El kirchnerismo cambió el orden de mérito para un tribunal clave en casos de corrupción

El oficialismo en el Consejo de la Magistratura propuso los nombres de los posibles candidatos para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña, un tribunal clave encargado de confirmar o rechazar los procesamientos en casos de corrupción. Las vacantes a cubrir son las de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, trasladados a la Cámara durante el gobierno de Cambiemos y a los que la Corte decidió regresar a los tribunales que ocupaban con anterioridad, tras la remoción propuesta por el kirchnerismo.

El nuevo orden de mérito de los candidatos que concursan para esos dos cargos muestra importantes modificaciones con respecto a la lista inicial: la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, que impulsó la investigación por el espionaje ilegal a políticos, periodistas y dirigentes sindicales y religiosos durante el macrismo, ascendió del puesto 20 al tercer lugar; en cambio, el juez Pablo Bertuzzi, que concursa para defender su cargo actual luego de que lo desplazara el kirchnerismo, descendió del puesto 13 al 21.

Los cambios coincidieron con los deseos políticos del oficialismo y perjudicaron a Bertuzzi.

En el caso de la fiscal Incardona, el cambio de puntaje obedeció a que inicialmente no se habían considerado sus antecedentes profesionales (en otros concursos previos había sacado 25 puntos más de los que le asignaron ahora por sus antecedentes), ni su carrera docente (le habían puesto un cero en este ítem, pese a que hace 18 años que da clases en diversas universidades).

En cambio, en el caso de Bertuzzi, se rechazaron sus impugnaciones. Al quedar en el puesto 21 es probable que el actual camarista ni siquiera califique para pasar a la próxima etapa del concurso, que es la de mantener una entrevista personal. El giro, lejos de explicarse únicamente por motivos técnicos, responde a motivaciones políticas.

Para analizar estas impugnaciones fue designada una subcomisión integrada por la diputada y consejera del Frente de Todos Vanesa Siley y el juez Ricardo Recondo. Pero finalmente no hubo acuerdo entre ambos y Recondo no firmó el dictamen. No se descarta que elabore un dictamen propio con otro orden de mérito.

Los cargos que se deben cubrir son dos, por lo que el Consejo de la Magistratura debe elevar a Alberto Fernández dos ternas de tres postulantes: el Presidente debe elegir a uno de cada terna y mandar su pliego para que el Senado le dé acuerdo.

Los seis nombres de las dos ternas y, eventualmente, la designación de los suplentes, deben ser votados primero por la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura y luego por el plenario del cuerpo. La votación puede tener lugar este jueves o posponerse, si no se cierran las negociaciones. El oficialismo tiene mayoría en la Comisión de Selección, pero para que esos nombres pasen el filtro del plenario debe negociar con la oposición, pues allí son necesarios los votos de los dos tercios de los consejeros para elegir a cada postulante.

Las conversaciones entre el representante del Gobierno en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, y el estamento de los jueces están abiertas y se están dando negociaciones. “No serviría de nada votar este jueves el dictamen en la comisión y que luego de las entrevistas el trámite se frene en el plenario: es necesario negociar”, dijo un integrante del Consejo a LA NACION. “Es imposible que el asunto vaya a un plenario si no hay acuerdo”, dijo otro consejero.

Mediante otra negociación entre el oficialismo y la oposición, el Gobierno ya consiguió el año pasado colocar en la Sala II de la Cámara Federal al exabogado de Cristina Kirchner Roberto Boico, quien había obtenido el primer lugar en el concurso. Y volvió a traer al trasladado camarista Eduardo Farah. Ambos comparten sala con Martín Irurzun, que quedó en minoría con sus votos. Ahora el oficialismo busca promover a otros dos candidatos en lugar en Bruglia y Bertuzzi, que confirmen la Sala I, acompañando a Mariano Llorens.

El nuevo orden provisorio de los principales candidatos para cubrir estas dos vacantes –después de considerar las impugnaciones– es el siguiente:

Primero sigue Fernando Poviña, el juez de Tucumán que procesó a Cesar Milani, exjefe del Ejército durante el kircherismo, por la desaparición del soldado Agapito Ledo en la última dictadura –acusación por la que más tarde el militar fue absuelto– y que tuvo a su cargo el caso contra Pedro Blaquier. En segundo lugar quedó Agustina Inés Rodríguez, que estaba en octavo lugar, una fiscal federal y coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres. Luego quedó Incardona, que impulsó la investigación de espionaje ilegal por la que están procesados Gustavo Arribas y Silvia, Majdalani, la cúpula de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.

Más abajo quedaron Gonzalo Viña, del Poder judicial de la Ciudad; Laura Elena Mazzaferri, que pasó del lugar 15 al 5; Julio César Di Gregorio y Javier López Biscayart, uno de los jueces que lleva adelante la causa contra Maurico Macri por los proyectiles antitumultos enviados a Bolivia. Le siguen Gonzalo Rúa, Diego Amarante; María Virginia Miguel Carmona; Sergio Rocamora (un abogado cuyano que fue subsecretario de Seguridad de Mendoza), que bajó en la lista al igual que Gabriel Gonzalo Rey, defensor oficial. El juez federal Sebastián Casanello quedó en el puesto número 20 y Bertuzzi fue descendido hasta el número 21. Bajó también en el órden de mérito Ignacio Labadens, que estaba segundo y quedó 15, actual secretario de Cámara del Tribunal Oral Federal 1.

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