actitud de Espert promete generar ruido en la oposición. “Espert tiene que entender que es presidente de una comisión de otro poder del Estado en la que no cuenta con mayoría propia, no se la puede apropiar. Igualmente esperamos que el radicalismo si convoque a Previsión y que el PRO no insista en mandar el tema a asesores”, advirtió Juan López, de la Coalición Cívica.

La respuesta de Espert dejó demudado a un sector de la oposición, que esperaba que esta misma semana arranque el debate con la convocatoria a un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto. Esto no sucederá. Es más, anoche tampoco estaba asegurado que el radicalismo, que comanda la Comisión de Previsión –cabecera en el tratamiento de este tema- llame a sus integrantes a discutir, al menos, las iniciativas que legisladores de distintas bancadas presentaron en las últimas semanas sobre la temática.

Está claro que el oficialismo no quiere apurar el tranco y, en esta estrategia, cuenta con el apoyo de Pro. Los diputados de la UCR muestran una posición ambigua. En el terreno discursivo todos ellos declaman la necesidad imperiosa de resolver el problema de una nueva fórmula jubilatoria, pero en sus acciones no demostraron demasiada urgencia hasta ahora.

En efecto, la semana pasada el grueso de la bancada no bajó al recinto a la sesión especial convocada por Hacemos Coalición Federal: argumentó que no correspondía marcarle los tiempos al Gobierno cuando éste acababa de convocar a un diálogo a gobernadores y líderes opositores con vistas al “Pacto de Mayo”. Lo cierto es que al radicalismo le resultaba incómodo aparecer emparentado con el kirchnerismo, uno de los partícipes de la sesión junto a los bloques de izquierda.

Está claro es que el Gobierno por ahora no quiere abrir formalmente la discusión del proyecto en el Congreso pese a que la iniciativa ya está redactada y circula por los principales despachos opositores. Allí propone actualizar que a partir de abril los haberes jubilatorios se indexen por inflación de manera mensual (actualmente es trimestral) más 10 puntos porcentuales en concepto de recomposición por la inflación de enero, que trepó al 20.6%.

Las propuestas presentadas por los distintos bloques, sin embargo, pretenden que la compensación a los jubilados sea completa. Esto provocaría un fuerte impacto en el fisco, advierten en el oficialismo, celosa de preservar el déficit cero.

En el proyecto del oficialismo, empero, se incluye un párrafo que fue bien recibido por los opositores. Allí se aclara que en el caso de que la fecha de entrada en vigencia de ley Bases sea posterior al 1° de abril de 2024, “el pago de las sumas resultantes será cancelado conforme el cronograma que determine la ANSES”. Es decir, tendrá efecto retroactivo, aunque según los tiempos que establezca el organismo.

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