El oficialismo pedirá que Cristina Kirchner sancione a un senador macrista si se niega a comparecer ante la Comisión de Juicio Político

La mayoría oficialista de la Comisión de Juicio Político pedirá que la vicepresidenta Cristina Kirchner sancione con medidas disciplinarias al senador macrista José Torello si persiste en su negativa a comparecer ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para prestar declaración en el proceso de enjuiciamiento a los jueces de la Corte Suprema impulsado a instancias del presidente Alberto Fernández.

Torello, al igual que el exministro de Justicia Germán Garavano y el exasesor judicial Fabián Rodríguez Simón, fue citado por su presunta injerencia en el fallo por el cual el máximo tribunal concedió en 2017 el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad. Garavano, de viaje en el exterior, será citado para otra fecha; Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay por una causa por presunta extorsión a empresarios kirchneristas, tampoco concurrió a la cita.

Torello, por su parte, anticipó ayer por nota a la comisión que no comparecería ante los legisladores porque, a su juicio, está amparado por la inmunidad que le confieren sus fueros como legislador.

Además, Torello adujo que el oficialismo, al pretender colocarlo como testigo en el proceso de enjuiciamiento a la Corte Suprema, lo inhabilitaría en el caso de que le tocara juzgar, como senador de la Nación, a los ministros del tribunal si el trámite de acusación prosperase en la Cámara baja.

Gaillard rechazó los argumentos de Torello y anticipó que se lo citará nuevamente a la comisión. En caso de que no vuelva a comparecer, advirtió que se “elevarán las correspondientes actuaciones a la autoridad disciplinaria correspondiente para que tome las sanciones disciplinarias que correspondan”.

“El senador Torello tiene la obligación de comparecer porque ha sido citado como testigo, no como imputado en ninguna causa. Los fueros le dan inmunidad al senador de arresto, de proceso y de opinión. Nosotros aquí no lo estamos convocando a un proceso donde es imputado, sino que es en calidad de testigo y todos los ciudadanos de la Argentina estamos obligados a concurrir cada vez que somos citados en carácter de testigo”, enfatizó Gaillard

La legisladora añadió que, en la eventualidad de que el Senado se erija en tribunal de juzgamiento si la acusación prospera en la Cámara de Diputados, Torello no quedaría inhabilitado de participar, salvo que se pruebe algún vínculo con los denunciados. “En ese caso debería excusarse”, dijo.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado Juan López defendió los argumentos de Torello. “Siempre me pareció descabellado que se intente vincular a exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri al fallo de la Corte sobre el 2x1: de hecho, todos los integrantes de Juntos por el Cambio criticamos ese fallo”, enfatizó.

El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, calificó de “disparate” el argumento de Torello. “Es un absurdo total”, coincidió el kirchnerista Rodolfo Tailhade quien propuso que el Senado considere la posibilidad de que se le otorgue una dispensa de la inmunidad del senador macrista para que preste declaración ante la comisión.

Un testigo pone en aprietos al oficialismo

El “fallo Muiña” es una de las causales por las cuales el oficialismo pretende acusar por mal desempeño a los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz quienes, junto a Elena Highton de Nolasco –quien renunció a la Corte en 2021- beneficiaron al represor del Hospital Posadas Luis Muiña con la ley 24.390 (conocida como 2x1), que reduce el cómputo de la prisión. El fallo generó tal revuelo que el Congreso, a las apuradas, sancionó una ley que prohíbe la aplicación de este beneficio para condenados por delitos de lesa humanidad.

Un año después, con la ley ya sancionada, Rosatti y Nolasco cambiaron de criterio -no así Rosenkrantz- y, en el fallo Batalla, el máximo tribunal le negó el beneficio al represor Rufino Batalla. Sin embargo, para el oficialismo este capítulo está lejos de estar cerrado y buscarán demostrar que, al momento de fallar en el caso Muiña, los jueces Rosenkrantz y Rosatti, junto a Garavano, Torello y Rodríguez Simón, negociaron el voto de la jueza Highton de Nolasco.

El oficialismo sostiene que, a cambio del voto de Highton -que resultó clave, porque Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia-, el ex ministro Garavano no apeló el amparo que la jueza había presentado contra el fallo Schiffrin, que sostiene que la edad límite para permanecer en la Corte era de 75 años. Este fallo le impedía a ella –que por entonces tenía 74 años- continuar en su cargo.

El objetivo del Frente de Todos, entonces, es probar que hubo una negociación entre Rosenkrantz -entonces presidente de la Corte- y el gobierno de Macri para beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, uno de los testigos convocados por el oficialismo echó por tierra esta hipótesis. Federico Morgenstern, quien se desempeña como secretario letrado en la vocalía del juez Rosenkrantz y colaboró con el magistrado en la redacción de su voto en el caso Muiña, fue contundente.

“No tengo idea de que se haya tramado nada extrajurídico. Mi experiencia en la Corte trabajando con el caso Muiña desmiente la cosa espuria que ustedes están insinuando”, enfatizó Morgenstern.

El diputado de Juntos por el Cambio, Alvaro González, insistió sobre el punto y le preguntó si le consta que haya habido un acuerdo un acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y la Corte para beneficiar a represores.

“No y me gustaría agregar lo alocada que me parece esta tesis que sugiere el oficialismo, porque los mayores ataques al fallo Muiña provinieron del lado del gobierno”, sostuvo.

El testigo se mostró sólido frente al interrogatorio oficialista, incisivo y por veces tenso. Morgenstern admitió que se reunió en dos oportunidades con la jueza Highton, pero se rehusó a revelar el contenido de la conversación en virtud del deber de confidencialidad y reserva que impone el reglamento de la justicia nacional.

“Lo que sí puedo decirles es que fueron cuestiones totalmente jurídicas”, respondió el funcionario, quien añadió que, al momento en que Rosenkrantz le encargó la elaboración de un informe sobre el caso Muiña, buscó antecedentes de cómo votaron los colegas del juez en el pasado. Rescató un fallo del exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni quien, en 2013,había votado en el caso de Enrique Rei en el mismo sentido de aplicar el beneficio del doble cómputo a condenados por delitos de lesa humanidad.

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